El asesinato de Isaac Gamboa -exfuncionario de Hacienda de EPN y colaborador de Videgaray- y su familia, en mayo de 2020, destapó la existencia de una red de empresas fantasma presuntamente usada para lavar dinero y evadir impuestos a escala internacional.
Por Manu Ureste, Zedryk Raziel, y Arturo Ángel |Imagen Jesús Santamaría y Andrea Paredes| Animal Político | 28 de junio, 2021. —¡Al piso! ¡Tírense al piso! —ordenó uno de los agresores nada más entrar a la casa.
La matanza fue en apenas tres minutos.
Pistolas en mano y cubrebocas en la cara, los cuatro asesinos llegaron al fraccionamiento a plena luz del día.
No forzaron cerraduras, ni amenazaron a nadie.
Solo entraron y mataron.
El primero en caer fue Isaac Gamboa Lozano, un alto exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto y colaborador de Luis Videgaray desde hacía más de una década. Le dieron un disparo en la sien en el estacionamiento de la casona de Morelos donde había ido a pasar una semana de descanso con su familia.
Luego, los asesinos siguieron para liquidar de un tiro en la cabeza a Édgar y Ricardo Gamboa, hermanos de Isaac, de 37 y 35 años; también a su hermana mayor, Miriam, de 44 años, y a la madre de la familia, Patricia Lozano, de 60.
Este violento asesinato ocurrido en mayo de 2020 destapó la existencia de una mega red de empresas fantasma que fue utilizada presuntamente para lavar dinero y evadir impuestos a escala internacional por alrededor de 5 mil 800 millones de pesos, y en la que Isaac Gamboa Lozano y su esposa participaron con operaciones de, al menos, tres empresas.
Durante la investigación del multihomicidio, se encendió una alerta por el vínculo del exfuncionadio de Hacienda con la llamada “Operación Zafiro”, un caso por el que se habrían desviado 246 millones de pesos al PRI en las campañas de 2016, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal comenzaron a revisar las finanzas de Gamboa y Bethzabee ‘N’, su esposa, hoy en prisión acusada de ser la autora intelectual del brutal asesinato.
Lo que hallaron en las primeras pesquisas fue que el exfuncionario y su pareja, quien habría fungido como su prestanombres, utilizaron tres empresas fantasma para lavar, al menos, 64 millones de pesos durante el tiempo en que Isaac Gamboa fue funcionario y tras su retiro, en 2019.
Además, habrían utilizado a estas empresas fraudulentas y a presuntos prestanombres para ocultar bienes y riquezas que no concuerdan con el nivel de ingresos declarado por el servidor público y por su viuda, que no trabajaba, como numerosas propiedades; entre ellas, una mansión en Jardines del Pedregal.
Animal Político hizo una revisión de estas tres compañías en el Registro Público de Comercio y documentó que forman parte de una red mucho más grande: están vinculadas por socios, representantes, direcciones y teléfonos con al menos otras 26. Es decir, se trata de una red de 29 razones sociales, entre las que ya hay compañías incluidas en la lista negra del SAT de empresas fantasma, así como empresas con domicilios vacíos o inexistentes, tal y como se documenta en este reportaje.
Tanto la UIF como la Procuraduría Fiscal corroboraron esta red y dieron un paso más en una investigación a la que este medio también tuvo acceso: detectaron que las 29 empresas fraudulentas presuntamente lavaron casi 5 mil 800 millones de pesos, y que hicieron transferencias a cuentas bancarias en Corea del Sur, Hong Kong, China, Estados Unidos y España, entre 2014 y 2020. Es decir, realizaron múltiples operaciones de lavado durante la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto y también en lo que va de la actual administración de López Obrador.
En portales de transparencia y con herramientas de búsqueda de información, Animal Político documentó que una parte de esos casi 5 mil 800 millones de pesos lavados provienen de hasta 88 contratos que la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Partido Acción Nacional (PAN) entregaron a por lo menos seis empresas de la mega red fantasma entre 2018 y 2020, operaciones que se detallarán en una entrega más de este reportaje.
