A pesar de que se ha buscado concentrar los procesos electorales en una misma fecha, la elección de los integrantes del Poder Judicial cambiará todo.
Carlos Montesinos| Reporte Indigo |15 de Oct, 2024. La elección de jueces, magistrados y ministros que contempla la reforma al Poder Judicial significa, entre otras cosas, una modificación al calendario electoral que se venía consolidando hasta el sexenio pasado. Sumando también los primeros visos de partidización entre quienes han alzado la mano para contender por estos cargos.
La primera mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se perfilaba como una sin mayores cambios desde el ámbito electoral pues no habría comicios de suma relevancia nacional hasta los intermedios de 2027. Pero la reforma judicial cambió esa perspectiva.
El Senado de la República lanzará hoy martes la convocatoria para participar en la elección de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados regionales del Tribunal Electoral y a 350 jueces de distrito y magistrados de circuito. Mientras que en la Cámara de Diputados avanzaron las leyes secundarias que envió Sheinbaum para reglamentar el proceso.
Sobre el panorama electoral para el sexenio, el doctor David Morales González, director de posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, comenta a Reporte índigo que México entra a una nueva etapa de procesos, en este caso electivos, que comienza marcada por la prisa para realizar la elección de 2025.
“Viene a disminuir, creo yo, la calidad en cuanto al material electoral, la organización electoral, la documentación electoral, la participación de los ciudadanos”, señala sobre la premura con que se realizan los preparativos para el año entrante, lo que incrementa aún más el reto operativo que deberá resolver el Instituto Nacional Electoral (INE).
Además de opinar que “estamos en una especie de regresión, de diseñar nuevas reglas que aparentemente ayudarán a la democracia”. Esto por el marcado interés tanto del Gobierno en turno como del que acaba de concluir que llevan a que estas nuevas reglamentaciones se alejen de la calidad democrática esperada.
En contraste, el doctor Javier Santiago Castillo, consejero electoral del INE entre 2014 y 2017, puntualiza que, si bien el proceso electoral del Poder Judicial llega no solo con un reto significativo, sino también con la polémica entre quienes lo promueven y quienes se le opone, la realidad es que terminará por realizarse.
“Hay una premisa también: el Poder Judicial sí requería una revisión, pero esto no necesariamente es que se coincida en la forma en que se va a resolver el asunto. Hay diferencias políticas al respecto, pero hay una mayoría que ya definió y pues va a suceder”, comenta el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Con el proceso prácticamente en marcha, también es de la opinión que “la transformación del Poder Judicial es más profunda y sigue pendiente el tema de los ministerios públicos, las fiscalías, es otro para el tema de la justicia, y las policías empezando por las municipales, las estatales, la Guardia Nacional”.
El complejo 2027, elecciones intermedias y de juzgadores
La elección del próximo año será sólo la primera etapa de la reforma, pues en 2027 se elegirán otros 361 juzgadores, coincidiendo con los comicios por la cámara baja del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas y prácticamente todas las legislaturas estatales del país. Lo que incrementa la complejidad que enfrentarán las autoridades electorales.
A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto aumentaron los esfuerzos para que las elecciones locales se empataran con las federales. Varios estados vivieron “minigubernaturas” hasta el 2021, cuando se disputó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y congresos locales en prácticamente todas las entidades del país. Con una situación similar en 2024.
La saturación del calendario electoral será única del sexenio de Sheinbaum pues la misma reforma, en su segundo transitorio, plantea un esquema para que las elecciones judiciales queden empatadas con los comicios federales a partir de 2033 y la renovación de la mitad de la Suprema Corte se celebre a la par de la de la Presidencia y el Congreso en 2036.
Así, el 2027 aparece como el año del gran reto en materia electoral para México. Pues, además de los tres mil 296 cargos a renovarse entre la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas. 31 congresos estatales y ayuntamientos de 30 estados, también se elegirá al Tribunal Electoral y a otros 361 jueces y magistrados a nivel federal.
Por ello, el doctor Santiago Castillo advierte que, si bien ayuda a las autoridades electorales que el proceso sea parcial, “en el 27 la elección va a ser más compleja porque, además, va a tener que atender los distritos de carácter electoral y luego los distritos judiciales”. Siendo que la distritación electoral y judicial son distintas a lo largo del país.
“El problema ahí es cómo se van a organizar las casillas para la votación y hay un pequeño problema a resolver: en el caso de los jueces, no participan los partidos políticos. Entonces, la votación de los jueces no podrá instalarse en la misma casilla en que se vaya a realizar la votación constitucional del Poder Legislativo”, ahonda sobre la situación.
La dificultad no es sólo para el INE, como menciona el doctor Morales Gonzáles, pues al reto de organizar las elecciones se le debe sumar también “todo los procedimientos que deriven de ellos en cuanto al sistema de medios de impugnación” y que deberán ser resueltos por el Tribunal Electoral, que también estará en juego en el proceso.
