21 agosto, 2024|Texto; Daniela Pastrana| Fotos: Duilio Rodríguez| Pie de Página| CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de la medianoche de este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados del Poder Juidicial inician un paro indefinido de labores en protesta por la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las juzgadoras y juzgadores federales emitieron este martes la declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El lunes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito informó de la decisión de ir a la huelga tras una votación en la que mil 202 jueces votaron a favor y solo 201 votaron en contra.
La reforma plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, la creación de dos nuevos órganos de control y fiscalización del poder judicial y la obligatoriedad de ajustar los salarios más altos al tope establecido en la Constitución.
En una amplia entrevista concedida a Pie de Página la ministra Lenia Batres, quien ha sido activa promotora de la reforma, repasa la historia y desmenuza las estructuras de un poder judicial que se niega a cambiar.
La justicia, la Corte y el poder contramayoritario
—¿Qué es la justicia?
—Es un concepto ético fundamentalmente. Una valoración común, que puede significar varias cosas. Hay muchos conceptos clásicos que suelen ser variaciones de esa idea de ‘dar a cada quien lo que le corresponda’. A mí me gusta más una idea, que creo que es muy instintiva, de que lo justo es fundamentalmente la protección del más débil.
Ese instinto de protección es valiosísimo, no se educa, y hay que conservarlo a pesar de la formación en derecho, porque a veces se desnaturaliza uno mucho, en términos de que nos forman en lo que se supone debería parecer justo.
Por eso reivindico mucho esa idea de ayudar al desvalido. Es una idea de justicia muy básica. Y creo que los cuerpos de justicia deberían también reivindicarla. Si sopesaran y le dieran mucho valor a que se emitieran criterios que coadyuvan a generar, por ejemplo condiciones de aplicabilidad del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, en lugar de tener tantos criterios que asumen condiciones de más privilegio para los ya privilegiados, los cuerpos de Justicia impartirían algo más parecido a la justicia.
—¿En qué momento esa idea de lo justo se nos fue perdiendo del sistema de justicia? ¿Cómo llegamos al punto en el que estamos?
— Tiene que ver con el propio surgimiento de los poderes judiciales en América Latina, sobre todo, que tienen una raíz común a partir de las independencias nacionales. Nuestro modelo presidencialista viene del liberalismo estadounidense. Copiamos esos modelos y, llevamos dos siglos sin haberlo adaptado a ninguna condición más moderna, más popular, o más democrática.
Veníamos de regímenes de transición entre la independencia de la colonia española a nuevos regímenes, que en su origen no fueron democráticos, y ahí surgen los poderes judiciales muy aristocráticos, muy resguardantes de la condición de ese momento, que era de distribución de riquezas, fundamentalmente representadas por medio de apoderamientos de tierras y reconocimientos de esos apoderamientos. Y ese Poder Judicial tiene unas características muy peculiares, muy estilo terrateniente, muy ligado a esa idea de la propiedad territorial, que además era una necesidad también para las nuevas burguesías nacientes que se pudieran resguardar, algunos derechos, principalmente el de la propiedad privada que iba surgiendo.
Además, vivimos permanentemente esa contradicción: una gran herencia europea que proviene de España y nuestro sistema codificado de derecho le llamamos Romano Germánico que es el sistema escrito, mientras que al mismo tiempo copiamos muchísimo del diseño institucional estadounidense. Entonces vivimos dos fuerzas que hasta la fecha siguen siendo de influencia muy fuerte en nuestro en nuestro ámbito jurídico. Y en medio de esas fuerzas, una Corte decimonónica que no sale del siglo 19 y no termina de querer ser democrática. O querer ser el tribunal de servidores públicos que imparten justicia en un sistema democrático.
Al ámbito grandilocuente del derecho, de por sí soberbio, le sumamos toda esta grandilocuencia jurisdiccional. Y termina alejándose mucho de la vida cotidiana, de una idea de justicia muy elemental.
—¿Por qué ha sido tan difícil que esos cambios que sí ha habido en otros poderes lleguen al Poder Judicial?
— En parte porque no se han ni siquiera cuestionado esos principios del liberalismo del siglo 19 que siguen siendo la base jurídica del Poder Judicial. Los propios estudiantes en las facultades de Derecho repiten que “el Poder Judicial no es un poder democrático, es contramayoritario, funciona bajo el principio de ingratitud”, que implica que va a resolver en contra de la gente.
