Amnistía Internacional asegura que el Estado mexicano es omiso en investigar feminicidios; la entidad que tiene las mayores inconsistencias es el Estado de México.
PorDalila Sarabia@Dalila_Sarabia| Foto Cuartoscuro | Animal Político |25 de septiembre, 2021. Las insuficiencias en las investigaciones de violencia feminicida en México son una constante, y aunque no hay entidad que esté exenta de esto, el Estado de México registra las mayores fallas en la materia con el constante extravío de evidencia, falta de análisis de otras posibles líneas de investigación y carencia de perspectiva de género en sus procedimientos, señala Amnistía Internacional.
“El Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar y, por lo tanto, de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, y de su deber de prevenir la violencia contra las mujeres. Asimismo, el Estado mexicano persiste en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias víctimas de feminicidio y desaparición, el deber de no discriminación, y el derecho a la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen las familias”, señala el organismo internacional.
En el reporte “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, Amnistía Internacional expone que durante 2020 en México se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades del país. 10 cada día.
Del total de las muertes violentas de mujeres, 432 se registraron en Guanajuato, convirtiéndose en la entidad con mayor número de casos. Le siguen el Estado de México con 403, Chihuahua con 288 y Baja California con 287.
Aunque el reporte presenta datos de toda la república, se centra en los hallazgos encontrados en el Estado de México al tratarse no solo de uno de los estados más grandes y urbanizados del país, sino por ser la entidad federativa con menor calidad comunitaria, la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y la que tiene el índice de impunidad más alto.
Para explicar cada una de estas deficiencias, Amnistía Internacional presenta distintos casos de feminicidio ocurridos en los últimos años en el Estado de México a los que ha dado seguimiento a través de las carpetas de investigación y entrevistas con los familiares.
Pierden evidencias
En 2003, Nadia Muciño desapareció. Cuando su sus padres acudieron a las autoridades para reportar que no la encontraban estas no aceptaron el reporte porque no habían pasado 72 horas y seguramente -les dijeron- “estaría con su novio”. El esposo de Nadia dijo que no estaba con él.
Seis días después Nadia apareció con vida. Explicó a su familia que su esposo la había golpeado y encerrado en un baldío pero que ante el miedo de que fuera encontrada por su familia que llevaba días buscándola, decidió liberarla bajo la amenaza de que haría daño a sus hijos si comentaba lo sucedido.
“A pesar de que Nadia interpuso una denuncia por haber sido privada de su libertad, la familia afirma que nunca tuvo conocimiento de que las autoridades hicieran ningún tipo de investigación. Al cabo de dos meses de haber huido, Nadia decidió reconciliarse con su esposo”, se relata en el informe de Amnistía Internacional.
El 12 de febrero de 2004 la mamá de Nadia recibió una llamada en la que le informaban que su hija se había suicidado. Cuando llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida colgado de una viga del baño. Los hijos de Nadia que en ese momento tenían 5, 4 y 2 años de edad fueron testigos de lo ocurrido.
Las autoridades llegaron cinco horas después del llamado de emergencia y no realizaron una inspección completa del lugar ni recolectaron evidencia: la soga y agujeta que utilizó Nadia para supuestamente quitarse la vida desaparecieron.
La primera línea de investigación fue que la mujer se había suicidado, aunque después el Ministerio Público solicitó se girara orden de aprehensión en contra de la pareja de Nadia y su hermano pues según los testimonios de los menores -que presenciaron lo sucedió- ambos la habían golpeado hasta quitarle la vida y habrían preparado la escena para simular que Nadia se había suicidado.
En 2009 se condenó al cuñado de Nadia pero en 2010 fue absuelto porque los magistrados consideraron que los testimonios de los niños eran “fantasiosos” y no tenían valor probatorio, a pesar de la existencia de periciales que indicaban que el relato de menores eran coherentes con su edad.
“En el año 2012, ocho años después del asesinato, el esposo de Nadia fue detenido y, en 2017, condenado por homicidio, ya que en 2004 todavía no existía el tipo penal del feminicidio. A diferencia de lo ocurrido con su hermano, el esposo de Nadia pudo ser condenado después de que la Fiscalía robusteciera su acusación con exámenes periciales adicionales (consistentes en la declaración de los hijos de Nadia), los cuales reforzaron la inspección ministerial realizada en 2004. Estos exámenes complementaron los testimonios de los hijos de Nadia recabados en primer lugar y permitieron demostrar que la tesis del suicidio, argumentada por la defensa y seguida inicialmente por el equipo de peritos de la Fiscalía, no era posible”, detalla el informe.
Durante todos estos años la familia de Nadia, especialmente su mamá, tuvo que encargarse de la investigación y recolectar pruebas y testimonios para que la autoridad tuviera materia con la cual trabajar porque en estricto sentido ellos no lo estaban haciendo.
Su sueldo, el de su esposo y todos sus ahorros sirvieron para pagar los gastos del proceso judicial y el cuidado de sus cinco hijos y los tres hijos de Nadia, quienes quedaron bajo su cuidado tras el asesinato.
“El caso de Nadia Muciño Márquez muestra que, a pesar de la importancia de que las autoridades lleven a cabo un adecuado recaudo y protección efectiva de la prueba, hay evidencias en las investigaciones de los feminicidios que se pierden o, mejor dicho, que ‘son perdidas’.
“La pérdida de evidencias se observa en el resto de los casos de feminicidio conocidos por Amnistía Internacional para la elaboración de este informe y es una cuestión que ha sido puesta de manifiesto por otras investigaciones realizadas en México, lo que sugiere que constituye un patrón de la forma en la que se llevan a cabo las investigaciones penales en el país”, expone el organismo internacional.
