Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, del Congreso oaxaqueño, el diputado de Morena, Luis Alberto Sosa Castillo solicitó al Poder Ejecutivo estatal que inicie una investigación exhaustiva para aclarar las irregularidades en el pago de salarios con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.
En el exhorto presentado por el legislador, se pide al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a la Secretaría de Finanzas (Sefin), a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y a la Fiscalía General del Estado (FGE) aclaren el supuesto pago erogado a 215 extrabajadores del sector público en el estado, identificados como fallecidos.
También que, en caso de detectarse hechos posiblemente constitutivos de delito, se le informe a la FGE.
En la propuesta se hace referencia a un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación identificó que entre 2019 y 2020 los gobiernos de 21 estados de la República Mexicana realizaron 27 mil 854 pagos a 4 mil 160 trabajadores difuntos.
De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.
La ASF determinó 36.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.
Los recursos analizados del FONE corresponden a partidas identificadas como nóminas estatales subsidiadas, FONE servicios personales SEP y gastos de operación y entero a terceros institucionales.
Con estas aportaciones, la Federación cubre el pago de nóminas a personal educativo que ocupa las plazas transferidas a los estados, así como a los servicios personales.
La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