Hay una idea de que su naturaleza es antidemocrática. Eso dicen los libros. No es un sentimiento neoliberal de los 90. Eso se viene enseñando desde hace dos siglos y hay esa convicción de que el derecho y el ejercicio de los abogados y de los jueces es contramayoritario. O sea, va inherentemente en contra de las mayorías. ¿Por qué? La respuesta es que siempre va a haber alguien en contra de lo que un juez resuelve. Y no necesariamente. La gente no es tan obcecada como para exigir cosas absurdas, y en realidad, sabemos muchas veces, que si se resuelve incluso en contra de uno, pero es una sentencia justa, muchas personas la asumen. El tema es qué legitimidad tiene la norma que se aplica y qué legitimidad tiene el juez que la práctica. Esos son elementos fundamentales para que se asuma una resolución que incluso tenga que ver con el sentido común, la lógica y estas ideas mínimas de justicia.
Pero cuando vemos a un juez resolviendo la condonación de impuestos de un millonario, pues no pensamos que hay sentido común. Lo que pensamos es que no se está impartiendo justicia. O que hay una norma absurda o que hay un juez absurdo.
O en casos como el juez que quería que una niña acreditara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su abuso. Si no lo estuvieran grabando el hombre sostendría su sentencia contramayoritaria y diría: “las mayorías no entienden nada, no saben de Derecho”. ¡No! No saben de cosas absurdas que pueden o no ser antijurídicas, pero son obviamente contra un sentido común de justicia.
Entonces, no es cierto que el derecho o la actuación del juez sea, per se, contramayoritario. Hay quienes empeñan en hacerlo contramayoritario violentando la normativa o la conducta básica de ética que debe tener una persona juzgadora. Eso es distinto.
Y es muy importante que las resoluciones sean democráticas. Dicen algunos jueces, “es que quieren someter a votación mis sentencias”. No nadie quiere someter a votación nada más que tu nombramiento para que se le explique a la gente qué es lo que has hecho. ‘Es que yo no tengo por qué explicar’ dicen. Porque además supone que son tan complicadas, es tan intrincado el tema jurídico, que nadie más que los abogados son capaces de entenderlo.
Entonces sí se puede transparentar mucho el quehacer de los jueces y creo que es la posibilidad de la rendición de cuentas es algo muy básico en un sistema democrático.
El escalafón
— En 2018 hay un movimiento popular que plantea una de una transformación y que implica al poder judicial, que se ha convertido también como suprapoder. Pero parece que esta reforma es un agravio personal a los ministros
— Se le dio tanto simbolismo a esta Corte, como cúspide de los abogados del país y de una idea de justicia sin justicia, muy ligada, en mucho tiempo, al positivismo mexicano, a ‘la ley es la ley, diga lo que diga’, aunque sea inhumana, injusta, e improcedente. Ahora quieren virar hacia el lado contrario en la teoría jurídica, pero no se ponen en duda las principales bases de ese simbolismo del propio Poder Judicial de origen aristocrático, meritocrático. Entonces hay quienes lo asumen como como un tema personal, no solamente los ministros y los jueces y magistrados, sino quienes han tenido entre su expectativa llegar a ser jueces magistrados o ministros. Porque se entiende que es un escalafón.
Se asciende a otro grado, y a otro y a otro. Y termina siendo el gran reconocimiento de una personalidad. No importa que no sepa brindar un servicio, emita sentencias complicadas o tardías o preferentistas o injustas, es el gran reconocimiento a la carrera personal, a través del mérito. Esta frase de: ‘yo vengo de abajo’ no significa mayor conciencia social si no se traduce en una idea de procuración de condiciones de mejoría de vida de las personas. Podrás venir de muy abajo, pero no cambiamos nada.
El tema de los que dicen que vienen de abajo y se vuelven aristócratas es que a veces se sienten más aristócratas o con más derecho a serlo. Porque, además, a muchos de los que tienen privilegios les molesta que otros tengan derechos o lleguen a tener los mismos derechos que ellos porque entonces deja de ser privilegio y esa cúspide en la que se sentían se relativiza. Esta idea del privilegio lleva inherentemente una idea de superioridad. Entonces, el tema es cómo ser superior a los demás no es como vivir mejor o cómo ayudar o cómo procurar, un servicio público.
En la mayor parte de las personas que buscan esta carrera, el centro es su persona. Es su mérito. Es su esfuerzo. Es su logro. Llegaron a la cúspide ¿y? ¿Eso en qué nos ayuda a la justicia? ¿En qué gotea abajo? ¿Por qué nos interesa mantener salarios de 590 mil pesos para adorar a alguien que logró llegar hasta allá? Eso no tiene ningún sentido. Esa aristocracia se vuelve muy frágil y se cae por su propio peso cuando uno mira su utilidad. No tiene utilidad, es cara, es fanfarrona. Es hueca.