Falta investigación
En las investigaciones de los feminicidios precedidos de desaparición es constante que las autoridades no investiguen suficiente: no se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso y tampoco se realizan las diligencias necesarias para agotar de forma exhaustiva una línea de investigación concreta.
Para explicar esta deficiencia, Amnistía Internacional expone el caso de Julia Sosa quien desapareció el 16 de octubre de 2018. La mujer de 43 años vivía en el municipio de Ozumba, en el estado de México. Era comerciante y tenía cinco hijas y dos hijos.
Al igual que el caso de Nadia cuando sus hijas acudieron a las autoridades a denunciar la desaparición de su mamá no pudieron levantar la denuncia porque no habían pasado 72 horas. Hasta el 20 de octubre fue posible interponer la denuncia en la Fiscalía de Amecameca.
“A pesar del conocimiento de la desaparición y de la denuncia interpuesta, las autoridades no llevaron a cabo las acciones de búsqueda adecuadas. Por ejemplo, no se trató de geolocalizar el teléfono de Julia ni de rastrear los movimientos en sus cuentas, a pesar de que sus hijas manifestaron haber recibido ‘mensajes raros’ desde su teléfono pidiendo las claves”, se expone en el informe.
Ante la inacción de las autoridades, las hijas de Julia tuvieron que investigar por su parte y comenzaron a sospechar de la pareja de su mamá. Cuando lo confrontaron el hombre señaló que estaba recibiendo amenazas y les entregó las llaves del rancho donde trabajaba por lo que las jóvenes acudieron a ese punto a buscar a su mamá.
Hacia las 19:00 horas, ya en el lugar, advirtieron que en una zona del rancho había tierra removida por lo que comenzaron a excavar. Ahí encontraron una sábana y vieron una parte de un cuerpo humano, por lo que llamaron a las autoridades.
Sin embargo estas no se presentaron “porque no tenían personal suficiente”, así que las hijas de Julia tuvieron que quedarse solas toda la noche resguardando el lugar.
“No fue hasta el día siguiente -a las dos de la tarde- que llegó al rancho un agente de la policía municipal para resguardar el lugar hasta la llegada del personal del Ministerio Público, quienes acudieron a las cinco y media de la tarde, casi 21 horas después del aviso. Las autoridades continuaron la excavación y posteriormente confirmaron el hallazgo de una persona sin vida, corroborando las hijas de Julia que se trataba de su madre”.
Ese mismo día, el 24 de octubre, la pareja sentimental de Julia fue encontrado colgado de un árbol. Según las autoridades él habría asesinado a la mujer y posteriormente se habría quitado la vida. Sin embargo, las hijas de Julia tenían indicios de que en el asesinato de su madre habría participado otra persona.
A pesar de las sospechas de la familia, las autoridades no abrieron otra línea de investigación justificando que fue la pareja de Julia quien la mató y que el caso estaba “claro”.
De acuerdo con testimonios recabados por Amnistía Internacional, agentes del Ministerio Público en el Estado de México atribuyen a la excesiva sobrecarga de trabajo a la que están sometidos la imposibilidad de investigar exhaustivamente todos los casos que tienen asignados.
Sin perspectiva de género
Diana Velázquez de 24 años salió de su casa a hacer una llamada el 2 de julio de 2017. Vivía en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México.
Al ver que no regresaba sus padres salieron a buscarla en la colonia, preguntaron por su paradero en hospitales y comisarías, pero no aparecía. Una vez más la denuncia no pudo presentarse porque no habían pasado 72 horas, así que sus padres siguieron con su propia búsqueda.
La misma madrugada del día que desapareció, hacia las 05:00 horas, un vecino llamó a las autoridades para denunciar que había una persona sin vida en la vía pública, a unas cuadras de la casa de Diana.
“Se trataba de Diana, pero los agentes de la policía la identificaron como una persona del sexo masculino. Más tarde, tal y como consta en el expediente judicial, el agente de la policía municipal argumentaría en una de sus declaraciones que identificó a Diana como un hombre porque cerca del lugar del hallazgo ‘se juntan varios travestis’”, narra Amnistía Internacional.
Al ser identificado el cuerpo de Diana como el de un hombre su familia no tuvo conocimiento de que había sido hallada hasta que un día, mientras entregaban documentación complementaria para su búsqueda en el Centro de Justicia de Nezahualcóyotl preguntaron en el SEMEFO si había alguien con las características de Diana.
“Nos metieron y no estaban en el congelador, solamente estaban tirados todos en el piso, estaba muy sucio ahí adentro, había sangre. Hasta que llegamos al cuerpo de Diana, nos lo señalaron con el pie y nos dijeron que ella era. Le pegaba el sol, estaba con muchos cuerpos ahí en el piso. Yo me quedé como… me impresionó todo lo que vimos.”, cuenta Laura, hermana de Diana.
Las pruebas periciales confirmaron que Diana había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada.
Una vez más se constató la pérdida de otras evidencias, pues la ropa interior que llevaba Diana nunca apareció y las autoridades tardaron más de un año en regresar al lugar de los hechos para buscarla, tal y como queda constatado en el expediente judicial.
El caso de Diana ha tenido pocos avances y al momento continúa impune.
“La falta de perspectiva de género se observa en el trato hacia las víctimas por parte de algunas personas servidoras públicas, que realizan, por ejemplo, comentarios discriminatorios y culpabilizantes sobre la víctima.
“En esta línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha manifestado que una de sus preocupaciones sobre la situación de las mujeres en México es la ‘existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, entre las cuales se encuentran los estereotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre los miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía”, subraya Amnistía Internacional.
