En 2023, hubo un incremento del 50 por ciento en el número de desapariciones registradas en Querétaro, en comparación con 2022. Es la cifra más alta desde el 2009. En lo que va de este año se registran 40 casos de desaparición; la mitad de las reportadas el anterior
Texto: Nadia Bernal*| Pie de Página |29 abril, 2024. El polvo se mete por la boca y se desprende un olor que pica en la garganta, cada que las familias excavan alrededor del cuerpo recién hallado. No está muy profundo, apenas unos 50 centímetros de altura. Es una fosa clandestina que descubrieron los colectivos de búsqueda en Querétaro este sábado 20 de abril. Apenas son las 10:15 de la mañana.
El sol también quema, se ve que los árboles dejaron de florecer hace algún tiempo por la sequía. El sonido apabullante del tren ensordece a las personas que aguardan en el predio; cuando “la bestia” termina de pasar, algunas madres buscadoras se sientan a descansar a las orillas de las vías, pero otras siguen al pendiente del hoyo que sus compañeros continúan cavando.
No es el primer descubrimiento que realizan en la entidad, pero sí el primero que se hace sin las gestiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Aunque en el estado la narrativa por parte de los gobiernos locales ha sido negar la presencia de fosas clandestinas y minimizar las desapariciones que ocurren en Querétaro, el haññazgo de hoy hace visible lo contrario.
En la entidad se reportan 556 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Los municipios de Querétaro y San Juan del Río encabezan las cifras.
En 2023, hubo un incremento del 50 por ciento en el número de desapariciones registradas en Querétaro, en comparación con 2022. Es la cifra más alta desde el 2009. Y en lo que va de este año, se registran 40 casos de desaparición. Esto representa el 51.28% de las desapariciones reportadas en 2023.
Estamos en la localidad de Santa Bárbara de la Cueva, ubicada en el municipio de San Juan del Río, a diez kilómetros al norte de la cabecera municipal y a una hora de la capital del estado.
Una comunidad rural con dos mil 390 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), considerada como uno de los puntos en los que opera un grupo delictivo del crimen organizado, según diversas fuentes locales. Hace dos semanas, en esta misma localidad, se reportaron dos ejecuciones con arma de fuego.
Para llegar al predio, hubo que caminar unos 15 minutos, por un camino empedrado entre arbustos secos, nopales y piedra caliza hasta llegar a un sendero que termina en una colina y que, enseguida, desciende algunos metros antes de llegar al punto.
El 18 de abril los familiares de personas desaparecidas en México iniciaron una Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria que reunió a 250 colectivos de búsqueda de 18 estados para buscar sin la cooperación de las autoridades. Por eso, hoy las familias hacen el hallazgo sin el acompañamiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, sin Policía Estatal o del municipio; también sin el resguardo de instancias federales.
Los familiares de personas desaparecidas en México iniciaron una Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria el 18 de abril, en el que 250 colectivos de búsqueda en 18 estados del país se unieron para buscar sin la cooperación de las autoridades. Por eso, hoy las familias hacen el hallazgo sin el acompañamiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, sin policía estatal y municipal; también sin el resguardo de instancias federales.
Pero las familias no buscan solas, entre ellas se acompañan. Familias no sólo de Querétaro, también de otras entidades del país: Sonora, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Colima. Igualmente, está presente una comitiva del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos que funge como observadora.
Yadira, la buscadora
«¡A ver, dénme guantes, quien traiga!”, grita Yadira González Hernández, fundadora del colectivo Desaparecidos Querétaro e integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, en cuanto su compañero Alejandro, quien está dentro de la excavación, la llama para mostrarle algunos hallazgos.
“Para las que apenas están iniciando en búsqueda: ahorita los compañeros están sacando esta piedra debajo de la tierra y esta piedra no es propia de aquí. Esto quiere decir que esta piedra estaba allá arriba y cuando se excavó, la echaron. Este es uno de los indicios de que este lugar fue abierto”, les explica.
Yadira se convirtió en buscadora cuando su hermano Juan González Hernández desapareció, el 15 de junio del 2006, en una localidad del municipio de Corregidora. Su madre, quien también está presente en esta búsqueda y porta una playera con la foto de su hijo, recuerda que desde chiquita su hija nunca se dejaba de nadie. Ahora Yadira ha marcado un precedente en la entidad con la búsqueda de fosas clandestinas.
Derivado de que la carpeta de investigación de su hermano fue atraída por la FGR, Yadira comenzó a solicitarle a la Federación, desde el 2019, diversas diligencias de búsqueda en Querétaro.
