Alejandro Osuna Cobos, apodado como ‘el zar del transporte’, consolidó sus empresas de arrendamiento de vehículos en el Gobierno de Nuevo León, aun cuando acumula un historial de mal desempeño.
Israel Mendoza| Reporte Indigo |13 de Ago, 2024. El ascenso de Samuel García al Ejecutivo de Nuevo León benefició a Alejandro Osuna Cobos, empresario transportista, con al menos 76 contratos del gobierno por un monto de 487 millones 856 mil pesos, ingresados mediante distintas variantes de la razón social Car One y Transpaís Único.
Osuna Cobos ha constituido 25 compañías, 11 de ellas con nombres derivados de Car One, también dedicadas a la comercialización y renta de unidades ligeras y pesadas. De las decenas de contratos sumados solo de finales de 2021 a la fecha, 35.5 por ciento ha sido otorgado por adjudicación directa, el más alto a favor de Car One Monterrey que, sin concurso, en la administración de Samuel García se quedó con un acuerdo por 67.5 millones de pesos con la Secretaría de Administración local en 2022.
Más allá de tener proveedor favorito, el gobierno de Nuevo León le ha otorgado contratos millonarios de transporte. En 2024, el más oneroso fue el asignado por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos por 17.5 millones de pesos. Con lo que crece la sospecha de acuerdos políticos entre el empresario y la administración emecista para la asignación de contratos.
Entre los convenios más onerosos que Osuna Cobos consiguió fue otro de 53.8 millones de pesos, celebrado en abril de 2023 entre Car One Monterrey y el Consejo de la Judicatura; además de otro por 39.7 millones entre Car One Monterrey y la Secretaría de Administración, de diciembre de 2021.
De los casi 500 millones de pesos mencionados, 62.5 millones de pesos le han sido asignados a Osuna Cobos mediante Transpaís Único, firma que tiene en su haber choques con pasajeros lesionados, precios elevados con cargo a los usuarios, accidentes por derramamiento de diésel, fallas mecánicas, incendios y hasta secuestros al interior de sus unidades.
Además de las empresas vehiculares a su mando, el imperio de Osuna Cobos incluye firmas dedicadas al sector inmobiliario y al marketing; en tanto que, sus nietos Abelardo Osuna Morales, Adrián Osuna Morales, Alberto Osuna Morales y Elsa Alejandra Osuna Morales son socios en 24, 19, 10 y 11 razones sociales, respectivamente.
Este no es el único contratista que ha obtenido cuantiosos acuerdos con la administración liderada por Samuel García. Cuauhtémoc Velázquez se quedó apenas hace dos años con un convenio multianual por 2 mil 521 millones de pesos para el arrendamiento de 400 autobuses de transporte público, como resultado del proceso LPIP/IMA-001-2022, en el que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad eligió a Forza Arrendadora Automotriz como proveedora.
Copia del contrato en poder de Reporte Índigo justifica que la contratación de esta empresa se llevó a cabo para “racionalizar y ampliar el sistema de transporte en el estado”.
Empresa ‘boletinada’ desde 2021
En 2021, Jet Van Car, propiedad de Velázquez, fue boletinada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que las dependencias, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con la razón social durante todo un año, luego de incumplir los requerimientos técnicos de un contrato con el Servicio de Protección Federal.
La dependencia le impuso la sanción porque 13 de las unidades proporcionadas no cumplieron con especificaciones establecidas en el contrato como renta de vehículos modelo 2015 en adelante, además de perfecto estado de operación y funcionamiento. En 2022 la compañía logró la revocación de la amonestación y cerró el año con una suma de 531 millones 903 mil 262 pesos con 21 entidades públicas, de acuerdo con una localización de contratos por parte de Reporte Índigo.
El mayor contrato ese año, al quedar exenta de la sanción de la Función Pública, fue firmado con el Servicio Postal Mexicano por 253 millones 311 mil 450 pesos para transportación en motocicletas de la entrega de correspondencia, mensajería y paquetería. La contratación se inició el 1 de diciembre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 2024.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la empresa estuvo involucrada en la deficiente proveeduría de ambulancias que el IMSS recibió en 2018. Al revisar la entrega de la arrendadora se detectaron unidades sin tanques de oxígeno, con sirenas en mal estado, e incluso, con golpes visibles en la carrocería.
Ante las irregularidades en la trayectoria de Osuna Cobos y Cuauhtémoc Velázquez, legisladores del PRI y en PAN adelantaron a este medio de comunicación que solicitarán indagaciones sobre las relaciones contractuales entre sus razones sociales y la administración de Samuel García Sepúlveda.
