Un tribunal Federal ordenó al Congreso de Aguascalientes revertir reformas que permitían a las empresas inmobiliarias reducir parques y espacios públicos para beneficiar sus construcciones, la decisión obedece a un amparo de un grupo de ciudadanos
22 mayo, 2024| Texto: Arturo Contreras Camero |Pie de Página |CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de Aguascalientes tendrá que revertir las reformas al Código Urbano de ese estado que permitían a empresas inmobiliarias reducir los parques y espacios públicos al desarrollar condominios, según ordenó un tribunal Federal. La reforma fue impulsada por el sector inmobiliario y el gobierno de la entidad.
El pasado jueves 18 de abril el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ordenó al Congreso de Aguascalientes modificar el Código Urbano porque pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano de la población, conforme al amparo presentado el 20 de enero de 2023 por Conversa Sur, una organización de ciudadanos y académicos.
A finales de 2022, el congreso de ese estado aprobó un nuevo Código Urbano en el que se reducían los espacios que debían contemplar los nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales. El terreno que se debe dejar libre pasó del 15 al 12 por ciento, de ese un tercio debe dejarse para áreas verdes, pero estas se podían suprimir entre 25 a 75 si se sustituye por equipamiento urbano y hasta el 100 por ciento en conjuntos verticales.
El amparo presentado por la organización Conversa Sur contempló dos puntos: la reducción de áreas de donación en los nuevos desarrollos inmobiliarios, que ya fue resuelto, así como la exclusión de la sociedad civil en espacios deliberativos, mismo que continúa en trámite.
El Congreso no demostró que la reforma era una medida necesaria, proporcional e idónea que no afecta el derecho colectivo a un ambiente sano. Por el contrario, se ratificó que la conservación de las áreas de donación contribuye a garantizar la oxigenación y refresca el ambiente, entre otros beneficios, señala el comunicado de la organización Conversa Sur con el que se difundió la noticia.
“Pareciera que tener un medio ambiente sano es responsabilidad de la sociedad y no del Estado, que tiene una obligación con su población” dijo al respecto Carla Escoffie, abogada que acompaña el proceso legal de Conversa Sur. “Este es el derecho al mínimo vital en materia ambiental ya que el gobierno tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un medio ambiente sano y sustentable”.
