Diputados prevén “reducir los gastos onerosos e innecesarios” en el gobierno.
Redacción, F. Morales Y H. Molina/El Economista/28 de abril de 2019, 23:53. El dictamen de la ley de austeridad republicana del Estado propone redirigir los recursos de los fideicomisos que tiene el gobierno federal para obtener mayores ingresos.
La propuesta de Morena busca limitar el uso discrecional de los recursos que se concentran en los fideicomisos, los cuales acumulan alrededor de 800,000 millones de pesos, de acuerdo con la propuesta de dictamen.
Además, plantea establecer un monto máximo de dinero público permitido en los fideicomisos públicos constituidos para que ya no haya más abusos de los mismos.
“El monto no podrá ser mayor a 0.5% del presupuesto total asignado a cada uno de los entes públicos, en caso de que dicho porcentaje crezca por las actividades financieras propias de la operación del fideicomiso, el excedente deberá enterarse y entregarse a la Federación”, se expone en el dictamen.
Asimismo, se propone que los entes públicos de la Administración Pública Federal no constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.
Todos los fideicomisos existentes deberán ser constituidos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia llevará un registro público de cada fideicomiso.
Perfilan recortes y ajustes a todo el erario público
El gobierno federal estará obligado a ajustar más el gasto para la contratación de personal, la operación de sus dependencias y las prestaciones de servidores públicos.
De acuerdo con el proyecto de dictamen de ley de austeridad republicana que, se prevé, discutirán hoy los diputados, la contratación de asistentes personales, asesores y trabajadores por honorarios quedaría reducida a niveles mínimos, se eliminaría la asignación de chofer para todos los servidores públicos y se limitaría la contratación de servicios de consultoría de despachos externos.
Se elevaría a rango de ley la prohibición de contratar seguros de retiro, de gastos médicos y caja de ahorro con cargo al erario público, y de otorgar pensiones especiales de retiro para expresidentes de la República.
De acuerdo con el proyecto, la austeridad republicana “implica reducir los gastos onerosos e innecesarios”.
Flexibilizan normas de conducta; quitan sábados laborales
La ley de austeridad republicana contempla también un código de ética para los funcionarios públicos.
Sin embargo, se flexibilizaron las medidas contempladas en el proyecto original y se eliminó del documento la obligación de los funcionarios para trabajar de lunes a sábado y la prohibición de convivir en fiestas o comidas con contratistas, proveedores o inversionistas del gobierno.
Adicionalmente a estas disposiciones, el dictamen contempla ajustes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de conflicto de interés. Se introduce un candado para evitar el nepotismo y se prohíbe que los servidores públicos influyan para la contratación en el gobierno federal de parientes hasta en un cuarto grado.
Respecto de los salarios de los funcionarios públicos, el proyecto original también fue modificado y se eliminó la especificación para que ninguno pudiera tener percepciones más altas que el presidente de la República y solamente se establece que las remuneraciones serán “adecuadas y proporcionales” a sus responsabilidades.
Asimismo, se detalla que “por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado” a la burocracia.
La ley sobre austeridad republicana sólo aplicaría a funcionarios del Poder Ejecutivo, con lo que se dejarán intactas otras prerrogativas que tienen servidores públicos de otros poderes como los diputados, algunos de los cuales cuentan con choferes particulares con cargo al erario público.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), reiteró que el proyecto de ley es de observancia sólo para los funcionarios del Ejecutivo federal, a los cuales se les aplica excepciones.
En entrevista la legisladora del albiazul reconoció, a su vez, que muchas disposiciones que integran la ley de austeridad ya están vigentes en otras leyes.
Ante la pregunta sobre cuál es el estimado de lo que se podría ahorrar con la implementación de la ley, la legisladora del PAN aseveró que más que el ahorro, se pondrá énfasis en que se eficiente el gasto público y no haya sobreprecios.
Las medidas de austeridad
Las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados tienen listo el proyecto de ley de austeridad republicana que impulsaron los legisladores de Morena. Éstas son las nuevas reglas para el uso del gasto público:
Prestaciones. Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de retiro o de ahorro para los funcionarios públicos.
Burocracia. Elimina cargos duplicados e impide que se creen plazas adicionales a las ya contempladas en el presupuesto. Se reduce el número de asesores, consultores y personal por honorarios.
Bienes muebles e inmuebles. Limita el uso de las propiedades del gobierno y prohíbe la posibilidad de remodelación de oficinas sólo por cuestiones de estética.
Obras públicas. Establece límites en la adquisición y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, así como para la contratación de servicios y obra pública bajo principios de economía, eficiencia y funcionalidad.
Oficinas en el extranjero. Se eliminan todas las oficinas de las dependencias federales en otros países y mantienen sólo las que tengan que ver con seguridad y justicia. El resto de las funciones lo asumirán embajadas y consulados.
Expresidentes. Prohíbe otorgar pensiones de retiro a expresidentes, salvo las contempladas por el ISSSTE, y la asignación de cualquier oficina y personal administrativo y de seguridad con cargo al erario.
Fideicomisos. Regula la creación de fideicomisos por parte de las dependencias federales. Todos estos fondos tendrán que tener la autorización de la Secretaría de Hacienda.
Medios de transporte. Permite la compra y renta de vehículos sólo con un valor inferior a 367,000 pesos. En el caso de aviones y helicópteros, éstos podrán ser utilizados sólo para funciones de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea y protección civil.
Remuneraciones. Los funcionarios públicos no podrán recibir bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones o percepciones extraordinarias a su salario.
Conflicto de interés. Incluye candados para que los burócratas se separen de intereses económicos que afecten su función y para que no beneficien a parientes con contratos públicos.
