16:43 Israel Dávila, corresponsal| Foto Cuartoscuro |la Jornada |Toluca, Méx. Madres, hermanas, hijas y esposas de personas privadas de su libertad en cárceles mexiquenses, se raparon este jueves en las puertas del Poder Judicial del Estado de México, en protesta por la negativa de algunos jueces de aplicar la ley de amnistía aprobada por el Congreso estatal a finales del año pasado.
Las familiares de los reos indicaron que hay casos en los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha declarado procedente la amnistía por violaciones a derechos humanos durante los procesos penales instaurados a las víctimas, pero los jueces se resisten a aplicarla, “pues esto implicaría un reconocimiento tácito de que se equivocaron”, indicó Antonio Lara, abogado y director del Centro Zeferino Ladrillero, dedicado a la defensa de los derechos humanos de personas privadas de su libertad.
Con la consigna “libres se los llevaron libres los queremos”, las madres, hermanas, y esposas exigieron con gritos la aplicación de la ley de amnistía, pues en varios casos ha quedado evidenciado el abuso del sistema judicial, la fabricación de pruebas por parte del ministerio público o faltas al debido proceso, que ameritan la libertad.
“Seguimos en exigencia de una amnistía que se cumpla. En el Estado de México hay muchas personas presas que son inocentes, que no tuvieron un proceso justo, con carpetas fabricadas o violaciones al debido proceso”, expresó una de las hermanas de un preso al que acusan de robo de vehículo sin haber participado en el ilícito, señaló.
A las familias no solo nos arrebataron el sustento, nos quitaron la paz y la tranquilidad; ahora no permitiremos más injusticias, más desacato de los jueces. Si derechos humanos ya se pronunció a favor de que se conceda la amnistía, no entiendo porque no quieren los jueces”, explicó la madre de un joven que fue encarcelado por un homicidio que, dijo, no cometió.
La Ley de Amnistía aprobada por el Congreso estatal está diseñada para beneficiar a personas de escasos recursos o grupos vulnerables como indígenas, adultos mayores y mujeres, que por falta de una buena defensa permanecen en la cárcel, o bien que haya habido violaciones al debido proceso o a los derechos humanos de los imputados.
La amnistía solo procederá en casos de delitos no graves, y cuando se trate de un ilícito de alto impacto como secuestro, homicidio, violación o extorsión, el caso deberá ser analizado por la propia Legislatura o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien se pronunciará si es viable o no otorgarla.
La amnistía se comenzó a aplicar en marzo pasado, tras aprobarse los lineamientos que deberán seguir las autoridades luego de recibir las solicitudes.
Datos del Poder Judicial del Estado señalan que de marzo a la fecha se han recibido mil 832 solicitudes de amnistía, de las cuales solo mil 36 se admitieron a trámite y ya se han concedido 476 libertades, 21 de ellas a mujeres.
Una vez recibida la solicitud, el juez tendrá 30 días para dictaminarlas, tras analizar si los casos cumplen con los supuestos que marca la ley, y sólo en casos extremos el plazo se puede duplicar a 60 días.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha recibido 582 solicitudes, de las cuales 35 han sido remitidas con opinión favorable al Poder Judicial para que las dictamine, pero de estas 17 se rechazaron “por restricciones legales”, seis, están en estudio, una más en prevención y sólo una se ha concedido la libertad.
Antonio Lara, del Centro Zeferino Ladrillero manifestó que la conducta de los jueces solo está generando más encono e indignación de las familias. “Si la Codhem ya estudió los casos y resolvió que en estos hubo abusos, violaciones y que la amnistía procedería, no hay razón para que los jueces impidan decretar la libertad. Es un orgullo mal entendido, pues lo que se evidencia es que los jueces también se equivocan y no tendría nada de malo en que enmendaran su error, al contrario sin embargo hoy se han vuelto un dique, una obstrucción al proceso de amnistía impulsado por varios grupos en el Estado de México”.