En 2020 comenzaron explorando en la Barranca de los Zúñiga, localizada en el poblado Puerta de Alegrías, en este mismo municipio, aunque por la pandemia los trabajos se suspendieron y fueron retomados en marzo del 2021. Desde entonces, cinco búsquedas en campo han sido positivas, es decir, se han localizado restos humanos en entierros clandestinos, tanto en San Juan del Río, como en la delegación de Santa Rosa Jauregui, en la capital del estado.
Aunque los registros oficiales no reportan ninguna fosa clandestina en Querétaro, según el Mapa de hallazgos de fosas clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que contabiliza del 2006 hasta el 23 de abril de 2023.
“A ver, al parecer, es masculino. Trae una chamarra, una chamarra ligera. Eso quiere decir que fue sepultado en época en la que hacía frío. Sí, eso más o menos nos va dando la temporalidad”, continúa Yadira explicando a sus compañeras y a los observadores de la ONU, mientras sale a la luz la ropa que vestía la persona que fue enterrada en ese sitio: pantalón de mezclilla, cinturón negro, chamarra color azul marino, con forro de cuadros rojos y blancos, y playera negra.
“No tiene tanto aroma, porque este tipo de tierra lo absorbe”, continúa la buscadora, quien minutos después hace una llamada y se comunica con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Querétaro para informarles del hallazgo y con ello se inicien los procedimientos correspondientes, tal como lo indica el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En ese mismo punto, a unos centímetros de la fosa, hay otro hoyo; en este yace un vaso de cristal de lo que fue una veladora y un rosario. No se sabe quién los dejó ahí.
Fue a principios del año pasado que un ciudadano, que también busca a un familiar desaparecido, encontró un cuerpo en este punto. Al dar parte a las autoridades, la Fiscalía General del Estado, que es encabezada por Alejandro Echeverría Cornejo, realizó la diligencia correspondiente, aunque los procedimientos son cuestionados por los familiares que buscan porque no la Fiscalía no realizó más inspecciones en la zona.
Cuando el colectivo Desaparecidos Querétaro se enteró de que este lugar había sido explorado, decidió realizar una jornada de búsqueda en el sitio, días después de que la Fiscalía estuvo en el lugar. En esa ocasión, los colectivos no tuvieron ningún resultado positivo, por eso regresaron.
“Siempre trabajamos por anónimos. Ya habíamos tenido la información de que aquí había alguien enterrado; sin embargo, esa vez nosotros llegamos después de la Fiscalía. La Fiscalía trabajó esa fosa que está abierta, lo cual es un mal trabajo porque no debió de haberla dejado abierta, se tuvo que haberla tapado otra vez de tierra”
dice Yadira González Hernández.
Por estos antecedentes y por otros indicios anónimos que les han hecho llegar, las familias piensan que aquí, en este mismo terreno podría haber más fosas clandestinas además de los restos que encontraron hoy.
“Ya viene para acá la Comisión de Búsqueda, le va a hablar a pedir autorización a la Secretaría de Gobernación para decirle a quién le tiene que hablar. La verdad es que la Comisión de Búsqueda aquí también está todavía muy chavita en esos andares, no sabe todavía cómo es el proceso, incluso para la Comisión sería su primer hallazgo y esta es la primera vez que la Fiscalía estaría trabajando con las familias una fosa”, añade Yadira.
María herrera, siempre buscadora
“Siempre que encontramos a una persona, los restos de una persona, siempre decimos: es nuestro, porque es nuestro hermano, porque hemos decidido hermanar este dolor y este sufrimiento para poder caminar juntos”, dice María Herrera Magdaleno, quien busca a sus hijos Raúl, Jesús Salvador, Gustavo y Armando, desaparecidos en Guerrero y Veracruz, en 2008 y 2010.
Su labor como madre buscadora la llevó a ser nombrada por la revista Time como una de las mujeres más influyentes en el 2023. Ahora está aquí, con un sombrero color beige y un bordado color verde que remarca la consigna “Hasta encontrarles”; la acompañan sus hijos Miguel y Juan Carlos, quienes también se han convertido en expertos en la búsqueda de personas.
Mamá Mary, como le dicen de cariño y respeto las demás madres buscadoras, pide que se haga un círculo alrededor de la fosa. Todos los presentes se toman de la mano y se crea un silencio solemne.
Como es la costumbre, dicen, cada que destapan una fosa y confirman el hallazgo positivo, los familiares encienden una veladora y se preparan para dar una oración. Para ellos, es una forma de decirles que pronto volverán a casa, pero también para agradecer.