“Estamos hablando de un reto institucional no sé si sea viable todavía o que pueda ser operable al 100 por ciento. Lo que sí yo podría adelantarme un poco es que baja la calidad, baja la transparencia y por lo tanto pone el riesgo en su ámbito democrático”, añade el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Nuevas elecciones, los mismos políticos de siempre
Los nueve puestos de la nueva y reducida Suprema Corte de Justicia de la Nación serán la joya de la corona para la elección judicial del 2025. Por lo que no es de extrañar que comiencen los destapes por parte de algunos interesados, pero sí se debe destacar la incursión de perfiles vinculados a partidos o gobiernos anteriores.
Mientras el debate se concentraba en la polémica “tómbola”, Roberto Gil Zuarth, exsenador y exdiputado federal por el Partido Acción Nacional, así como secretario particular de Felipe Calderón durante su mandato, levantó la mano para participar por un puesto en el máximo tribunal bajo el argumento de que “hay que luchar”.
Por otro lado, figuras y medios afines a Morena han comenzado una campaña en redes sociales para señalar a Hamlet Almaguer como el perfil idóneo para llegar a la Suprema Corte. Aunque reconoció su interés por el cargo, él mismo reconoce que está impedido legalmente para participar pues fue diputado federal hasta agosto pasado.
A pesar de que el Poder Judicial es independiente, es casi imposible que políticos partidistas no vayan a buscar un puesto por elección. Foto: Especial
El doctor Javier Santiago Castillo, de la UAM Iztapalapa, plantea que “si va a haber una elección, así sea de los jueces, no puede dejar de ser de carácter político”. Si bien hace hincapié en que, cuando menos para el proceso que compete a los juzgadores federales, los partidos políticos están impedidos para participar abiertamente en la contienda.
“Creo que es natural que los políticos decidan participar en el proceso de elección judicial, los que cumplen con los requisitos, porque lo están viendo como una posibilidad más en su carrera política”, dice. Siendo que, cuando menos Gil Zuarth, estaría en condiciones legales de contender para ser ministro de la Suprema Corte.
El doctor David Morales González, de la FES Acatlán, difiere de esta perspectiva al argumentar que “se trata de procesos de naturaleza distinta, uno es político y el otro no es político, se supone que el Poder Judicial debería tener otras características más allá de una elección tradicional por lucha o competencia por el poder”.
De esta forma vuelve a poner el dedo sobre la magnitud del reto que tendrán las autoridades electorales pues “es prácticamente complicado evitar que los actores políticos, empezando por el Ejecutivo federal, no intervengan. Que no intervenga la oposición, que no intervengan los partidos haciendo propuestas”.
También cuestiona si estamos ante un proceso plenamente electoral para determinar técnicos que impartirán justicia e interpretarán la Constitución, o sí “seguiremos en nuestra misma tradición de seleccionar a nuestros gobernantes para que tomen decisiones por nosotros y que son los partidos políticos los que presentan estos candidatos”.
Consultas populares, los antecedentes de la ciudadanía
Un ejemplo de este factor partidista son los mecanismos de consulta popular y de revocación de mandato, surgidos de reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuyos primeros ejercicios se realizaron en la segunda mitad de su sexenio. Coincidiendo con la elección de seis de ocho gubernaturas que no se alinearon con el calendario federal.
Debido a que la ley electoral vigente mandata que los tres procesos no coincidan, apenas dos meses después de la masiva elección intermedia de 2021 se realizó la consulta popular a petición de López Obrador. Ocho meses más tarde, a inicios de 2022, también se llevó a cabo la primera consulta de revocación de mandato al Ejecutivo federal.
Estas dinámicas, que a falta de una reforma electoral podrían repetirse hasta 2027 y 2028, también estuvieron marcadas por la confrontación política entre el oficialismo y la oposición. Si bien los resultados fueron favorables para López Obrador, la participación ciudadana fue sólo de 7.11 por ciento en la consulta popular y de 17.77 por ciento en la de revocación de mandato.
Otros ejercicios como la revocación de mandato o consultas populares también son ‘secuestrados’ por la política e intereses partidistas. Foto: Especial
Al igual que plantea distinciones entre las elecciones tradicionales y las del Poder Judicial, Morales González insiste en que “los modelos tanto de revocación de mandato como consulta ciudadana deberían pertenecer a otro grupo que son de participación ciudadana, mecanismos de democracia participativa”.
Siendo que la reforma no estipula directamente un mínimo de participación, también pondera que “operar y entablar esta elección de los jueces y magistrados le interesa mucho, en este caso, a la Presidenta y al proyecto de origen del expresidente López Obrador para que tenga los resultados deseados. Es decir, que sí se elija por el porcentaje que sea”.
Con este nuevo panorama en puerta, el doctor en Estudios Socioeconómicos considera que “los mexicanos no hemos entendido, y por eso no participamos en esos procesos, bien a bien cuál es su naturaleza. Es decir, planteamos muchos mecanismos pero no estamos todavía preparados para ellos”.
