No ayuda a Pemex, al consumidor ni a la economía volver a centralizar todo en Pemex, dijo el diputado panista Justino Arriaga; entre las cosas que se buscan, está aumentar la capacidad de almacenamiento, y eso se va a hacer con inversión de la IP, apunta Manuel Rodríguez, de Morena.
Redacción AN / ZR/ 15 de abril 2021 3:00 pm. Se presentarán amparos contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, de aprobarse por los senadores, pues si bien nadie está en contra de mejorar la normatividad vigente, hay que hacerlo con la Constitución en la mano y dentro del Estado de derecho, y Morena no lo hace, afirmó Justino Arriaga, diputado de Acción Nacional e integrante de la Comisión de Energía.
Si la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo tan mal hecha como dicen los legisladores de Morena, que presenten una contrarreforma energética, pero no parches mal hechos como los que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió Arriaga en entrevista con Aristegui en vivo.
El pasado martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo para reformar la Ley de Hidrocarburos, que amplía facultades a la Secretaría de Energía para intervenir en el mercado de la distribución, almacenamiento y comercialización de productos petrolíferos, incluidos los combustibles de uso general por empresas y ciudadanos.
Arriaga calificó la jornada legislativa como un martes negro, funesto en la Cámara de Diputados, por la aprobación de una iniciativa a su juicio mal hecha, mal redactada y violatoria de la Constitución.
No hubo parlamento abierto, sino solo una especie de mesa de trabajo con expertos a los que, afirma, los legisladores de Morena escucharon durante 20 minutos, pero no los tomaron en cuenta en lo absoluto. “Desafortunadamente, tengo que señalar que las cosas no se hicieron bien”, indicó.
Sobre el adenda que fue incorporada de último momento a la iniciativa por la mayoría de Morena y que garantiza el derecho de audiencia ante las decisiones de la autoridad, Arriaga consideró que era lo mínimo que podían hacer, pues la iniciativa y el dictamen estaban muy mal hechos. El adenda le da un poco de certeza jurídica a la reforma, pero permanecen los términos abstractos de seguridad nacional, seguridad energética y seguridad económica.
Destacó que los diputados que aprobaron por mayoría la iniciativa desecharon más de 137 reservas de la oposición, entre ellas las relacionadas con el cuestionamiento de cómo va a determinar la Secretaría de Energía los casos de emergencia. “Quién va a determinar cuando haya un riesgo a la seguridad nacional”, preguntó el legislador panista. El que no lo defina la ley genera incertidumbre jurídica, sentenció.
Destacó que si bien nadie está en contra de que se combata el robo de combustible y que las gasolinerías cvendan litros de a litro, en los reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se ha dicho que las franquicias que las que venden la gasolina y el diesel más caros son las franquicias de Pemex y no las gasolineras de las empresas privadas.
“Por supuesto que esto va a fortalecer comercialmente a Pemex, pero al país lo va a destruir en materia de hidrocarburos”, anticipó el diputado panista.
Arriaga dijo que es falso que la reforma pondrá orden en la comercialización de petrolíferos y que implique la recuperación de la soberanía y autonomía energética y enfrentar mejor el robo de combustible y el huachicoleo.
Puso de ejemplo su estado natal, Guanajuato, donde el problema no solo no se ha detenido, sino que ha aumentado, afirma, y ha desatado la violencia e inseguridad.
Insistió en que la reforma no le ayuda a Pemex, al consumidor ni a la economía del país, porque trata de centralizar todo en la compañía estatal, que además está quebrada. “El ineficiente trabajo de Rocío Nahle y el incompetente de Octavio Romero lo que están haciendo es seguir mandando a la ruina a Pemex, y ahora quieren centralizar todo”.
Anticipó que lo que producirá la reforma son gasolinas más caras y diesel más caro. “Vamos a volver a tener escasez de combustible si esta ley aprobada en el Senado y sí el poder judicial no lo detiene”, concluyó el legislador panista.