“Gracias a Dios por permitirnos encontrar las personas que deseamos y que queremos encontrar, darle gracias también a las personas que, en algunas ocasiones, nos han pasado información anónima y pidiendo para que estas personas nos sigan acercando a esta realidad, que es tan difícil aceptar porque todos y todas quisiéramos o queremos encontrarles con vida”
Su hijo Juan Carlos también agradece, por la fuerza que les han dado sus seres queridos para que las familias buscadoras se conviertan en constructores de paz. “Hoy somos la esperanza de un país que ha sufrido, la esperanza de imaginar un país distinto. Yo, al menos, he aprendido a darle gracias a mis hermanos, por dejar este camino”.
Y para concluir las oraciones y agradecimientos, Yadira grita una consigna que es replicada al unísono por las demás familias presentes: “¿por qué los buscamos?, ¡porque los amamos!”.
Una crisis de seguridad
Pasaron casi tres horas, desde que Yadira González Hernández avisó a las instancias estatales de la fosa clandestina, para que al lugar llegaran dos personas de la Comisión Local de Búsqueda de Personas; después, llegó la policía municipal a resguardar el sitio.
Mientras esperaban, algunas familias se dividieron el trabajo para juntar leña y encender el fuego. Designaron un espacio, en la punta de esa cuesta que antes hubo que bajar, e improvisaron una cocina. Hicieron un guacamole y calentaron la cacerola que contenía un guisado de carne con nopales.
Otros familiares esperan abajo y hacen guardia; algunos más platican debajo de la escasa sombra que hay en el terreno. También hay quienes deciden seguir buscando a los alrededores algún otro indicio.
Entre todos ellos, se encuentra Itzel Muñoz Ordóñez, una joven que busca a su hermano José Ramón Muñoz Ordóñez desde hace seis años, originario de Tlaxcala, pero desaparecido en San Juan del Río.
Para Itzel esta es su primera búsqueda en colectivo: hace 20 días contactó a Yadira y apenas hace dos se conocieron en persona. Ella y sus padres también son originarios de Tlaxcala y desde allá se trasladaron para estar presentes en esta jornada.
“Sabemos que ya no está vivo, pero no sabemos exactamente en dónde está. Él desapareció un entre 9 y 10 de febrero del 2018, aquí en San Juan del Río. Sólo habíamos realizado búsquedas por nuestros medios y realmente tampoco tuvimos respuesta y por seguridad también las dejamos a un lado”.
De joven, a José Ramón le gustaban los tráileres, tanto que a los 18 años ya manejaba uno. Desde entonces, y hasta que cumplió 32 años, nunca se bajó de él. A eso se dedicaba cuando desapareció en este municipio.
En San Juan del Río, el índice de violencia ha ido en aumento en los últimos años. Tan sólo en 2023 se reportaron 41 homicidios dolosos, esto representó un incremento del 86.36%, respecto al 2022, en donde se registraron 22, y un aumento del 127.78 por ciento en comparación con 2021, pues se registraron 18 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras que el Semáforo Delictivo reporta un aumento del 57.71 por ciento en las incidencias de narcomenudeo entre 2020 y 2023.
Además, en enero de este año, nueve cuerpos sin vida fueron expuestos en un predio, cerca a un ducto de Pemex, a espalda del fraccionamiento San Gil, a 20 kilómetros de Santa Bárbara La Cueva.
Los colectivos de búsqueda en la entidad han identificado a San Juan del Río como uno de los puntos prioritarios para buscar fosas clandestinas por sus índices de criminalidad.
“Las familias organizadas somos las que les estamos poniendo los puntos de hallazgo a las fiscalías, pero las fiscalías no investigan y prácticamente las fiscalías, en todo el país, llegan a los sitios que las familias ya con, incluso, análisis de contexto, porque nosotros también hacemos análisis de contexto, análisis de criminalidad”, dice Yadira.
Y añade: “No podría, por temas de seguridad, ampliarlo muchísimo, pero de las zonas rojas conflictivas, donde donde impera el crimen organizado, justo son las localidades de San Juan del Río y tristemente a estos poblados más marginados es donde llega el crimen, a apoderarse de la comunidad, y que tristemente los políticos y los gobiernos pocas veces voltean a ver”.
Para Itzel y su familia, el hallazgo de hoy les da mucha esperanza, pero también sienten dolor porque las circunstancias les hace revivir lo que han atravesado todos estos años.