Una vez destapado todo lo anterior, la UIF presentó el pasado 8 de junio denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Bethzabee ‘N’, la viuda de Isaac Gamboa, y la red de factureras por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y solicitó el bloqueo de sus cuentas bancarias. La Fiscalía incluyó en su denuncia a otra presunta prestanombres de los Gamboa, identificada como Laura Patricia Aguilar Maya, una mujer que dice dedicarse a la cosmética, pero que sobre el papel aparece como dueña de empresas que lavaron sumas millonarias de dinero en México y el extranjero.
La UIF también dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, puesto que las compañías de la red fueron beneficiadas con contratos y recursos públicos.
Por su parte, la Procuraduría Fiscal presentó el 14 de abril pasado una querella ante la FGR por defraudación fiscal equiparada contra Bethzabee ‘N’, quien se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Morelos desde mayo del año pasado en espera del juicio por el asesinato de su esposo y de su familia.
Al término del sexenio priista, Isaac Gamboa salió de la administración pública por la puerta grande y siendo millonario.
Pero no alcanzó a disfrutar las mieles de la riqueza.
Lo asesinaron una calurosa tarde de mayo.
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Un hombre que sabía demasiado
En la administración de Enrique Peña Nieto hubo tres secretarios de Hacienda. El primero fue su hombre de confianza, Luis Videgaray, quien, en septiembre de 2016, fue relevado del cargo por José Antonio Meade, que a la postre sería candidato presidencial del PRI. Meade, a su vez, fue reemplazado por José Antonio González Anaya, un año después.
En ese vaivén de secretarios de Estado, Isaac Gamboa Lozano permaneció al frente de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), desde donde tenía el poder de abrir a los estados el chorro de recursos públicos del opaco Ramo 23, que durante el sexenio peñista creció de manera desproporcionada y se gastó discrecionalmente, según denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En este link se puede consultar el análisis elaborado por la ASF y las irregularidades detectadas. También se presenta un estudio de México Evalúa que muestra cómo el Ramo 23 se utilizó durante el peñismo para “premiar” o “castigar” a gobiernos estatales.
Fue precisamente a partir de un convenio para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), autorizado por la firma de Isaac Gamboa que el gobierno del chihuahuense César Duarte, hoy preso en Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa, desvió 246 millones de pesos al PRI en las campañas electorales de 2016, en el caso conocido como “Operación Zafiro” y que fue dado a conocer por Reforma. El titular de la Secretaría de Hacienda en la época de la malversación de fondos era Luis Videgaray.
“Gamboa tenía mucha información y mucho conocimiento de quiénes habían actuado en la ‘Operación Zafiro’. Información que, por el esquema, los montos y las entidades federativas involucradas, indudablemente habría apuntado a niveles mucho más altos (en la investigación)”, asegura en entrevista con Animal Político César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua.
El funcionario estatal sostiene que Gamboa era uno de los orquestadores principales de ese desvío millonario. Así también lo declararon a la Fiscalía testigos colaboradores imputados por este caso, entre ellos Jaime Herrera Corral, el exsecretario de Hacienda de César Duarte.
En su declaración, a la que este medio tuvo acceso, Herrera señaló que Gamboa redactó de su puño y letra el convenio del Fortafin con Chihuahua —que quedó signado con fecha del 15 de enero de 2016— y además ofreció ayuda para evitar que las transferencias desde la Hacienda federal hacia el PRI, que se hicieron a través de empresas fantasma, fueran detectadas por la ASF.
