Especialistas y trabajadores alertan de un retroceso histórico por la desaparición de los órganos autónomos.
Daniel Flores|Reporte Indigo |17 de Ene, 2025. Para 2025, siete organismos autónomos dejarán de existir. Entre ellos se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que gestiona una plataforma de información pública con miles de millones de datos almacenados.
La lista también incluye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Todos ellos fueron liquidados tras la aprobación de la reforma constitucional aprobada el año pasado por ser presuntamente onerosos. Aunque, todavía no se tiene certeza sobre el proceso que se llevará a cabo para su desaparición y, en algunos casos, la adhesión de sus facultades a otras secretarías de Estado.
La reforma también contempla la desaparición de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, lo que ha generado un boquete en materia presupuestal.
Hasta ahora, miles de trabajadores de estos organismos desconocen si perderán sus empleos o si serán absorbidos por la administración federal, ya que todavía no se ha definido la ruta a seguir este año, conforme a lo establecido por la reforma constitucional que contempla la desaparición de estos entes.
La reestructuración de los autónomos contempla, en teoría, que algunos desaparezcan y otros sean absorbidos por dependencias gubernamentales, junto con las funciones que desempeñan actualmente, las cuales abarcan diversos sectores.
De acuerdo con el decreto publicado el 20 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), siete organismos iniciarán la transferencia de sus funciones a diversas instituciones gubernamentales.
Uno de los casos que más controversia ha generado es la decisión de adherir al INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Organismo que ha sido fundamental para destapar actos de corrupción en los últimos sexenios y que constituye una pieza clave para garantizar el acceso a la información de la ciudadanía en general.
Por ello, trabajadores del INAI han expresado su incertidumbre, ya que hasta el momento, no han sido notificados sobre si permanecerán en sus plazas de trabajo o, en el peor de los casos, si serán liquidados conforme a la ley.
Mientras tanto, la CRE y la CNH estarán de ahora en adelante bajo la jurisdicción de la Secretaría de Energía, lo que ha generado un debate debido a la falta de referencias claras sobre órganos reguladores en el país.
El resto de los autónomos seguirán una ruta similar. Mejoredu pasará a depender directamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se ha especificado que tendrá nuevas responsabilidades alineadas con las políticas educativas nacionales.
Por otro lado, si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) no desaparece sí asumirá un rol renovado en la gestión del acceso a la información pública y la protección de datos personales, enfocándose especialmente en su relación con los partidos políticos.
La certeza jurídica que se necesita ya
Para Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa, la reforma que extinguió a estos organismos autónomos fue confusa y agresiva.
En entrevista con Reporte Índigo, la especialista dijo que la medida que desmanteló a estos organismos fue bajo el argumento de configurarlos de una forma diferente, aunque no ha quedado claro la ruta a seguir.
Lilia Moreno detalló que en el dictamen de la reforma constitucional que se aprobó hace unos meses se afirmó que se respetarían sus funciones, asegurando que no desaparecerían, sino que únicamente se modificaría su configuración para un mejor uso de los recursos públicos.
Sin embargo, advirtió, que esto no sucedió pues inmediatamente se recortó el presupuesto de estos organismos autónomos, los cuales destinan la mayor parte de los recursos públicos que reciben a nómina, renta de los inmuebles que ocupan y en capacitaciones a su personal.
“Cuando se aprobó el presupuesto y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la extinción de los organismos, se les recortó hasta un 70 por ciento. Este ajuste consideraba que tendrían un periodo para cumplir con sus funciones y transferir sus responsabilidades a los nuevos órganos, pero no hay claridad y el mensaje es otro”, precisó.
Una transición con el camino empedrado
Con un proceso de desaparición en puerta, el Gobierno federal asestó otro golpe a los órganos autónomos en materia de presupuesto. Decisión que afectó directamente a quienes dependen de recursos del Estado para su desarrollo y funcionamiento.