¿Por qué tiene que haber personas que brindan pocos servicios e impiden que se puedan hacer otras cosas, como ocupar esos recursos en mejor tecnología para que los juicios sean más rápidos? O en equipos de trabajo y en distribuir las cargas, porque parte del problema de la frustración de esta carrera insensata es que explota muchos, los que están más abajo, que trabajan como fieras porque tienen esa expectativa de que algún día llegarán a ganar como ministro. Y se vuelve la única motivación y la razón de ser de todo un aparato del Estado.
A mí me parece eso muy grave justamente porque termina no teniendo, ningún fruto social.
— Esta reforma plantea varias cosas. De la que más se habla es de la elección popular de los ministros magistrados, jueces y hay una duda muy legítima de cómo se podría operar esa elección
— Son mil 600 personas divididas en 32 circuitos, uno por estado. El más grande es el de la Ciudad de México que tiene cerca de 330 magistrados y jueces.
Pero nosotros lo vemos muy sencillo, porque tanto los tribunales colegiados, como los especializados, como los Juzgados de Distrito, como los federales, no podrían tener candidatos múltiples. Entonces tiene que hacerse una elección por tipo de juzgado. Tiene que haber candidatos para ser Juez de Distrito en Materia Penal, en Materia Civil, en materia laboral, en materia administrativa, más los especializados en libre concurrencia y los magistrados, que también tienen especialidad.
Eso nos podría este llevar a llenar varias boletas. No tiene tanta complicación.
— Lo difícil sería tener la información suficiente para saber a quién elegir.
— Hay que diseñar todo eso. Es un buen principio que se prohíba la contratación de propaganda, porque eso ayuda a que no se necesite dinero y que no haya intereses ilegítimos financiando campañas. Que la que la difusión sea vía internet, que se ocupen los tiempos los tiempos del Estado en televisión y en radio y con eso sea más que suficiente para transmitir quiénes son.
Ahora, un primer proceso tiene que ser fundamentalmente de ratificación porque finalmente van a participar los que están actualmente y la mejor carta de presentación es lo que han hecho.
¿Que las sentencias se van a someter a votación? No, pero por primera vez podríamos estar escuchando por qué se han tomado algunas determinaciones en casos específicos. ¡Que nos cuenten los jueces! En esa intrincadísima explicación, que aterricen con los mortales y se dignen a explicarnos por qué se toman determinadas resoluciones. Nos lo merecemos, la sociedad mexicana paga sus salarios. ¿Por qué no nos van a explicar? ¿Porque lo dije yo y cállense todos? Esa es la actitud que se tiene hasta el día de hoy, una soberbia inaudita. Y parte de esa soberbia es la que justifica la no rendición de cuentas, la oscuridad y el derecho, incluso, a ser oscuros.
— Hay otros elementos que son muy importantes en la reforma, como crear un órgano que realmente pueda fiscalizar las acciones de esta Suprema Corte…
— Parte de la impunidad que tienen muchos jueces se asienta no solamente en la opacidad y en la supuesta independencia, que es más reclamo de arbitrariedad que de independencia, sino en que saben que nadie los va a sancionar.
La posibilidad de que se sancione en este momento a un juez o un magistrado es lejanísima porque el Consejo de la Judicatura Federal está sancionando menos que nunca a personas juzgadoras, a pesar de que tenemos la mayor cantidad de quejas presentadas.
Entonces, se vuelve muy importante, tanto la posibilidad de tener un tribunal de disciplina autónomo de los propios jueces, de los propios titulares de juzgados y no se diga de la Suprema Corte, como la de tener un órgano de administración paralelo que se separe de la administración de la Suprema Corte.
Actualmente, se tienen más de 70 mil millones de pesos que administra el Poder Judicial. Es una cantidad enorme que equivale a varias secretarías de Estado o a varios presupuestos de estados de entidades federativas completas. Es una cantidad que debe transparentarse, por supuesto.
La Constitución y los derechos
— Son 11 ministros que tienen el mandato de ser garantes de la Constitución. Pero es una constitución que ha tenido como 700 modificaciones en las últimas 20 años. ¿Qué constitución están defendiendo y cuáles son las prioridades de los ministros?
— La Constitución, con todo y los parches neoliberales que le hicieron resguarda todavía muchísimo de su espíritu social, porque finalmente tiene una riqueza que se mantuvo en el artículo tercero en el artículo 27 en el Artículo 123, con todo y que fue el más lastimado de los derechos de las personas trabajadoras, pero tiene un artículo cuarto en el que se han introducido por lo menos ocho derechos sociales nuevos, entre ellos el reconocimiento del derecho humano al agua, a la alimentación, a estas pensiones no contributivas, incluso el derecho al medio ambiente sano o el derecho a la salud. Todos estos son nuevos derechos sociales. Entonces, no es una constitución que deje en el desamparo a la gente, sino más bien, que necesita un conjunto de normativa que articule esos derechos.