Pero Isaac Gamboa nunca llegó a ser imputado por corrupción.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo en entrevista con Animal Político que desde el gobierno de Peña Nieto se hizo todo lo posible por frenar la investigación en contra del jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda. Tanto que, según el mandatario, funcionarios federales condicionaron la entrega de recursos públicos para Chihuahua en enero de 2018 a cambio de no tocarlo. Incluso, la administración peñista acudió a la Suprema Corte para ampararse en contra de cualquier investigación en los estados en contra de su gabinete, incluyendo a Gamboa.
La riqueza oculta del funcionario de Hacienda
Siendo titular de la UPCP de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa cobraba alrededor de 139 mil pesos mensuales netos, 1.6 millones de pesos al año.
Oficialmente, no era rico, y llevaba una vida modesta en un departamento de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Pero Gamboa murió siendo dueño de una fortuna oculta.
La riqueza del exfuncionario era un secreto bien guardado entre su familia, según se desprende de las declaraciones ministeriales de los parientes que atestiguaron la masacre en Temixco, asentadas en la carpeta de investigación FEDF-RM/30/2020 de la Fiscalía de Morelos, a la que Animal Político tuvo acceso.
La esposa de Gamboa, Bethzabee ‘N’, de 39 años, con quien tenía dos hijos de 2 y 4 años, declaró ser “ama de casa” y vivir con él en su apartamento en la Ciudad de México.
Según los declarantes, la hermana mayor de Isaac Gamboa, Miriam, de 44, estudió hasta la preparatoria y trabajaba como nutrióloga naturista.
El hermano menor, Ricardo, de 35, tenía estudios de secundaria y atendía un negocio de hamburguesas en Pachuca, y los fines de semana cuidaba los pollos y caballos de una familia en esa ciudad.
El otro hermano, Édgar David, de 37, fue un funcionario federal de medio nivel entre 2013 y 2018 —en el SAT, la Secretaría del Trabajo y Gobernación— y también decía ser empresario.
La madre, Patricia Lozano, vivía en un poblado rural de Singuilucan, Hidalgo.
Y el padre, Alfonso Gamboa —quien está divorciado de Patricia y no estuvo en la reunión familiar—, vive en una colonia popular de Iztapalapa.
En apariencia, Isaac y su familia no eran acaudalados. Sin embargo, Gamboa y su hermano Édgar David se transfirieron entre sí depósitos en cheques por 6.5 millones de pesos entre 2014 y 2016, cuando los dos eran funcionarios públicos del gobierno de Peña Nieto. Y la madre de ambos, Patricia Lozano, hizo pagos por 1.6 millones de pesos, entre 2018 y 2019, con una tarjeta de crédito American Express de la que Isaac era titular.
En conjunto, Gamboa y su esposa Bethzabee eran dueños de seis inmuebles en la CDMX ubicados en Jardines del Pedregal, Santa Fe, Nápoles y Coapa, con un valor conjunto de al menos 30 millones de pesos. Otra de sus propiedades —la séptima— era una casa de descanso con alberca en el fraccionamiento Brisas, en Temixco, Morelos, donde los inmuebles cuestan entre 3 y 16 millones de pesos; allí, los Gamboa tenían contratado a personal de servicio doméstico que se encargaba del mantenimiento de la casa, hacerles el súper y cuidar de los niños.
En esa casa fue donde sucedió el multihomicidio de la familia el 21 de mayo de 2020, a plena luz del día y delante de numerosos testigos, incluidos menores.
Al interior del inmueble, el día del crimen, los Gamboa habían aparcado cinco camionetas de lujo Honda, Jeep, Chevrolet y GMC en el estacionamiento. Y en el patio donde departían junto a la alberca, los peritos de la Fiscalía hallaron dos bolsos de la ostentosa marca Louis Vuitton con 193 mil pesos en fajos de billetes de 500 y mil pesos, sin contar los teléfonos inteligentes, relojes y joyas.
Los cuatro hombres armados que efectuaron la ejecución no se fijaron en ningún objeto de valor. Sólo fueron a asesinar a los Gamboa.
La matanza les tomó menos de 3 minutos.