“Para nosotros es duro, pero también nos da mucha fe y mucha esperanza de algún día poder encontrarlo a él y por lo menos, como decían, saber en dónde llorarle”.
Ella menciona que hace ocho días fue el cumpleaños de su hermano. Para honrarlo, sus familiares se tomaron un anís, bebida que a él le gustaba mucho, junto con las enchiladas verdes, las palomitas y las donitas de glaseado.
“Existimos muchas familias que buscamos a alguien, sólo que a veces por miedo nos callamos o porque a veces no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Venir a buscar a campo es un trabajo muy pesado, es un trabajo no para cualquier persona, honestamente, y es una valentía muy grande para los que hoy en día lo llegamos a hacer. Yo les digo no tengan miedo, no pierdan nunca la fe, ni la esperanza de llegar a encontrar a alguien”.
Cae la tarde
Son las 16:00 horas. Han pasado casi seis horas desde que las familias comenzaron las labores de búsqueda. Los rayos del sol están en su punto más álgido. Una familia del pueblo, junto con sus dos perros, traen aguas a las familias. El papá dice que su hermano también está desaparecido, desde hace 30 años. La última vez que se le vio fue en la misma localidad.
Pese al cansancio y a las emociones que este día les ha representado, las familias no se irán hasta que la FGE llegue a exhumar el cuerpo.
“Nosotros necesitamos ver que estén haciendo su trabajo. Esos huesos son una persona y encontrarlos es una bendición, para algunos son sólo osamentas, pero para nosotras no. Si no es mi hijo, es el de alguien más”, dice Luz María Mora Valencia, originaria de Michoacán. Ella espera junto con sus compañeras a las orillas de la vías del tren, mientras platica sobre su caso con los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda, quienes también se notan impacientes.
Su hijo desapareció en el municipio de Huimilpan, el 16 de enero del 2021, a la edad de 30 años. Desde entonces, ella ha visto las deficiencias que ha cometido la Fiscalía. Por ejemplo, la ficha de búsqueda fue difundida por primera vez el 3 de junio del 2022, más de un año después de que Héctor desapareció.
“Siento rabia y coraje, estamos encontrando [fosas] pese a que en Querétaro se dice que no hay. No buscamos culpables, lo único que queremos es encontrarlos, de todas maneras justicia no hay”.
A las 16:37 horas llega personal del Semefo, ocho minutos después llegan investigadores de la fiscalía. En total, ocho personas: una fiscal de acusación y una persona sin identificar que la acompaña, dos peritos y cuatro policías de la Unidad de Investigación. Es hasta las 18:00 horas cuando llega el Fiscal Especializado en Desaparición. Él explica que se perdió para llegar al sitio.
Minutos después aparecen elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las familias se presentan, también los observadores de la ONU y el personal de la Comisión Local de Búsqueda. Le solicitan al personal de la FGE que también se identifique; sólo lo hace la fiscal de acusación y una de las peritos. El ambiente se pone tenso y tras varios minutos, uno de los cuatro policías de investigación se presenta como el comandante.
Uno de los policías de investigación, que no se identificó, comienza a grabar con su teléfono a las familias buscadoras. Esto las hace sentir inseguras y en vulnerabilidad porque muchas cuentan con amenazas y son parte del Mecanismo de Protección del Gobierno Federal. Le piden que elimine el vídeo y el personal se niega.
Los colectivos de búsqueda desconfían de la Fiscalía porque en sus experiencias, ésta carece de sensibilidad, capacitación y recursos. Sí, como todas las fiscalías del país, pero con la FGE de Querétaro, además, no existen canales abiertos de colaboración. Esta ha sido una exigencia constante por parte de las familias: “abran el diálogo, queremos mesas de trabajo”.
Por el contrario, la FGE ha dado muestras de represión y criminalización hacia las madres buscadoras.
En agosto del año pasado, durante la Jornada Nacional de Búsqueda en Vida, que consiste en la búsqueda de personas en los centros penitenciarios, anexos y hospitales, realizada por primera vez en Querétaro, los colectivos de búsqueda, en su mayoría eran infancias, personas adultas mayores y mujeres, fueron desalojados del campamento que mantenían a las afueras del edificio central del FGE.
Su reclamo era que se les permitiera el acceso a los álbumes fotográficos de la Semefo, tal como lo habían hecho en otros estados durante las jornadas de búsqueda en vida. Por el contrario, cuando las familias pernoctaban, el alumbrado público fue apagado; también las luces que iluminaban el edificio.
