Datos oficiales actualizados revelan que, pese a la pandemia, no se agilizaron procedimientos y la población de personas en prisión creció. Especialistas esperan que con nuevo decreto, que se publicará esta semana, se corrijan situaciones que no han funcionado aunque advierten nuevos riesgos
Por Arturo Angel@arturoangel20|Foto Cuartoscuro| 3 de agosto, 2021. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía en abril del año pasado, más de 900 internos han solicitado formalmente este beneficio para poder salir de prisión de manera anticipada, sin embargo, menos del 2% lo recibieron. El resto de los casos siguen pendientes de resolución o fueron rechazados.
Aunque dicha ley se aprobó en el contexto de la emergencia sanitaria y con el argumento de que urgía despresurizar las prisiones para prevenir contagios, la comisión responsable de aprobar las solicitudes que se presentan solo ha sesionado de manera ordinaria tres veces en un año. Mientras tanto, en el mismo lapso la población penitenciaria creció en más de 10 mil reos.
Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia arrojan que hasta el cierre de junio pasado se habían recibido 938 solicitudes de amnistía que cumplen con las formalidades marcadas en los procedimientos.
La mayoría de las solicitudes, 647, corresponden a internos federales presos por delitos de posesión o distribución de drogas, que es uno de los que contempla la ley como posibles beneficiarios de la amnistía. El resto de las solicitudes son por otros ilícitos y también hay ocho casos de personas de origen indígena que argumentaron que sus procesos fueron ilegales, situación que también contempla la ley para alcanzar este beneficio.
De todas las solicitudes presentadas la Comisión de Amnistía, que es el único órgano facultado para resolver los casos que potencialmente pueden alcanzar este beneficio, ha considerado procedentes solo 38 de ellas. Y de ellas, solo 17 han sido aprobadas por un juez federal, quien es el único facultado para ordenar o no la liberación de una persona en prisión.
Lo anterior significa que apenas el 1.8% de los internos que presentaron formalmente su solicitud de amnistía han alcanzado la liberación.
En cuanto a las otras solicitudes que la Comisión aprobó y envió a los jueces correspondientes, una de ellas fue rechazada por no cumplir los requisitos legales y las otras 20 continúan bajo análisis de los tribunales.
Y respecto a las solicitudes presentadas que no han sido enviadas a un juez la mayor parte de ellas siguen bajo análisis de la secretaría técnica y de la comisión de amnistía, con excepción de 217 casos donde se identificó que el delito cometido por el preso no se adecua a ninguno de los que contempla la referida Ley.
¿Por qué tan pocas? Retrasos, burocracia y poca voluntad
La Ley de Amnistía se aprobó en abril de 2020 en una sesión realizada de manera exprés y prácticamente sin discusión en el Senado. Los legisladores rescataron la iniciativa que estaba congelada desde un año antes, bajo el argumento de que era urgente agilizar la salida de internos de las prisiones ante el avance del COVID-19 y los riesgos de contagios.
Lo anterior, sin embargo, no se cumplió y la situación se agravó. Datos oficiales indican que la población en los centros penitenciarios del país pasó de 209 mil 53 internos en mayo de 2020 a 220 mil 647 en mayo de 2021; un crecimiento de más de 10 mil internos.
De acuerdo con especialistas consultados por este medio, la Ley de Amnistía nunca fue pensada como un mecanismo para despresurizar las prisiones, pues su espíritu era otro: sacar de la cárcel a quien no debería estar en ella. Pero, además, se han presentado problemas burocráticos que han retardado su aplicación.
De entrada, la creación de la comisión responsable de recibir y analizar las solicitudes de amnistía no se materializó sino hasta el 18 de junio del año pasado, es decir, casi dos meses después de que ya se había promulgado la ley. El retraso obedeció a temas presupuestales y normativos.
Desde esa fecha, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia, dicha comisión solo ha sesionado en tres ocasiones de forma ordinaria: la primera el 23 de junio de 2020 para su instalación; la segunda el 21 de diciembre de 2020; y la última el pasado 29 de marzo. Para efectos prácticos, son solo dos las sesiones realizadas en donde se han analizado solicitudes.
Y aunque la ley y el decreto por el que se instaló la comisión la faculta para convocar y realizar sesiones extraordinarias, no se ha realizado ninguna.
