Ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, detalló que en estos delitos están envueltos factureros, personas que usaban el outsourcing para evadir impuestos, empresas, políticos corruptos y empresarios.
Belén Saldívar|Foto EE: Cortesía Twitter / @Hacienda_Mexico|El Economista |07 de octubre de 2021, 14:26. Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, informó que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han presentado 570 querellas por delitos fiscales realizados por diversos contribuyentes.
Estas querellas representan un daño de poco más de 20,000 millones de pesos contra el fisco federal, así como contra el patrimonio de los mexicanos, dijo ante legisladores durante su comparecencia para explicar el Paquete Económico 2022 en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Romero Aranda precisó que en estos delitos están envueltos factureros, personas que usaban el outsourcing para evadir impuestos, empresas, políticos corruptos y empresarios.
Lo anterior, agregó, ha sido posible gracias a las reformas que se han aprobado contra el outsourcing y la reforma fiscal penal, lo cual también favoreció a que el año pasado la recaudación no cayera pese a la pandemia del Covid-19.
“En el 2020 hubo una recaudación muy importante contra los grandes contribuyentes y, paralelamente, se presentaron 42 denuncias contra grupos factureros más importantes del país y se van a presentar 100 querellas contra las personas que han consumido las facturas o las han recibido asimilables a salarios”, dijo.
Destacó que, del lado de la reforma fiscal penal, uno de los objetivos es poder investigar e ir por las cabezas de los grupos delictivos de las factureras. Esto ha permitido que se empezaran procedimientos contra personas físicas como personas morales que han hecho una defraudación fiscal de 7.8 millones de pesos o más.
También informó que se han vinculado a proceso más de 100 casos de delitos fiscales, que representan un monto de 2,000 millones de pesos, además de detectarse 50 asuntos de delitos financieros referentes a centros cambiarios sin registro, sociedades de ahorro, entre otros.
