La protección de los derechos humanos por la vía judicial se vio dramáticamente disminuida en la primera etapa de la crisis sanitaria en México a causa de la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente.
La protección de los derechos humanos por la vía judicial se vio dramáticamente disminuida en la primera etapa de la crisis sanitaria en México a causa de la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente, tras los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal para reducir la actividad de los juzgados y disminuir los contagios, revela el informe El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19.
Por Juan Omar Fierro| Foto: Octavio Gómez |jueves, 12 de agosto de 2021. |CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México los grupos vulnerables, como migrantes, personas en situación de pobreza y población en situación de calle han sufrido retrocesos en su derecho a la salud, a la integridad personal y a la posibilidad de acudir a una autoridad para que puedan defender sus derechos, señala el informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de covid-19”.
Elaborado por nueve organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el reporte advierte que gran parte de estos retrocesos se debieron a la discrecionalidad de los jueces para definir lo que consideraron un caso urgente tras los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para reducir la actividad de los juzgados y de esa manera disminuir los contagios en la primera etapa de la crisis sanitaria en México.
Debido a que en muchas ocasiones los secretarios de guardia en los juzgados federales comunicaban de manera verbal a la parte afectada que el juicio de amparo que pretendían presentar “no era urgente”, las personas que reclamaban la violación a alguno de sus derechos –falta de agua, por ejemplo–estaban imposibilitadas para impugnar dichas negativas ante un tribunal federal.
Sin un documento que avalara la resolución de negarles el acceso a la justicia para poder presentar una demanda de amparo, los abogados de migrantes o personas que padecían alguna enfermedad tenían que esperar al cambio de turno para que un juzgado diferente finalmente les diera entrada a sus demandas, sin importar que en el recurso legal se estuviera reclamando el cumplimiento de una necesidad básica, como la carencia del servicio de agua potable en medio de una crisis sanitaria.
Además, el reporte encontró que la implementación del juicio en línea también presentó fallas, particularmente por los errores en la plataforma y por la ausencia de personal especializado en la Judicatura que brindara atención ciudadana para quienes intentan hacer uso de la llamada “justicia digital”, situación que en un país como México se agravó por la escasez de acceso a internet y a una computadora de hasta 40% de los mexicanos.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2336 del semanario Proceso.
