Ante la amenaza de desaparición, el comisionado presidente del INAI, revela que buscarán platicar con Claudia Sheinbaum para evitar su extinción.
Linaloe R. Flores y Rubén Arizmendi| Reporte Indigo | 20 de Sep, 2024. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se jugará una última carta ante la posibilidad de su extinción. Los cuatro comisionados del órgano autónomo que durante 22 años ha tutelado el acceso a la información y la protección de datos personales cuentan con un plan de simplificación administrativa para presentarle a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los legisladores de Morena.
En entrevista con Reporte Índigo, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto, expuso que esta propuesta implica ahorro, pero privilegia la preservación de la autonomía que ha tenido el INAI durante su historia en la vida pública. Sus líneas esenciales están en el sentido de las reglas de austeridad marcadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las ofrecidas en campaña por la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
Se trata de un escenario en el que se entablaría un diálogo para cuya viabilidad hay un elemento que brinda optimismo, de acuerdo con Alcalá Méndez. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, se manifestó a favor de que la iniciativa presidencial para la desaparición de siete órganos autónomos “vaya a otro ritmo” y se encuentren consensos, el martes pasado, en la Cámara de Diputados.
El líder de la bancada guinda –que forma mayoría de 73 por ciento de las curules con sus aliados de los partidos del Trabajo y del Verde Ecologista de México– respondió a una pregunta hecha exprofesso.
“No, no estamos ahorita viéndolo, lo de los órganos autónomos. Vamos a medir, vamos a imprimirle un ritmo a la Cámara para lograr acuerdos y consensos. No está pausada, pero para las próximas semanas no está contemplada”.
Alcalá Méndez, en la entrevista con este medio, exclamó al respecto: “Tomamos la palabra respetuosamente para poder ser incorporados a este diálogo y poder platicar sobre la nueva modernización de la institución respetando y privilegiando los derechos de acceso a la información de protección de datos personales, por supuesto la progresividad de los derechos en un esquema de garantía de autonomía”.
Pero el camino aún no es, por completo, transitable. El comisionado presidente aclaró que para iniciar el diálogo no ha recibido ningún mensaje formal de parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, como tampoco de quienes ocuparán las posiciones principales de la Secretaría de la Función Pública –dependencia a la que pasarían las funciones del INAI– ni de la de Gobernación.
Por lo pronto, el plan está listo. El comisionado presidente del INAI, cuya experiencia de la defensa del acceso a la información se inició en el órgano de transparencia de Baja California, el estado donde nació, refrendó: “Sería el arranque o el piso a partir del cual podemos dialogar”.
Un retroceso de 10 años, el principal riesgo
Cuando faltan diez días para el cambio de administración federal, el INAI pervive con los mismos riesgos que emergieron el pasado 5 de febrero, cuando el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de reformas administrativas al Congreso que incluyó una iniciativa para desaparecer siete órganos autónomos. De la lista, el INAI fue el que permaneció más en la mira del Ejecutivo. Desde el 8 de enero de 2021 el presidente expresó su intención de extinguirlo, lo que no ocurrió con otros órganos autónomos.
Adrián Alcalá Méndez precisó que en caso de que se genere un diálogo, el INAI se propone oponerse a la fragmentación de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como está planteado en la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo. Exclamó que “lo que está en riesgo es una falta de garantía robusta como actualmente se tiene en todo el territorio nacional. Sería un retroceso de 10 años. Un retroceso desde la reforma constitucional de 2014 (fue cuando se expidió la Ley General de Transparencia que ordenó homologar el acceso a la información en el país)”.
“La iniciativa –según las palabras del comisionado que fue elegido el 10 de diciembre de 2023– establece que respecto a los partidos políticos será el INE la autoridad competente… En cambio, para los sindicatos será el Centro Federal de Conciliación. Para los otros órganos autónomos de los poderes, serán sus propios órganos internos de control. En cuanto a la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada será la Secretaría de la Función Pública”.
Y entonces, alertó: “Esto, ¿a dónde nos llevaría? Nos llevaría precisamente a una heterogeneidad en cuanto a la forma en que se van a garantizar los derechos. Cada quien podrá fijar sus reglas a pesar de que exista una ley general como lo mandata la propia iniciativa”.
Para el comisionado de la transparencia mexicana, a quien le tocó lidiar con el fantasma de la desaparición y los días críticos que transcurren, el INAI se consolidó como un mecanismo, a partir del cual, los ciudadanos pudieron transformar su entorno particular. Pero, también, tiene una autocrítica.
“Nos ha faltado socializar más que a través del uso estratégico de la información, la gente transforma su entorno. Más particularmente su entorno comunitario. (Falta) socializar que estamos contribuyendo con la transformación a través de la justicia y consolidando la justicia social”, reconoció.