Las redes políticas y el historial oscuro del ‘zar del transporte’
Alejandro Osuna Cobos es el presidente de Transpaís y Car One. Fue presidente municipal de Mante, Tamaulipas, en el trienio 1969–1971.
De acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, Osuna Cobos es accionista en 25 empresas entre las que figuran Grupo Transpaís y Transpaís Único. Además, tiene participación en Car One, Car One Groups y nueve variantes más.
También son accionistas de estas firmas sus hijos Abelardo, Alberto, Adrián y Alejandra Osuna Morales, esta última está casada con Arturo Diez Gutiérrez, quien fuera presidente municipal priista de Ciudad Victoria en el periodo 2008–2010 y excandidato a la gubernatura de Tamaulipas por Movimiento Ciudadano, en las elecciones que ganó el morenista Américo Villarreal.
Abelardo, hijo de Alejandro Osuna, también es accionista de las empresas de su padre, junto con sus hermanos Alberto, Adrián y Alejandra.
Es reconocido como cercano al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca quien le entregó entre el 2018 y 2022, por el procedimiento de adjudicación directa, 152 contratos por 7 millones 970 mil pesos a Transpaís, empresa familiar que tiene una flotilla de más de mil unidades, con rutas en Nuevo León, Tamaulipas, y San Luis Potosí.
En tanto, Abelardo Osuna Morales, nieto del fundador Osuna Osuna, actual director general de Transpaís, es accionista en 24 empresas. Adrián Osuna Morales, también nieto del fundador, es accionista en 19 empresas; Alberto Osuna Morales, otro de los nietos del fundador, es accionista en 10 empresas y Elsa Alejandra Osuna Morales, es accionista en 11 empresas.
Una unidad de Transpaís fueron escenario del secuestro de 22 migrantes que cometió un grupo armado el 7 de marzo de 2019. Según el reporte del conductor, el autobús marcado con el número 9596 salió de la terminal de Tampico con más de 40 pasajeros y fue interceptado por tres camionetas en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa. Los atacantes revisaron a los pasajeros y los seleccionaron. Después, se llevaron a los 22 migrantes.
Dos años después, un accidente en el kilómetro 151 de la carretera Matamoros-Victoria en el que cinco personas murieron y 31 resultaron lesionadas volvió a ensombrecer la imagen de la compañía en Tamaulipas.
Pero Transpaís continuó como una empresa posicionada como proveedora del gobierno tamaulipeco. Ocurrió lo mismo respecto a la Administración Pública Federal.
Las batallas de Car One, millonaria en una década
El Gobierno federal y algunos gobiernos estatales, además del de Nuevo León, han suscrito millonarios contratos con Car One, la empresa más emblemática del empresario Alejandro Osuna Cobos. De acuerdo con el portal de compras públicas, CompraNet, entre 2011 y 2024, la firma de renta de automóviles ha obtenido por lo menos 91 contratos por 421 millones de pesos.
En esos años, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Marina, el Servicio Postal Mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales han sido algunos de sus clientes en la administración federal.
También los gobiernos de Puebla, Coahuila, Guanajuato, Yucatán, Quintana Roo, y Campeche.
Sólo entre 2011 y 2012 –los años cuando buscaba posicionarse como proveedora– la compañía sumó 161 millones 28 mil 419 pesos con decenas de contratos cuyo promedio fue de 7 millones 668 mil 19 pesos.
Después, ese ritmo no bajó y Car One se consolidó como una de las contratistas estelares en el suministro de vehículos a las entidades públicas.
La mayoría de sus contratos federales los obtuvo por licitación pública, lo que implica que presentó propuestas y ganó concursos en los que estuvieron competidoras como Casanova Rent, Jet Van Car Rental o Integra Arrenda.
El mercado del arrendamiento de vehículos muestra un crecimiento acelerado y en la competencia, algunas jugadoras han incurrido en prácticas de colusión o mal desempeño, lo que les ha costado la inhabilitación como contratistas públicas. Car One no ha enfrentado hasta ahora ninguna sanción.
En cambio, logró contrataciones de decenas de millones de pesos, entre los cuales, uno de sus mayores lo firmó con Pemex en 2012 cuando concluía el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Fue por el suministro de 110 patrullas tipo pick up 4X4 por 55 millones 752 mil 931 pesos.
Transpaís, la otra empresa de transporte de Osuna Cobos, también se posicionó como proveedora entre 2011 y 2024. Sus camiones han sido utilizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda.
Desde la llegada de la llamada “Cuarta Transformación”, el empresario del sector automotor comenzó a obtener contratos, y en 2023 se consolidó como uno de los proveedores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al obtener cinco contratos.