Para este año, el Congreso de la Unión recortó el presupuesto asignado a las instituciones que todavía tienen investigaciones en curso, como es el caso de la Cofece.
Esta entidad informó a inicios de 2025 que actualmente analiza más de 150 operaciones de fusiones, las cuales representan cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que hizo un llamado al gobierno federal a garantizar este proceso de transición con recursos suficientes y el tiempo necesario.
En particular, la Cámara de Diputados aprobó para la Comisión Federal de Competencia Económica un presupuesto equivalente a apenas una tercera parte del monto originalmente solicitado. Es decir, cerca de 200 millones de pesos,
Para el caso del INAI, los legisladores rasuraron aún más los recursos destinados para este instituto, al cual le destinaron 499 millones 990 mil 582 pesos para el ejercicio fiscal de este año.
Organizaciones civiles y otros sectores han expresado su preocupación sobre esta institución en específico debido a que opera la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que a su vez almacena datos sobre recursos públicos, procesos de contratación y decisiones administrativas del gobierno, así como proceso de compras públicas y sueldos de los funcionarios.
Transparencia corre alto riesgo
El Congreso de la Unión tiene hasta el próximo 19 de febrero para definir las adecuaciones necesarias relacionadas con la administración de los archivos de este instituto, además del futuro y mantenimiento de la PNT que cuenta con más de 15 mil millones de datos públicos y privados.
De acuerdo con el Calendario de Presupuestos Autorizados para el ejercicio fiscal del 2025 publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tendrá estos meses 500 millones de pesos.
Un monto significativamente inferior al solicitado por este organismo el año pasado, que fue de mil 600 millones de pesos, al igual que el de otras instituciones que también están en riesgo de desaparecer.
¿En peligro plazas de miles de trabajadores?
Ante la extinción de estos institutos, la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados planteó la necesidad de diseñar un marco jurídico que proteja los derechos adquiridos de los trabajadores afectados por la reforma constitucional.
El diputado federal, Héctor Saúl Téllez aseguró que es prioritario preservar la antigüedad, los salarios y las prestaciones sociales mediante leyes secundarias, garantizando una transición justa para más de cuatro mil empleados de los siete organismos que desaparecerán.
Según el panista, es de suma importancia establecer un esquema de liquidaciones acorde con la ley, el cual considere los años de servicio y el nivel de especialización de los trabajadores, pues de lo contrario, se violaría derechos laborales.
Servidores públicos temen que, en los próximos meses, se inicie un despido masivo sin derecho a liquidaciones. Foto: Especial
“El Estado debe comprometerse a diseñar un marco legal, financiero y social que priorice la protección de sus derechos laborales, reconozca su aporte histórico y ofrezca opciones viables para su reintegración tanto laboral como personal”, señaló.
Téllez advirtió que ignorar estos aspectos no solo intensifica el impacto social, sino que también significa un desperdicio de la inversión pública en capital humano altamente especializado.
Las confusiones
Si bien el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional que plantea la extinción de estos organismos establece que se respetarán los derechos laborales de los funcionarios de estos entes, no hay claridad sobre estas plazas de trabajo.
De acuerdo con el texto constitucional, los recursos humanos que se encuentren adscritos a estas instituciones que están a punto de extinguirse pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.
A pesar de ello, servidores públicos de dichos organismos temen que, en los próximos meses, se inicie un despido masivo sin derecho a liquidaciones. En varios de estos casos, los trabajadores argumentan que llevan más de diez años laborando en estos organismos.
Al respecto, la Secretaría de Economía dio a conocer al inicio de este año la creación de “mesas temáticas” para determinar el destino de 14 mil millones de archivos bajo resguardo.
No obstante, la dependencia federal no se comprometió a garantizar la continuidad de miles de trabajadores que se encuentran actualmente en este organismo, esto a pesar de las declaraciones hechas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que no habría despidos por esta decisión.
