06:00 Jorge A. Pérez Alfonso| Periódico La Jornada| lunes 06 de septiembre de 2021 , p. 31|Oaxaca, Oax., Es difícil comprender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Oaxaca (Uaco) con el “pretexto” de que no se cumplió el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas para su aprobación, afirmó Érica Hernández, coordinadora académica de la institución.
Agregó que esa casa de estudios tiene 16 centros de aprendizaje en igual número de municipios de la Sierra Norte del estado; “si no existiera la aprobación de los pueblos, jamás hubieran podido instalarse ahí”.
Puntualizó que la Uaco es una institución surgida de la comunalidad y de la cooperación entre poblados indígenas, que con esfuerzo y unión crearon una casa de estudios enteramente autónoma que aprovecha los conocimientos ancestrales.
En entrevista, Hernández consideró “raro” que no se sepa quiénes llevaron este caso a la SCJN, lo que afecta el proyecto de la Uaco y a sus más de 350 alumnos de licenciatura.
Expuso que “esto fractura todo el proceso, un camino andado de más de 15 años con la creación de proyectos educativos desde las comunidades, procesos propios de formación que buscan resignificar el conocimiento ancestral”.
Subrayó que el surgimiento de la Uaco no fue ocurrencia de alguien, sino un proyecto en el cual se ha trabajado desde hace más de tres lustros y que encontró eco en la 64 Legislatura, que apoyó su creación.
Opera sin presupuesto
La Uaco, dijo, se consolidó en 2020, cuando fue reconocida por autoridades estatales y federales; sin embargo, a la fecha no cuenta con presupuesto, y aun así funciona, recalcó Érika Hernández.
Esta casa de estudios “nace del corazón de los pueblos”, por lo que es muy diferente a otras cuyo origen viene de la academia; . Aquí se realizaron procesos de asamblea en las 16 comunidades con toma de decisiones con actas de reconocimiento al proceso.
La coordinadora académica de la Uaco señaló que en la institución no se explican los criterios que sustentan el fallo.
La universidad y la legislatura tendrán 18 meses para solventar las observaciones que hizo el máximo tribunal.