“Aquí hay una clara falta de voluntad política. Son prácticamente solo dos sesiones donde se han evaluado los casos. Es probable que la próxima semana vuelva a sesionar pero aun con eso… tres sesiones en casi un año y medio habla de la falta de intención de atender esta problemática” dijo Viridiana Valgañón, abogada Senior de la organización Equis Justicia
La aprobación final de una amnistía requiere además la autorización de un juez federal denominado juez de Ejecución de Sanciones. Pero durante la pandemia el Poder Judicial Federal no consideró a dichos jueces como prioritarios, por lo que las audiencias se suspendieron por varias semanas. Esto a diferencia de los jueces de control que son los responsables de dictar prisiones preventivas y que siguieron operando.
Como resultado la carga de audiencias y trabajo pendiente en los juzgados de ejecución se acumuló sin que hasta la fecha se haya logrado el desahogo.
Además de todo este entramado burocrático, agrega la abogada Valgañón, está el hecho de que los beneficios de la Ley de Amnistía tampoco fueron difundidos en los centros penitenciarios, y que la redacción de la norma y sus lineamientos son confusos o incompletos.
“El procedimiento es opaco y poco claro. Tu presentas tu solicitud, pero nunca sabes cuando te van a resolver, en cuánto tiempo, cómo te lo van a comunicar, y mucho menos sabes qué hacer si la respuesta es negativa. Y encima de todo eso la ley presume la negativa ficta, es decir, asumir que si no te contestan es porque la respuesta es negativa aunque no sabes si en realidad si procesaron tu caso”, dijo la abogada.
Por la complejidad del trámite, Valgañón dijo que necesitas un abogado que acompañe la solicitud y tener cierto nivel de recursos a la mano para llevar el trámite, lo que ya condiciona el acceso a muchos internos que provienen de comunidades indígenas, o de zonas marginadas y golpeadas por la pobreza.
La Ley de Amnistía ha tenido un efecto nulo en los estados. Aunque en el decreto por el que se creó se estableció un exhorto a las entidades para que adecuaran sus legislaciones y crearan sus leyes locales en esta materia, hasta la fecha ninguna ha terminado ese procedimiento.
Dudas tras nuevo plan para liberar a reos
El pasado 29 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un decreto para liberar a internos de cárceles federales por delitos no graves que lleven más de 10 años sin sentencia, a personas con enfermedades crónicas que tengan más de 65 años, y a quienes prueben que han sido torturados, entre otros.
Las expertas consultadas por Animal Político consideraron que si bien el anuncio realizado es positivo desde la perspectiva de los derechos humanos, hay que esperar a conocer la forma en que esto se pretende llevar a cabo y sus alcances.
“En general, pero sobre todo durante la actual pandemia cualquier medida que permita la liberación de personas privadas de la libertad es positiva. Una de las lecciones de la Ley de Amnistía, sin embargo, es que todo está en los detalles: cómo se redactarán las medidas que se pretenden aplicar y cómo se operaran”, dijo Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta.
María Sirvent, directora de la organización Documenta A.C., coincidió en que es importante conocer como aterrizará el mencionado decreto la operación de estas liberaciones. Un punto fundamental será el universo de internos beneficiados, pues señaló que a nivel federal no son numerosos los reos en prisión preventiva por “delitos no graves”.
En el caso de los reos que padecieron tortura, la especialista adelantó dudas en torno a que sea solo con el Protocolo de Estambul como se pretenda liberar a los internos. Dijo que se trata de una prueba pericial que practican en su mayoría las propias autoridades denunciadas por tortura, por lo que muchos de los resultados no son del todo confiables.
Agregó que será importante conocer que plan de readaptación propone el gobierno para las personas que pretende liberar, dado que muchas de ellas han perdido contactos sociales y familiares y su reincorporación puede ser complicada.
“Esto debe ir acompañado de planes de reinserción y no solo liberar por liberar. ¿Cuáles son las condiciones para que estas personas regresen a sus comunidades y qué plan de reinserción integral va a poner en marcha el gobierno? ¿Qué oportunidades van a tener estas personas una vez que salgan? Son temas prioritarios que esperemos se estén considerando”, señaló Sirvent.
Valgañón de Equis Justicia advirtió que, si no se le ponen dientes al nuevo decreto y si no existe una clara voluntad política para, por ejemplo, aterrizar estos beneficios también en los penales estatales, continuaremos con “promesas que no se van a cumplir y con personas que seguirán privadas de su libertad en medio de la pandemia y con las malas condiciones en que operan las cárceles mexicanas”.