A oscuras, un estimado de 300 Policías de Investigación del Delito (PID) , al principio sin identificarse, disolvieron el plantón haciendo uso de la fuerza, con agresiones físicas y sexuales hacia las mujeres.
“Yo fui encapsulada por cinco mujeres, estaba transmitiendo en vivo cuando una de las mujeres me pasa las manos por atrás para que no pudiera defenderme y un hombre llegó y me apretó un seno de una manera muy fuerte”, narró Yadira en esa ocasión.
El fiscal Alejandro Echverría Cornejo dijo que el desalojo se llevó a cabo ante la falta de capacidad de los concertadores sociales del Gobierno estatal. Argumentó que esta medida fue tomada porque los manifestantes mantenían bloqueada la puerta del edificio; esto fue desmentido por las familias.
“Es un protocolo, insisto, que se realiza de manera momentánea. Por supuesto que hubo una falta de capacidad porque cuando se quisieron abrir las puertas para seguir prestando con el servicio, pues nunca tuvimos una respuesta, esa capacidad de los concertadores, pero tampoco nunca tuvimos voluntad de las personas que están precisamente bloqueando”.
Por este hecho actualmente existe una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ).
Exhumar en tinieblas
Cayó la noche. Las dos peritos hacen los trabajos de exhumación a oscuras, sin lámparas y sin el equipo adecuado, tal como lo marcan los protocolos forenses.
Demoraron hora y media en iniciar el levantamiento del cuerpo debido a que, cuando las madres cuestionaron la falta de personal para hacer esta labor, la fiscal de acusación dijo no conocer el proceso y explicó que esperaría a que su superior le indicara cómo proceder; después la fiscal les informó que se retirarían del sitio y que las familias deberían dar parte a la FGR para esta hiciera el levantamiento de los restos.
“Solamente estamos pidiendo los trabajos bien hechos, para que eso permita la pronta identificación y, además, el acceso a la verdad y a la justicia a la que tiene derecho tanto la familia de la persona que localizamos, como la persona que localizamos”, dicen.
Los integrantes de la ONU y algunos representantes de las familias insistieron en que el procedimiento debía realizarse sin más dilación, y que estaba dentro de la competencia local. Tras un diálogo intenso, la FGE procedió a realizarlo.
El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, emanado de la Ley General en Materia de Desaparición, indica que para una exhumación debe haber antropólogos, arqueólogos, médicos forenses y genetistas.
En tanto, minutos antes de que se realizara el procesamiento del lugar, la FGE emitió un comunicado de prensa refiriendo que los trabajos estaban obstaculizados por las personas que se encontraban en el sitio.
Yadira Gónzalez Hernández, en representación de las familias, se quedó como observadora del proceso. Según el Protocolo, las personas que realizaron la localización deberán seguir las indicaciones del personal pericial, pero podrán observar y documentar el procesamiento.
Una vez comenzado la exhumación, Yadira observa diversas violaciones al protocolo; por ejemplo, desmembraron una parte de la mano y las falanges las resguardaron dentro de un guante de látex. Además, los restos son levantados con un vaso de veladora y la bolsa de cadáver en ningún momento es sellada.
“El protocolo de exhumación marca que tiene que tiene que ser embalados de manera que si se desmiembra algo, si se separa algo, tiene que ser embalado de manera individual y en bolsa de papel para que no genere hongos y entonces este resto no tenga una mayor descomposición”.
Finalmente, a las 20:40 el cuerpo es ingresado al vehículo de la Semefo. Antes de que se vayan, las familias dicen una última consigna que hace referencia al amor que ponen en las búsquedas; también hablan sobre las omisiones de los entes locales y todo el camino que hace falta para que los procesos se realicen apegados a protocolos y con sensibilidad hacia las víctimas.
En Querétaro, ni siquiera se ha homologado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en 2017, con la finalidad de equiparar los protocolos de búsqueda y hacerlos más eficientes.
Y en cuanto a la judicialización de los delitos de desaparición cometidos del 2019 a 2022, el estado mantiene una impunidad del 98.3%. De las 180 desapariciones reportadas, sólo se dictaron tres sentencias, según el informe realizado por Impunidad Cero.
Aún bajo este contexto, las familias dejan en claro que no dejarán de buscarles.
“[Este hallazgo] representa una esperanza de que sí los podemos encontrar (…) Este no es un sitio para ellos, este no es un sitio en el que ellos deben descansar, esta es una fosa clandestina y tienen que salir de aquí para que puedan llegar a sus casas».
*Nadia Bernal es reportera independiente en Querétaro. Cubre movimientos socioambientales, violencia, desapariciones y derechos humanos.