Presenten contrarreforma energética, no parches mal hechos: PAN; sólo la IP puede invertir en almacenamiento de combustibles: Morena | Video
Con la reforma a la ley de hidrocarburos en unos años tendremos al menos 15 días de capacidad de almacenamiento: Manuel Rodríguez, de Morena. ¿Quién va a decidir cuando haya un riesgo a la seguridad nacional? Por supuesto que la reforma genera incertidumbre jurídica: Justino Arriaga, del PAN.
Sin embargo, para Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo que persigue la reforma es armonizar normativamente los permisos que se refieren a la importación, comercialización, distribución de combustibles petrolíferos y petroquímicos, así como fortalecer un almacenamiento mínimo para garantizar algo que es fundamental para cualquier nación, la seguridad energética.
Hoy el país tiene capacidad apenas para tres días de almacenamiento, por lo que, ante una contingencia derivada de cualquier conflicto geopolítico o fenómeno natural, podría correrse el riesgo de caer en desabasto, dijo Rodríguez en entrevista por separado con Aristegui en vivo.
“Lamentablemente se propició una dependencia energética del exterior y no tenemos siquiera esa capacidad almacenamiento”, expuso. Si los senadores aprueban la reforma, en 2024 podrá garantizarse una capacidad almacenamiento de cuando menos 15 días, añadió.
Entre los cambios que pretende introducir la reforma están los relacionados con la gestión de permisos a particulares, como la introducción de la negativa ficta cuando la Secretaría de Energía interviene en la cesión de un permiso entre particulares; si la dependencia no responde a la solicitud de autorización en el plazo de 90 días que prevé la ley, se da por no autorizada la cesión.
El propósito de la negativa ficta es que la autoridad se asegure que el particular que recibe el permiso cedido, una gasolinera, por ejemplo, tiene el mínimo de capacidad técnica y carece de antecedentes en actividades ilícitas.
La reforma también prevé la revocación de permisos en caso de reincidencia en el en incumplimiento de ilícitos, como por ejemplo el robo de combustible, incluido el despacho al público, en el caso de estaciones de servicio, de litros de gasolina incompletos. “Cuando (esta práctica) sea detectada, se podrá llegar incluso a la revocación del permiso, lo mismo a para quienes modifican las capacidades técnicas de los ductos e instalaciones sin tener una autorización de la autoridad”, explica Rodríguez.
El legislador apunta que la reforma también dará armas para combatir el contrabando de combustible, un fenómeno que afecta severamente a las finanzas del país. “Se calcula que solo en lo que va de 2021 ha habido una afectación a los ingresos de este país de alrededor de 23 mil millones de pesos”, afirma.
Los cambios a la ley también prevén la suspensión de permisos por peligro inminente a la seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional, casos en los que intervendría el estado mexicano a través de Pemex para prestar el servicio y garantizar el abasto y, sobre todo, los precios correctos y justos al consumidor.
La encargada de determinar si está en riesgo la seguridad energética o la seguridad nacional será la Secretaría de Energía, como ya está establecido en la ley actual. “Lo que hicimos fue perfeccionarlo”, señaló el diputado de Morena.
Reconoce que en este punto hay gran preocupación de quienes participan en la industria de venta y distribución de combustibles, que piden se garantice el derecho de audiencia y el debido proceso para generar certidumbre jurídica.
Se trata de una suspensión, no quiere decir revocación ni cancelación, es algo que sucedería durante un tiempo y, una vez superada la condición, el permisionario puede recuperar nuevamente no solo el permiso, sino el regreso a la actividad.
Rodríguez dice que la reforma no frenará las inversiones, por el contrario, abrirá el campo para la Iniciativa Privada invierta en capacidad de almacenamiento, pues son los únicos que lo pueden hacer, toda vez que el gobierno no tiene presupuesto suficiente y asumió el compromiso de no endeudarse.
“(La reforma) es un avance muy importante que le da certidumbre a todos los actores que participan en este trascendental sector”, concluyó el legislador.
