Al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, Luis Echeverría enfrentó a principios de este siglo un juicio por genocidio –tanto por la matanza de Tlatelolco en 1968 como por el “Halconazo” de 1971–, al tiempo que él y su familia acrecentaban su riqueza por medio de una docena de empresas.
Al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, Luis Echeverría Álvarez enfrentó a principios de este siglo un juicio por genocidio –tanto por la matanza de Tlatelolco en 1968 como por el “Halconazo” de 1971–, al tiempo que él y su familia acrecentaban su riqueza por medio de una docena de empresas inmobiliarias, cuya existencia sale a la luz pública con motivo de una demanda laboral interpuesta por uno de sus exempleados. A escasos cuatro meses de que cumpla 100 años, el expresidente vive recluido en una habitación de su residencia en San Jerónimo. Personas que trabajaron para él dicen que sus hijos lo despojaron y lo tienen en el abandono… Eso sí, a salvo de la justicia.
Por José Gil Olmos|Foto: Pedro Valtierra / Archivo / Cuartoscuro.com|domingo, 12 de septiembre de 2021| CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El expresidente Luis Echeverría Álvarez casi alcanza un siglo de edad y pasará a la historia como responsable de la matanza de Tlatelolco en 1968 y del “Halconazo” de 1971. Pero también por la riqueza que hizo crecer bajo la égida del poder presidencial, con la creación de una docena de empresas inmobiliarias que le han generado a su familia millones de pesos desde 1976 y que ahora salen a la luz por un juicio laboral.
En 2006 Echeverría fue el primer presidente de México sometido a juicio. En noviembre de ese año se libró una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación, y de la matanza del 10 de junio de 1971 ya como presidente.
Sin embargo, por su edad y estado de salud, ambos cargos los pasó en prisión en su residencia de San Jerónimo y luego de tres años fue exonerado.
Al mismo tiempo que era llevado a juicio, la suerte sonreía a los hijos de Echeverría, pues en pleno arraigo domiciliario del presidente en su residencia de Magnolia 131, en San Jerónimo, fueron notificados que una sola de sus empresas, Club y Residencias de Cuernavaca, SA, propietaria de las instalaciones del Hotel Camino Real Sumiya en Jiutepec, Morelos, había registrado un incremento de capital de 24 millones de pesos.
Según la escritura pública 178253, expedida ese día por el notario 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda, el capital social de la empresa pasó de 38 millones 170 mil 167 a 62 millones 170 mil 767 pesos –un incremento real de 24 millones–, situación que se notificó durante la asamblea ordinaria de accionistas encabezados por su hija, María del Carmen Echeverría Zuno (Apro, 2 de enero de 2007).
La riqueza de Echeverría quedó bajo el control de algunos de sus hijos. Está concentrada en 12 empresas: Administradora de Inmuebles Citlali, SA; Inmuebles Superación, SC; Inmuebles Abril, SC; Inmuebles Potam, SC; Inmuebles Cocori, SC; Inmuebles Nainari, SC; Club y Residencias de Cuernavaca, SA de CV; Cuernavaca Primavera, SA; Operadora de Hoteles y Restaurantes Sumiya, SA de CV; Bello Caribe, SC; Inmuebles Pez, SC; y Bella Ixtapa Inmobiliaria, SA.
En 2002, a los 80 años del expresidente, algunos de sus hijos lograron que “les donara” el total de los bienes, con lo que dejó de ser usufructuario vitalicio de la riqueza generada por esos negocios inmobiliarios. Se trató de un despojo porque esa cesión la hicieron a sus espaldas, dice Heraclio Bonilla, quien fue abogado del exmandatario.
El expresidente, de acuerdo con personal que trabajaba para él y que también fue despedido de forma injustificada por los hijos, quedó recluido, abandonado, en su propia casa. Próximo a cumplir 100 años, el 17 de enero, Echeverría vive arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia, aseguró María Modesta Gil Cedillo, quien fue su asistente personal durante 25 años, hasta que fue despedida con agresiones de sus hijos, en diciembre de 2018, motivo por el que también están demandados penal y laboralmente (Proceso 2209).
Ahora, como responsables de las empresas, los hijos del expresidente perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos, aproximadamente, a quien fuera su contador, Raúl Olvera Gómez.
El juicio ha permitido develar la fortuna que acumuló Echeverría muy al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, pues al mismo tiempo que era enjuiciado políticamente, los negocios familiares se multiplicaban y se hacia más rico junto con su familia.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2341 de la revista Proceso