La red fantasma de Bethzabee ‘N’
Nada de esa fortuna había sido reportada por Isaac Gamboa en su paso como servidor público. Para la Función Pública no había ninguna inconsistencia en su evolución patrimonial, pues sólo declaró el departamento en la colonia Nápoles de la CDMX, un bien que sí correspondía con sus ingresos.
No obstante, una investigación la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, a la que accedió este medio, señala que el exfuncionario estaba vinculado a una red de empresas fantasma mediante la que habría efectuado operaciones con recursos de procedencia ilícita por, al menos, 64 millones de pesos entre 2016 y 2019, es decir, principalmente en su gestión como funcionario público de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades indagan si se trata de un caso de lavado de dinero con recursos procedentes de actos de corrupción del extitular de la UPCP, quien, según la investigación, pudo recibir gratificaciones por operar desvíos de recursos públicos del citado Fortafin, que Hacienda, con la firma autógrafa de Gamboa, repartía a los estados mediante asignaciones discrecionales, como sucedió en “Operación Zafiro”.
De acuerdo con la investigación emprendida por la actual administración, la red fantasma de Gamboa habría tenido la finalidad de ocultar su súbita riqueza, y para ello utilizó como prestanombres a su esposa, Bethzabee ‘N’, quien no presentó declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que justificaran los movimientos millonarios que efectuó desde 2016. Ante los ojos de la autoridad fiscal, Bethzabee no trabajaba, pero gastaba como si fuera rica.
Tres empresas constituidas en 2016 —el año de la “Operación Zafiro”—, Kimberly Liu SA de CV, Unfigrad SA de CV y TV&B Global Consulting SA de CV, hicieron depósitos por 29 millones de pesos directamente a dos cuentas de la esposa de Isaac Gamboa entre 2017 y 2019, según la indagatoria de la UIF y la Procuraduría Fiscal.
Además, entre 2016 y 2019, Bethzabee ‘N’ adquirió con diversas personas físicas inmuebles por 30 millones de pesos —incluida una mansión en Jardines del Pedregal— y un auto de medio millón de pesos. A su vez, en 2018, vendió dos propiedades con valor de 5 millones de pesos a la empresa Kimberly Liu, que previamente le había hecho depósitos millonarios.
Animal Político documentó que esas tres compañías creadas en 2016 forman parte de una red mayor de, al menos, 29 razones sociales, de las cuales 16 son investigadas por el SAT como posibles factureras (EFOS) y otras 2 ya fueron declaradas como fantasmas definitivas, es decir, la autoridad fiscal ya concluyó que son empresas fachada, que no tienen instalaciones, ni activos, ni personal, y que se dedicaban a la evasión de impuestos o lavado de dinero.
La viuda de Gamboa lleva más de un año en prisión preventiva en el penal estatal de Atlacholoaya, Morelos, acusada de planear el asesinato de su esposo junto con un supuesto amante, un marino que era escolta del exfuncionario de Hacienda, lo que ha llevado a que autoridades de Morelos y federales apoden a Bethzabee “La Viuda Negra”.
La Procuraduría Fiscal presentó el 14 de abril de este año una querella ante la FGR en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, debido a que no declaró impuestos por 7.7 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2018. Las cuentas bancarias de Bethzabee ‘N’ ya fueron bloqueadas, lo que la obligó a terminar su contrato con el despacho privado de abogados que la asesoraba en su proceso judicial y a acogerse a una defensora de oficio del estado de Morelos.
Al indagar la riqueza oculta de Gamboa y su prestanombres, las autoridades de Hacienda siguieron la pista a la red de 29 empresas factureras, de la que forman parte las tres que hicieron depósitos millonarios a Bethzabee ‘N’. El hallazgo impactó a los investigadores: aún tras la muerte del exfuncionario peñista, y con su esposa en prisión, las compañías de papel han seguido operando y han incurrido en presuntos delitos de fraude fiscal y lavado de dinero a escala internacional por un monto exorbitante.
