Gustavo Castillo y César Arellano | Foto Cristina Rodríguez / Archivo |La Jornada |10 de octubre de 2024 07:22. El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avaló de facto la reforma al Poder Judicial, ya que por cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Sergio Javier Molina Martínez, se acordó enviar las listas de plazas disponibles de jueces y magistrados para la elección por voto popular para 2025.
Esta trascendental decisión se tomó en una sesión que duró unas siete horas y en la que la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez votaron en contra de entregar la información.
Fuentes del CJF informaron que la lista incluye las plazas disponibles de jueces y magistrados para el primero de junio de 2025. Detalla que se encuentran vacantes 132, además de aquellos casos en los que se tramite la jubilación anticipada o por contar con 60 años o más.
La sesión realizada ayer resultó determinante para el desarrollo de la reforma, ya que además de aprobarse el trámite establecido en la modificación constitucional que cambia la forma de designación de impartidores de justicia, también se posibilita que en el proceso electoral que prepara el INE se desarrolle la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la información obtenida, durante la sesión del pleno, el consejero Javier Molina, a pesar de haber votado a favor de la entrega de la información, informó que ésta se enviara al Senado como documento de trabajo, lo cual fue considerado por integrantes del CJF como la información necesaria para continuar el proceso de transformación del Judicial, que también contempla la desaparición del propio Consejo y la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina.
Durante los debates, se señaló que con esta determinación se violan las suspensiones otorgadas por dos juzgados de distrito.
Sin embargo, los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Verónica de Gyvés defendieron que lo establecido en la Constitución debe cumplirse y ello no está sujeto a la interpretación ilegal.
Ayer, también se aprobó la lista de respuestas a los planteamientos del pliego petitorio de los trabajadores inconformes. Entre lo acordado de manera unánime está que se debe retornar a laborar, y de manera gradual, desahogar el trabajo acumulado durante 47 días de paro.
