En México inició un debate sobre las políticas a las que gobiernos anteriores llamaron “verdes” o “limpias”. Desde hace años, los tratados internacionales abogan por que los gobiernos de los países transiten por ese carril, pero en el caso de México la apuesta más reciente fue la Reforma Energética y los resultados son cuestionables: ¿realmente se avanzó en la transición energética?, ¿funcionó el esquema de los Certificados de Energías Limpias?
Por Daniela Barragán|Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Desde la Secretaría de Energía (Sener) se puso el foco sobre los Certificados de Energías Limpias (CEL). Previo a la discusión de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle García, titular de la Sener, aseguró que estos certificados, que se plantearon como incentivos para las empresas, excluyeron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero representaron un gasto para ésta de 6 mil millones de pesos. Como el contrato se estableció por 20 años, el pago total, de no haberse cancelado, ascendía a 100 mil millones de pesos.
Los CEL se plantearon en la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto para incentivar a empresas a producir energías limpias. De acuerdo con expertos entrevistados por SinEmbargo, este mecanismo, utilizado en varios países, se quedó solo en una “buena intención” que, como el resto de las ramas tocadas por dicha Reforma, no estuvo exenta de vicios y huecos legales.
De hecho, a partir de la reforma peñista se creó un “mercado paralelo” en el que empresas como Bimbo, Kimberly Clark, Oxxo, Femsa, Cemex y Walmart hicieron un negocio. También se encontró que la compra de los Certificados se inclinó más por la mitigación de los contaminantes que por cambiar las prácticas que los generan.
Los CEL son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga. Se pueden adquirir para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia y así llegar a las metas nacionales de generación a partir de Energías Limpias con el cumplimiento de las obligaciones individuales, de forma eficaz y al menor costo para los consumidores.
Pero, ¿por qué los CEL son un punto importante en la nueva reforma? De acuerdo con la información disponible, en 2013 se establecieron permisos de autoabasto para que grandes fábricas produjeran su electricidad, pero se creó este “mercado eléctrico paralelo” en el que los permisionarios aseguraron tener socios “de un dólar” y vendían la electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE, lo que es considerado un fraude fiscal; se tiene registro de 239 centrales de autoabasto en las que hay 77 mil 767 consumidores.
Dentro de estas centrales de autoabasto están estas empresas de los principales hombres de negocios del país, que de acuerdo con Sener, no cubren el costo real del transporte, es decir, el “porteo”, que es el viaje de la electricidad sobre el cable de la línea de transmisión de CFE. La demanda contratada de más de 5 millones o 5 mil megawatts.
Para este punto surgen los incentivos, es decir, los Certificados de Energía Limpia. Son emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se dan por cada megawatt producido —particularmente por las energías eólicas o solar— a los productores privados. Una vez que las empresas los tienen, la CFE los tiene que comprar; de 2013 a la fecha se hizo un gasto de 6 mil millones de pesos de estos certificados de 335 centrales privadas.
“Al finalizar el contrato se habrá subsidiado prácticamente el 50 por ciento de la inversión inicial en estas plantas. Si estos contratos no se cancelan, a 20 años la CFE va a tener que pagar más de 100 mil millones de pesos en esto”, afirmó Rocío Nahle, titular de la Sener.
De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2018 la CRE emitió un total de 6 millones 899 mil 520 certificados que avalaron la generación del mismo número de MWh, los que representó el 11.3 por ciento del total de energía limpia vendida en el Mercado Eléctrico Mayorista. El dato, según la ASF, mostró la importancia de los incentivos.
UN MERCADO “INSÍPIDO”
En 2019 el acuerdo de modificación de lineamientos estableció que “tendrán derecho a recibir CEL por un periodo de hasta veinte años los generadores limpios […] que generen energía eléctrica a partir de fuentes limpias”, por lo que se eliminó el requisito inicialmente establecido en 2014, relativo a que dichas centrales podrán recibir CEL “siempre y cuando hayan realizado un proyecto para aumentar su producción de energías limpias (…)” y que el periodo de veinte años iniciará a la entrada en operación del proyecto que resulte en el aumento de producción.
“La modificación de los lineamientos repercute en la definición de los Certificados de Energías Limpias como mecanismo para incentivar el incremento de energías limpias en la generación eléctrica, ya que las centrales eléctricas legadas, cuya entrada en operación fue antes de la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica, podrán recibir los certificados sin contar con un esquema para aumentar la generación limpia, lo cual podría afectar el cumplimiento de metas en la materia, ya que se elimina el incentivo para incrementar la capacidad mediante estas tecnologías”, puntualizó la ASF.
En entrevista con SinEmbargo, Andrea Marín Monterrubio, directora general de Energyby5 México, definió la estrategia de los Certificados como una buena intención ya que sólo se pudo tener un “mercado insípido”.
“Es un mercado que no llegó a pasar justo por una serie de ataques atrás y luego la culminación del ataque, que es la actual Reforma. Creo que se dio la estocada en el momento en el que se cancelaron las subastas y en el momento en el que no había transparencia sobre cómo CFE compraba estos certificados y si sí los compraba, a qué precio, cómo, cuándo. Esta transparencia sobre la compra certificados de energía limpia y está obligación de CFE, hicieron un mercado insípido, un mercado de buenas intenciones, pero realmente un mercado que no materializó mucho. Si hoy se cancela el mercado de certificados de energía limpia, la verdad es que es un mercado insípido que ya estaba bastante dañado con esas dos acciones, que es la cancelación de subastas y que nadie sabía cómo CFE cumplía con sus obligaciones”, comentó Marín Monterrubio.
