Juan López Sánchez/Barra Informativa/Oaxaca, 11 de febrero 2022.- Ante lo alarmante de la situación laboral que vive el periodismo en el país en las ultimas semanas y particularmente en Oaxaca, se hace urgente impulsar acciones que obliguen a los poderes del Estado a brindar las garantías necesarias, para que la libertad de expresión no se entierre en esta entidad.
No hay evento público en el que se olvide la presencia de los medios de comunicación. Políticos, funcionarios, legisladores y jueces, siempre hacen referencia a su importancia. Pero en ninguno de los poderes o niveles de gobierno hay respuesta de garantía para su ejercicio.
A esto se suma lo complicado que ha resultado unificar los criterios e intereses de las y los «tundecelulares», quienes en grupúsculo han presentado al Congreso local alrededor de 7 iniciativas de ley de protección a periodista, en los últimos 10 años.
La respuesta del Legislativo ha sido el archivo y de parte del Ejecutivo ignorar y reprimir.
De parte de la sociedad poco se ha impulsado, las redes sociales y la difusión inmediata de los hechos a través de los celulares ha restado importancia al papel de los reporteros y periodistas, hombres y mujeres.
En el país han asesinado a 5 periodistas en lo que va del año, uno de ellos oaxaqueño. Heber López Vásquez, de 39 años, es el quinto comunicador asesinado en lo que va del año; el 10 de enero fue privado de la vida José Luis Gamboa, en Veracruz; los días 17 y 23 del mismo mes, le quitaron la vida a Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, respectivamente, en Tijuana, Baja California, y el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo.
Nueve días después del primer asesinato y tres del segundo en Tijuana, la actual gobernadora de Baja California informó que «con el fin de luchar contra la violencia de las y los periodistas de Baja California, enviaremos al Congreso del Estado una reforma al Código Penal para que aquel culpable tenga una pena máxima de 60 años de prisión.»
Por su parte el Ejecutivo Federal, al igual que en los 5 casos, lamento y ofreció justicia.
Los y las periodista del país realizaron marchas y mítines exigiendo justicia.
Además del asesinato de Heber López Vásquez, en Salina Cruz, el 10 de febrero, el pasado 26 de enero José Ignacio Santiago Martínez, fundador y director de Pluma Digital Noticias, medio informativo de corte policiaco, sufrió un atentado del que resultó ileso en la región de la Mixteca; desconocidos le dispararon mientras circulaba en la carretera federal 125 en el tramo Putla de Guerrero-Tlaxiaco.
Hace 3 años años, la diputada del PRI, Yarith Tannos Cruz, presentó una iniciativa de reforma al código penal de Oaxaca, luego de conocer sobre un enfrentamiento entre reporteros y un grupo de choque ligado a una organización social.
La intención de dicha propuesta es aumentar el numero de años de cárcel para quien o quienes agredan a una o un periodista, de tres a cinco años. Asimismo, se obliga a los agresores reparar el daño al equipo y comunicador.
La iniciativa fue conocida en el pleno legislativo oaxaqueño y se envió a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.
Se terminó el periodo de la XLIV legislatura sin que regresara la discusión y virtual aprobación al pleno.
Hoy, ante al difícil situación que se vive dentro del ejercicio reporteril y periodístico, no esta de más darle un nuevo impulso a la demanda de aprobación de la mencionada iniciativa de reforma, para que cuando menos en un primer avance hacia un ley respectiva, se proteja el trabajo de los representantes de los medios de comunicación.