“(Hay personas) que han tenido la necesidad de acudir a una instancia como el IMSS o el ISSSTE para pedir su expediente clínico. Han recibido un portazo. Entonces han acudido al INAI. Nosotros, en miles de casos, hemos ordenado que se entreguen de manera irrestricta porque el expediente es de los particulares”, expuso.
De cara al futuro cercano, el presidente del órgano de la transparencia mexicana, puso énfasis en lo que ahora se concentra el Instituto. En resumen, hay un plan de austeridad y de reorganización institucional. Y el trabajo, ahora mismo, es encontrar “el mejor camino para trazar” rumbo a la modernización del Instituto.
El plan de resistencia del INAI
El 5 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas administrativas que, según su presentación, busca regresar el espíritu social a la Constitución de 1917.
La reforma judicial, incluida en esta serie de iniciativas, fue aprobada y promulgada el pasado domingo 15 de septiembre cuando faltaban horas para el Grito de Independencia. En lo que falta por discutir del paquete se encuentra la que ordenaría la desaparición de siete órganos autónomos y 17 organismos descentralizados. Se trata de entidades que empezaron a formarse en los años noventa del siglo pasado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El presidente López Obrador –el primero emanado de una fuerza política de izquierda– los señaló en varias conferencias “mañaneras” como onerosos e innecesarios.
Del grupo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recorrió una ruta de resistencia dado que las acciones encaminadas a su extinción se iniciaron antes del envío de la iniciativa. Los últimos años, para el órgano formado en 2002, estuvieron marcados por el debilitamiento que incluso llevó a la inoperancia. Hay fechas que fueron determinantes.
La posibilidad de la desaparición ensombreció al órgano de la transparencia antes de que el Ejecutivo enviara la iniciativa en la que propone su incorporación a la Secretaría de la Función Pública. Foto: Especial
El 8 de enero de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó por primera vez su deseo de incorporarlo a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, dijo en su conferencia mañanera.
Al final, en la iniciativa, la incorporación a la SFP fue el cambio fundamental que el presidente propuso para el INAI.
Dos años después –el 15 de marzo de 2023– el mandatario vetó los nombramientos de dos comisionados con el argumento de que el proceso para la selección careció de transparencia. Además, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del INAI, concluyó su encargo por esos días. Esas circunstancias dejaron al Instituto con sólo cuatro de los siete comisionados que por ley debe tener.
La falta de comisionados hizo que el organismo cayera en un periodo de inoperancia que duró del 1 de abril al 30 de agosto de 2023. El organismo pudo sobreponerse debido a una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que ordenó que el Instituto sesionara con cuatro comisionados mientras el Senado no nombrara a los integrantes que faltaban.
El 10 de diciembre de ese mismo año, en sesión extraordinaria, Adrián Alcalá Méndez fue elegido presidente del Instituto para el periodo 2023-2026. Antes de la votación, en su exposición de motivos de su candidatura, el comisionado sostuvo que trabajaría en la defensa del órgano garante del acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Reforma judicial y desaparición de autónomos, una ‘receta tóxica’
Difícilmente el oficialismo en el Senado aceptará el diálogo para analizar a profundidad la iniciativa presidencial para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseguran senadores de oposición.
Aunque hasta el momento no hay fecha para elaborar el dictamen en la Cámara de Diputados (Cámara de origen) las bancadas del PAN y del PRI en el Senado de la República (Cámara revisora) aseguran que buscarán a Morena y sus aliados legislativos del PT y PVEM para evitar su extinción.
El tricolor y el blanquiazul acusan que la intención en el caso de la desaparición de INAI, es evitar que se investigue el “rastro de la gran corrupción” del Gobierno federal.
La legisladora Claudia Anaya asegura que de materializarse la desaparición de siete órganos autónomos, aunado a la reforma judicial, sería catastrófico para el país. Foto: Especial
Claudia Anaya, integrante de la bancada del PRI considera que sin un Poder Judicial autónomo independiente y soberano, añadirle como ingrediente adicional la extinción de los órganos autónomos, puede ser una “receta tóxica” para un país que debiera generar condiciones de certeza para la inversión y desarrollo económico.
Refiere que la protección de los datos personales es considerada un derecho humano y es fundamental que un organismo autónomo tutele esa salvaguarda para evitar el mal uso de los mismos.
“Adicional y como un pilar fundamental de la democracia, es el derecho a contar con un acceso real y oportuno de la información que garantiza la información pública y salvaguarda los datos personales, acciones que al oficialismo no le interesan”.
La senadora alerta que, ante la falta de diálogo con Morena y sus aliados, pudiera haber afectaciones, además de que el dictamen de extinción de los organismos autónomos en sus términos actuales es inviable.
“Detrás de esta reforma se encuentra la urgencia en Palacio Nacional de ocultar los rastros de la corrupción del sexenio que termina”, concluye.