Los derechos sociales, a diferencia de otros derechos individuales, implican mucha actuación de la autoridad, en principio de la administrativa, pero también de los jueces. Se necesitan instrumentos de carácter jurisdiccional, tanto para demandas colectivas como para reconocer a las partes, incluso para reparar los propios juicios.
Parte de lo que le planteábamos a los a los legisladores es que debería haber una un ámbito de alguna autoridad, que debe ser la Suprema Corte, que tenga plenitud de jurisdicciones. Es decir, que pueda reparar cualquier falla de en cualquier momento de cualquier instancia que no le haya querido reconocer una parte de un derecho, ya sea del propio proceso judicial o del derecho mismo, sustancial a las personas, y que lo pueda reparar alguna instancia porque llegan a la Corte este ya defraudados en la primera instancia, o con demandas muy deficientes.
Por otro lado, pues sí hay ciertas propensiones de resolver temas. La Corte ha tenido momentos en los que el 80 por ciento de los temas que resuelve son de carácter fiscal, para no pagar impuestos, no hay otro motivo por el cual meter una demanda fiscal. Hay una ocupación muy particular en un conjunto de tipos de juicios, efectivamente.
—¿Qué mecanismos podría haber para que las discusiones y las sentencias sean de forma más accesible para la población?
— Debería ser una obligación de la Corte estar procurando que las sentencias se emitan en lenguajes que cualquier mortal pueda entender. Deberíamos ya olvidarnos de estos lenguajes paralelos. El abogado es fundamentalmente un traductor del lenguaje técnico, entre comillas, que luego no implica ninguna técnica, implica una sustitución de conceptos que están ahí y que en lenguaje jurídico significan exactamente lo mismo.
Debe haber un propósito de entendimiento de comunicación. No debe ser imposible, si lo asumimos con una obligación, pues los aparatos de justicia podrían estar procurando que sus sentencias las pueda entender, no solamente el abogado traductor, sino la persona a la que le cuentan que esa sentencia significa tal cosa, y que con una simple lectura puede decir eso no es verdad, y pueda saber la consecuencia.
Eso va a ayudar también a que los abogados no estén engañando a la gente. El derecho debe ser tan asequible, porque finalmente implica la posibilidad del ejercicio de facultades que significan condiciones de igualdad con los demás y ejercicio de dignidad, de humanidad. El derecho debería ser sumamente asequible, disponible, ser fácil y parte de las obligaciones del Estado deberían ser hacerlo accesible para las personas.
La reforma posible y la reforma necesaria
— Están los foros que ha organizado la Cámara de Diputados y están también los foros populares para socializar de qué se trata la reforma ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál sería el escenario posible?
— Hay una iniciativa que es el eje del debate actual. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que lleva en este momento esta agenda de los foros, la abrió a muchos temas, los que entendió que son materia de la justicia; sin embargo, la iniciativa es muy puntual, tiene tres temas, básicamente, que es la elección de jueces, ministros magistrados magistradas; la separación del Consejo de la Judicatura en dos órganos y el tema de la remuneración, porque el Poder Judicial es el único de los tres poderes que está violando en este momento el límite constitucional establecido en el artículo 127 fracción segunda hace 14 años.
No solamente los ministros los jueces y los magistrados sino también los altos funcionarios. En total son más de 2 mil 300 funcionarios que están ganando actualmente más que el Presidente de la República. En un cálculo muy rápido que hicimos, eso significa más de 25 mil millones de pesos al año. El excedente que indebidamente se les paga a todos estos funcionarios podría bien financiar, por ejemplo, unos comicios que dicen que salen muy caros.
Entonces estos tres objetivos en realidad son muy chiquitos. Es una reforma pequeñísima, lo que pasa es que tiene un altísimo impacto porque finalmente toca a las cabezas que además, son las primeras que obstruyen los cambios. No está mal que las que las cuestionemos y que se queden las que estén dispuestas a someterse a un país republicano, que racionaliza los recursos y está preocupado porque el Poder Judicial sea un servicio público y no un escaparate de autoadoración.
Ahora, hay, efectivamente, un siguiente nivel de reforma, después de esta, que implica una reforma de la justicia en todos sus ámbitos. Una parte es la de los ministerios públicos que se les olvidó en la reforma de justicia penal de 2008 a 2016. Otro es el tema de los derechos sociales, porque esta instrumentalización requiere varias reformas. Y otro es de la división de poderes, hay que equilibrar mejor a los tres Poderes de la Unión para que ninguno invada a otro y vivamos un equilibrio de poderes en vez de una supremacía judicial.
Son parte de los temas de un siguiente nivel de reformas. No pensemos que esta es la reforma el Poder Judicial. Es muy importante y es la base para que puedan reformarse lo demás.
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