El coordinador del Movimiento Ciudadano por el Agua, Alberto Vizcarra Ozuna, cuestiona las versiones de la Fiscalía de Sonora sobre el conflicto por la instalación de una caseta de peaje como el móvil del asesinato de Tomás Rojo, pues eso no estaba en la lista de prioridades del líder yaqui. Su lucha no era contra el inframundo criminal, dice, sino contra los criterios de una política hídrica. “Es evidente que las motivaciones de este crimen trascienden la simple disputa por una caseta de cobro en el territorio yaqui”, afirma Vizcarra en el texto que aquí compartimos.
Redacción AN / BDL/ 8 de julio 2021 10:03 am/Por Alberto Vizcarra Ozuna. Las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Sonora sobre el asesinato del vocero y defensor del agua y el territorio yaqui Tomás Rojo Valencia fueron presentadas este lunes 5 de julio por la tarde. La fiscalía montó el escenario para presentar una estrecha colaboración con los distintos órdenes de gobierno involucrados en las pesquisas. La fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, le dio puntual lectura a los contenidos de la carpeta de investigación. Después de mostrar todos los segmentos del proceso, presumió la captura de uno de los presuntos autores materiales y anunció con ello la posible detención de más implicados.
La fiscal reconoció en todo momento el liderazgo transparente e indiscutible de Rojo Valencia como defensor del territorio y el agua de la tribu yaqui. Dijo que para determinar el móvil del homicidio no se descartó ninguna línea de investigación, para luego afirmar que la más fortalecida es la que supone que el dirigente yaqui fue ultimado por círculos del crimen organizado (ajenos a la etnia) que han tomado control de los retenes de cobro de peaje sobre la carretera internacional que cruza el territorio yaqui. Informa que la víctima gestionaba el establecimiento de una caseta de cobro en el territorio, para que los ingresos por derecho de peaje tuvieran como destino obras de beneficio para el pueblo yoreme. De ahí, la fiscal desprende la conjetura: estas supuestas gestiones de Tomás, molestaron a los malos y por eso decidieron eliminarlo.
Claudia Indira Contreras, fiscal de Sonora
Quien soltó la idea peregrina de la instalación de una caseta de cobro de peaje en el territorio yaqui fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras de marzo del año pasado. Los que mantuvieron contacto cercano con Rojo Valencia durante todo el proceso de la lucha por la defensa de las aguas del Río Yaqui, saben que la demanda por la instalación de una caseta de peaje no estaba en la lista de sus prioridades. El despliegue de Tomás para defender la existencia de la tribu, en particular durante la última década, siempre fue de mayor alcance. Su homicidio no se puede diluir en una disputa de poca monta. Su lucha no era contra el inframundo criminal, sino más bien contra los criterios de una política hídrica que al observar el agua como una mercancía y como una palanca de proyección de grandes negocios inmobiliarios, no les ha importado afectar a las comunidades indígenas y a los procesos sociales y productivos vinculados al bienestar general.
Tomás, como otros voceros de la tribu, junto con el Movimiento Ciudadano por el Agua y los productores rurales del sur de Sonora, lograron identificar la tipificación de estas políticas en el entramado de intereses financieros privados que se proponen apropiarse de los caudales del Río Yaqui, desviándolos a la ciudad de Hermosillo con la operación ilegal del Acueducto Independencia. En muchos momentos y en diferentes escenarios, el vocero yaqui dio testimonio de su comprensión sobre el significado estratégico de esta lucha. La cual mantuvo siempre como una prioridad en su agenda de resistencia.
Rojo Valencia seguía con minuciosidad y en forma sistemática, los procesos judiciales vigentes en contra de la operación del acueducto y de su extensión urbana en la ciudad de Hermosillo: el Acuaférico Oriente o Ramal Norte. Veía con beneplácito el Plan de Justicia para los Pueblos yaquis, ordenado por el presidente, pero hasta el último momento de su vida, mantuvo la observación crítica sobre los directivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quienes se empeñan en utilizar los beneficios ofrecidos por el plan a cambio de que los yoremes terminen por aceptar la imposición del Acueducto Independencia.
Rojo Valencia desapareció el 27 de mayo en Vícam; sus restos fueron localizados el 17 de junio en un despoblado.
El vocero yaqui sabía que el pueblo yoreme, por su historia, por su apertura a las alianzas sociales, por su identidad con la intención de Lázaro Cárdenas, contiene, dentro de su fragilidad, una poderosa fuerza moral para encarar, en este caso, a los que se quieren quedar con la proverbial “tajada del león”, desviando las aguas del Río Yaqui a otros destinos y a otros usos.
En una de sus últimas conversaciones, Tomás, con su acostumbrada suspicacia, explicaba que el inframundo criminal tiene como comando a intereses que se mantienen con sus cuellos blancos. Es evidente que las motivaciones de este crimen trascienden la simple disputa por una caseta de cobro en el territorio yaqui.
Ciudad Obregón, Sonora, 7 de julio de 2021