Reportes de la UIF indican que, entre 2014 y 2020, las factureras tuvieron depósitos por 2 mil 733 millones de pesos y 1.6 millones de dólares, así como retiros de 3 mil 042 millones de pesos.
Es decir, para la autoridad antilavado, el grupo facturero efectuó operaciones con recursos de procedencia ilícita por alrededor de 5 mil 800 millones de pesos producto de ingresos, triangulaciones mutuas entre las empresas, retiros en cheques y en efectivo, compra de bienes inmuebles y transferencias internacionales a cuentas en Corea del Sur, Hong Kong, China, Estados Unidos y España —tan sólo a esos países fueron enviados 72.6 millones de pesos—.
Lo depositado directamente a las cuentas de la prestanombres de Isaac Gamboa fue apenas la centésima parte del monto total circulado a través de la red, pero condujo a las autoridades hacendarias a descubrir el monumental tamaño de este esquema de lavado.
El gobierno federal continúa indagando cuál ha sido el origen de los recursos millonarios movidos a través de la red fantasma. Animal Político pudo establecer, a través de bases públicas, que al menos 42 millones de pesos corresponden a fondos públicos pagados a seis razones sociales de la red mediante contratos de obras y servicios adjudicados por la Policía Federal, la Guardia Nacional y el Partido Acción Nacional (PAN), lo que configuraría un posible caso de desvío de recursos públicos.
Al considerarla una “red profesional de lavado de dinero” de “segundo nivel”, donde se introduce dinero que ya previamente pudo ser desviado y blanqueado, y donde participan empresas factureras (EFOS) y empresas que falsean declaraciones para deducir impuestos (EDOS), la UIF presentó el 8 de junio una denuncia penal ante la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de las compañías fantasma, la propia Bethzabee, y otra presunta prestanombres llamada Laura Patricia Aguilar Maya.
Por ahora, las cuentas de las razones sociales siguen funcionando y haciendo circular montos millonarios, pero la UIF ya solicitó su bloqueo a los bancos.
Dado que es un hecho que a la red ingresaron recursos públicos pagados por el PAN y la Guardia Nacional, la UIF también dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Fiscalía Anticorrupción.
Lara Croft, ‘socia’ de Gamboa
25 de las 29 razones sociales involucradas en la red de Gamboa están representadas por tres personas: Laura Patricia Aguilar Maya, Irene Nemesia Arriaga Silva y Walter Ortuño Santana. El resto de las empresas están relacionadas por sus domicilios, teléfonos de oficina o correos electrónicos, según estableció Animal Político a partir de una revisión de fuentes públicas, como el Portal Nacional de Transparencia (PNT) y portales públicos de proveedores de gobierno.
Aguilar Maya es la otra prestanombres denunciada por la UIF ante la FGR por lavado de dinero y evasión fiscal. Fiscalmente, esta mujer está identificada como una modesta fabricante de cosméticos y perfumes en un domicilio ubicado en una plaza comercial de Avenida Universidad, en la Alcaldía Coyoacán, donde no fue localizada en una visita realizada para este reportaje. Sin embargo, la UIF detectó que esta posible prestanombres recibió tres transferencias por 3.4 millones de pesos provenientes de una empresa de la red fantasma, lo que, sospecha la autoridad, fue un pago por haber cedido su identidad para la creación de las factureras.
Aguilar Maya figura como representante o socia de todo tipo de empresas con decenas de giros que van de la construcción, publicidad, asesorías contables, hasta la organización de banquetes y eventos sociales.
En el caso de los otros dos posibles prestanombres, Irene Memesia Arriaga y Walter Ortuño, las autoridades hacendarias dan por sentado que fueron víctimas de un robo de identidad para la constitución de las compañías factureras y no han emprendido acciones en su contra.