De acuerdo con la especialista, el reclamo de la Sener sobre los 6 mil millones de pesos que pagó por los CEL, fue porque se buscó incorporar nuevas centrales y por lo tanto no se podía reconocer o no se podía dar dinero a las plantas que ya estaban operando, en su gran mayoría las plantas de CFE porque esto fue previo a la Reforma Energética:
“Lo que se hizo fue plantear que en adelante, las plantas de energía limpia que se pongan en el país podrán recibir o se les podrán comprar los Certificados de Energía Limpia. Creo que ahí viene el gran desacuerdo frente a este Certificado que ha dicho Rocío Nahle, que es porque otros sí y por qué las plantas de la CFE no […] los 6 mil millones de pesos que gastó la CFE era para cumplir sus obligaciones por sus usuarios y esto atendía a cómo se compraba electricidad o cómo se acaba compraba electricidad, más no a un sobrecosto”.
De acuerdo con el seguimiento que se le dio a esta herramienta, Andrea Marín comentó que durante las subastas se lograron los precios y estaban “históricamente baratos”, de alrededor de 30 dólares el MWh, más la potencia y más el certificado de energía limpia.
“CFE genera electricidad en 80 a 120 dólares el MWh. Habría que analizar esa subasta, cuánto le ahorraron a CFE y cuánto hicieron que la compra de energía de CFE fuera mucho más eficiente y mucho más económica y quizás luego sumaríamos esos 6 mil millones; la balanza seguiría siendo positiva”, añadió.
En el balance de si se logró el objetivo, la experta en energía dijo que los CEL eran algo que podía haber funcionado muy bien y que replicaba el modelo que se ha establecido en muchas partes del mundo, pero que el otro tema era el cumplimiento.
“Las empresas pueden cumplir y decir que no necesariamente son los emisores, ya que muchos de ellos son compensación de emisiones, esto quiere decir que muchas veces las emisiones ya se liberaron y en vez de reducir las emisiones lo que se hace es mitigar”, comentó.
EL CASO BIMBO
Rodrigo Benedith, economista y especialista en regulación y temas de energía, abordó en entrevista con SinEmbargo otro de los ángulos de “lo verde” en la energía, con las sociedades de autoabastecimiento.
Mencionó el caso de Bimbo, que informa a sus inversionistas que provee energía al 70 por ciento de sus centros de trabajo y evita anualmente “la emisión de aproximadamente 180 mil toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a la capacidad de absorción anual de cerca de 9 millones de árboles en un bosque”.
Benedith agregó que Felipe Calderón le dio 14 millones de pesos a la Asociación Mexicana de Energía Eólica para hacer un estudio que sirvió para que la empresa española Renovalia Energy lograra financiar —con dinero de Banobras, Nafin y Bancomext— el Parque Eólico Piedra Larga 1, en Oaxaca.
La empresa Renovalia tiene el permiso y contrato de autoabastecimiento con Grupo Bimbo, el contrato de interconexión y el convenio de transmisión con CFE. Y Bimbo paga 30 veces menos de lo que pagaría sólo por Transmisión, Distribución y Cargo por Demanda: solo 24 mil millones de pesos, cuando debería pagar 640 mil millones (anuales).
“Esta figura vienen desde la reforma de 1992 que permite que algunas empresas que utilizan electricidad de forma copiosa pudieran generar su propia electricidad y con esa surtirse, y así reducir costos, es decir, el autoabastecimiento. Estaría incluida la cuota para su transmisión y distribución (porteo). Con la reforma de 2013, lo que ocurre es que se crea la filial CFE Intermediación con contratos de interconexión legados cuya única función es administrar estos contratos que ya venían previo a la reforma”, explicó Benedith.
Con respecto al tema de Bimbo, que utiliza estas herramientas, en el parque eólico Piedra Larga 1, presume que tiene esa tarifa de portero como parte integral de su promoción para atracción de inversión, cuando Piedra Larga se financió con fondos de la transición energética.
La Secretaría de Energía le dio alrededor de 14 millones a la Asociación Mexicana de Energía Eólica para realizar un estudio que indicara dónde era mejor instalar las turbinas de generación eólica en Oaxaca. El estudio lo entregaron en 2011 y ahí establecieron que al fondo podía acceder “cualquier entidad pública o empresa privada que pueda utilizarlo para colocar sus parques o sus usuarios”.
“Y ahí, se firma el contrato de régimen de sociedad de autoabastecimiento con Grupo Bimbo y ellos inyectan 25 por ciento de capital propio; el resto de la inversión la hizo la banca de desarrollo mexicana […] Bimbo tuvo solo el 0.01 por ciento de la sociedad accionaria pero le va a surtir a las empresas de Grupo Bimbo a lo largo de todo el país, como ellos dicen en su propio comunicado, al que al 70 por ciento de sus centros de trabajo […] en los estados financieros la empresa informa que el desarrollo eólico le da ingresos por casi 300 millones de pesos anuales”, detalló.
Y otro dato: todas las empresas de Grupo Bimbo están integradas en esta sociedad de autoabastecimiento. El economista comentó que en promedio la empresa estaría pagando 30 veces menos de tarifa de porteo con este régimen de sociedad de autoabastecimiento.
Sobre la transición energética, comentó que México está “bastante lejos” de terminar con las energías fósiles.
Al retomar el caso del Parque de Piedra Larga 1, lo que hace es surtir, además de Bimbo, al Papalote Museo del Niño, pero cuentan también con hornos a base de carbón y gas natural para fundir la piedra caliza y generar calor “es casi como un contrasentido en términos ambientales, en términos económicos y financieros, aunque tiene sentido porque es energía más barata. Ahí te das cuenta de todas las aristas que existen en la transición energética”, concluyó.
