Luis Ignacio|Noticias|Mar, 01/07/2020 – 08:32. De enero de 2017 a octubre de 2019, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental mantienen abiertos mil 850 expedientes por responsabilidades administrativas en el ejercicio de la función pública.
En conferencia de prensa, el contralor José Ángel Díaz Navarro dijo que de estos procedimientos iniciados, mil 152 han sido resueltos y se han impuesto mil 318 sanciones administrativas; además que 12 expedientes relevantes se han presentado en el Tribunal de Justicia Administrativa.
En el auditorio del palacio de gobierno, expresó que de 10 mil 847 declaraciones patrimoniales -ocurridas de enero a octubre del 2019-, se iniciaron 144 expedientes de revisión y se han concluido alrededor de 100 expedientes.
Respecto a las auditorías federales realizadas al ejercicio fiscal 2018, Díaz Navarro reconoció que muchos municipios presentaron problemas porque se les otorgaron recursos para ejecutar ellos mismos y, derivado del cambio de administración, cuando se pidió la información comprobatoria correspondiente, en una auditoría coordinada con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), faltó que se integrara esa información.
“En su momento y al primer corte de la ASF se habló de 400 millones de pesos, actualmente el importe es de 200 millones de pesos, pero se ha estado enviando la información a la auditoría; están a tiempo las autoridades municipales de enviar los documentos justificatorios, pero quienes no lo hagan se enfrentarán a dos cosas: primero, van a ser responsables en un tema administrativo por no presentar la información; y, dos, si no se tiene la documentación seguramente tendrán una sanción de inicio de tipo financiero, aunque también podría afectar a la misma autoridad municipal”.
Añadió que por esta razón la Secretaría de la Contraloría ha solicitado a las autoridades municipales actuales su colaboración, porque muchas veces es una cuestión de comunicación y coordinación con la autoridad saliente.
“Si no, no nada más va a afectar a quien en su momento ejerció el recursos y no justificó, porque muchas veces la inversión está ahí, pero no se ponen de acuerdo para proporcionar la información, sino también se afectarán los recursos del municipios porque se va a pedir el reintegro de este recurso a quien lo ejerció”.
Dijo que ellos ven que en su mayoría es un problema documental, de presentación de la información, y si no es así, se va a tener que hacer una investigación para saber qué pasó con el dinero.
“Ojo, lo que debe tomar en cuenta la autoridad municipal entrante es que si hubo una entrega-recepción y si el que salió le entregó esa documentación de manera física; si no la presentó por cualquier motivo, entonces el que va a tener que explicar cuáles fueron las razones por las que no presentó la información, pues es la autoridad actual”.
El funcionario estatal aseveró que se avanzó mucho en este ejercicio fiscal para reducir la falta de comprobación, tanto en el gobierno estatal como en los municipios.
“Muchas autoridades municipales se acercaron a la secretaría y se comenzó a generar la información para enviarla a la auditoría y se sigue trabajando, porque el objetivo es presentar el ciento por ciento de los comprobantes”.