Aun cuando parecieran prósperos empresarios, ambos tienen su domicilio en una unidad habitacional popular en Tlalnepantla, Estado de México, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de la CDMX.
Dos compañías de la red fueron creadas simultáneamente el 28 de marzo de 2018 —Bunker Techno e Infra Jasa—, y otras cuatro —Soluciones Administrativas Temwa, Maggicboom, Medios Milenial Interactivos y Nortec Construcciones y Remodelaciones— el 29 de noviembre, esto es, apenas dos semanas después de que Isaac Gamboa concluyera su labor como funcionario de la Secretaría de Hacienda, pues renunció el 15 de noviembre de ese 2018.
Otras tres —Walire, Katafer y Servanza— fueron constituidas el 18 de febrero de 2019 en la misma Notaría Pública Número 64 de Naucalpan, Estado de México.
La vasta mayoría de las empresas de la red fantasma se localiza en la alcaldía Benito Juárez —especialmente en la colonia Del Valle—, pero también existen domicilios en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo A. Madero; otras se ubican en el Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Once razones sociales no reportan públicamente su domicilio fiscal y 25 no tienen página de internet.
En varios casos, las fachadas son burdas. Por ejemplo, una de las compañías, llamada Bufete Tributario Administrativo Avanza o BTA Avanza —que oferta servicios de asesoría fiscal y tiene dos domicilios diferentes en la alcaldía Benito Juárez—, es supuestamente dirigida, nada más y nada menos, que por Lara Croft, el personaje principal de la saga ficticia de Tomb Raider. Así constaba en la página web de la compañía, que un par de días después de la visita de los reporteros a sus supuestas instalaciones dejó de estar en línea.
BTA Avanza está en Avenida Patriotismo 767, al igual que un “nido” de varias empresas de la red, según consta en documentación pública: TV&B Global Consulting y Unfigrad —que hicieron depósitos millonarios a cuentas de Bethzabee, de acuerdo con la investigación de Hacienda—, así como Servicios Terdan, Sinaprit —ya clasificada por el SAT como fantasma definitiva— y Soluciones Temwa.
En esta sede, una trabajadora de recepción señaló que, de todas las razones sociales mencionadas, sólo reconocía BTA Avanza, pero dijo que ésta abandonó sus oficinas al inicio de la pandemia, en la primera mitad de 2020, sin decir a dónde se mudaba.
TV&B Global Consulting tiene otras dos direcciones en Adolfo Prieto 1462 y 1468, en la colonia del Valle, ambos domicilios de viviendas particulares. Sólo uno fue localizado; el otro no existe. Otra empresa, Multiservicios Profesionales ISM, fue localizada en un domicilio particular de Manuel López Cotilla 1216, Del Valle, pero al momento de la visita estaba en curso una mudanza: dos hombres sacaban mobiliario de oficina y lo metían en una camioneta.
A través de un número telefónico que no funciona, Multiservicios Profesionales ISM está conectada a ocho empresas, entre ellas TV&B Global Consulting, BTA Avanza, MaggicBoom y Bunker Techno. Esta última está ubicada en San Borja 1208, Narvarte, y también fue denunciada por el SAT como empresa fantasma definitiva. Pese a ello, en su sede fiscal, una casa particular, una asistente aseguró a los reporteros que la compañía sigue operando con normalidad.
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Ha pasado un año del asesinato de Isaac Gamboa. Un año con Bethzabee ‘N’ en la cárcel. Pero las empresas y prestanombres de la mega red fantasma continuaron con vida, funcionando en libertad, lavando cientos de millones de pesos.
Tras dejar el servicio público al concluir el sexenio priista, Gamboa quería comenzar a disfrutar las mieles de su riqueza. Pero, antes de poder hacerlo, los policías encontraron su cadáver tirado en una cama de sangre de cara al cielo, cerca de los cuerpos inertes de sus tres hermanos, y el de su madre.
En el suelo había regados 26 casquillos de bala.
