Las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales por adjudicación directa o invitación restringida.
Redacción AN / ES /11 de agosto 2021 3:29 pm. Las empresas del Estado como Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Función Pública (SFP) y Diconsa usaron mayormente las adjudicaciones directas como método de contratación en 2020, detectó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De acuerdo con una investigación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC)”, Imco señaló que al no priorizan la licitación pública para contratar a nuevo personal, se destinan miles de millones de pesos a las adjudicaciones directas.
“Esto implica mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas”, indicó Imco.
Las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida. La finalidad es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.
En la investigación difundida en la página web de Imco, señalan que Birmex, empresa de propiedad estatal, asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
Por su parte, el Insabi destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020. Por su parte la Semar no destinó recursos por licitación pública en 2020, más bien adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
Mientras que ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública Diconsa adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.
“La ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Las instituciones federales realizan más de 150 mil compras cada año, con el objetivo de monitorearlas, el Imco desarrolló el IRC, el cual identifica las áreas de riesgo y malas prácticas en cada una de las instituciones”, subraya.
