«No tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos», argumenta Pedro Sánchez.
RAÚL PIÑA|ÁNGELA MARTIALAY|EFE|El Mundo|Madrid|Martes, 21 enero 2020 – 16:03. La reforma del Código Penal será una de las iniciativas más importantes que, junto a la nueva ley de Educación, impulse el Gobierno. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos prevé una reforma del Código Penal para blindar que «sólo sí es sí» en cuanto a las relaciones sexuales, implantar un Plan Nacional contra la Corrupción o la derogación del artículo 315.3. Pero en esta reforma, desde el Ejecutivo se contempla una reforma del delito de sedición, en forma de rebaja, que afectaría a los líderes presos por el 1-O.
El Gobierno de Pedro Sánchez considera que España tiene «un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España», según expresó el presidente del Gobierno en una entrevista en TVE. «No tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos». Es decir, la visión del PSOE es que una vez que se abre el melón de la reforma, se aborde una revisión de la tipificación de delitos como el de sedición o el de rebelión. «Queremos un debate abierto con los grupos parlamentarios, no sólo en materia de tipificación de delitos que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña, sino con otros elementos que, por ejemplo, tienen que ver en materia de igualdad», ha expuesto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros.
El Tribunal Supremo condenó a los líderes del procés por sedición. Según el actual artículo 544 del Código Penal, «son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Las penas de prisión van de ocho a 10 años, y con la de 10 a 15 años si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD
Si la reforma del Código Penal que el Gobierno quiere impulsar en el Congreso abordarse una rebaja del delito de sedición, fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO explican que implicaría que se pudieran reducir las penas de los condenados por el 1-O debido al principio de retroactividad de la ley penal de forma favorable al reo.
A la hora de reformar las penas que conlleva el delito de sedición en el Código Penal se debería introducir una disposición adicional transitoria para que Oriol Junqueras y sus compañeros de banquillo se pudieran beneficiar de la misma pese a estar condenados en firme, explican fuentes jurídicas.
Ocurre que, por ahora, PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición, no han abordado este asunto. Su pacto de Gobierno no recoge expresamente la cuestión de la sedición, por lo que debe ser un asunto que negocien en el Consejo de Ministros, toda vez que fuentes gubernamentales señalan que puede haber posiciones distanciadas. Cabe recordar que los comunes, el sector catalán de Podemos, ha defendido la derogación del delito de sedición o, al menos, una reforma del Código Penal para evitar que los delitos de sedición y rebelión puedan llevar a la cárcel. Demandaban más «precisión».
Así, a día de hoy, el Gobierno no tiene una posición común, más allá del blindaje del «sólo sí es sí» en cuanto a las relaciones sexuales. Por tanto, su pacto de Gobierno no implica una posición conjunta de voto en cuanto al tema de la sedición. Es por ello que en la negociación que emprendan los dos socios, si no se llega a un acuerdo, la propuesta de reforma del Código Penal en cuanto a la sedición sería liderada por los partidos en el Congreso y no por el Ejecutivo. Esto es, el PSOE podría presentar una propuesta de ley y, si no están conformes, Unidas Podemos otra. Es un asunto que deben dirimir los dos socios.
Las fuentes consultadas señalan que las alternativas son varias. Y que todo depende del diálogo con otras fuerzas y de cómo se establezca la reforma. Se considera, por ejemplo, que un endurecimiento del delito de rebelión conllevaría una reducción del de sedición. Que sería un camino a transitar, toda vez que hay formaciones nacionalistas que no lo verían con malos ojos. Fuentes gubernamentales hacen hincapié en la necesidad de «dialogar» y «negociar» para lograr una mayoría.
«Con ese afán de suscitar consenso es como acudiremos a las reuniones», ha expuesto María Jesús Montero. «Que la reforma del Código Penal recoja de forma inequívoca aquellas formas penales adaptadas al día, que la ley aclare o declare determinados comportamientos delictivos, cuáles son las consecuencias. Vamos con un planteamiento abierto como Gobierno que no tiene la mayoría y necesita concitar todo tipo de acuerdos».
