* La iniciativa incluye medidas que garanticen créditos accesibles, apoyos directos y programas para su adquisición, mejora y adaptación. * La vivienda es un espacio esencial para el bienestar de las personas.
San Raymundo Jalpan, Oax., a 09 de diciembre de 2024.- La diputada del Grupo Parlamentario Plural, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, presentó al Congreso de Oaxaca una iniciativa por la que se reforman las fracciones I y VIII del artículo 9 y se adiciona la fracción XI del artículo 15 de la Ley de para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, en materia de derecho a la vivienda digna, decorosa, segura y amigable para esta población.
Asimismo, este proyecto también conlleva que, a través de las dependencias y entes públicos estatales se implementen programas para la obtención de créditos accesibles y apoyos directos para adquirir una casa propia, mejoramientos, remodelación y adaptación en caso de contar con la misma.
La legisladora destacó la importancia de asegurar condiciones habitacionales que permitan a las personas mayores de 60 años vivir con independencia, seguridad y autonomía, debido a que factores propios de su ambiente doméstico y comunitario hacen que este grupo tenga una condición de vulnerabilidad, discriminación y marginación.
Por ello puntualizó que es necesario ampliar el catálogo de derechos fundamentales reconocidos por este sector, siendo el de la vivienda uno de los más importantes, el cual debe cumplir con calidad, buena ubicación, servicios básicos, seguridad en su tenencia, que se encuentre adaptada a sus necesidades y condiciones, fomente la independencia, participación social y mejore la calidad de vida en la etapa de la vejez.
Mencionó que los esfuerzos de impulsar esta iniciativa van de la mano con las políticas públicas que se llevan a cabo desde el Gobierno Federal, como el recién anunciado programa Viviendas para el Bienestar del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el cual se prevé que para el 2025 se otorguen 6.2 millones de créditos y se construyan un millón de casas en todo el país.
El proyecto fue turnado a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación correspondiente.
