No sólo significan competencia desleal para la CFE, sino que han creado fideicomisos para allegarse recursos adicionales. Y el que le abrió la puerta a la proliferación de permisos de autoabastecimiento eléctrico fue Felipe Calderón… aunque la figura data del salinato.
No sólo significan competencia desleal para la CFE (compiten con ella pero usan las instalaciones de la empresa estatal para su provecho), sino que han creado fideicomisos para allegarse recursos adicionales. Y el que le abrió la puerta a la proliferación de permisos de autoabastecimiento eléctrico –que venden el fluido tanto a empresas como a domicilios– fue Felipe Calderón… aunque la figura original data del salinato.
Por Claudia Villegas| Foto: Hugo Cruz |jueves, 11 de marzo de 2021|CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con los permisos de autoabastecimiento eléctrico impulsados en el gobierno de Felipe Calderón y validados por el de Enrique Peña Nieto no sólo se dio paso a un mercado paralelo que compite con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los mejores clientes, sino que surgió un mercado financiero vinculado con emisiones de deuda a través de fideicomisos privados para obtener recursos y rendimientos adicionales, a partir de esos proyectos de generación de electricidad.
Así, la recuperación de la inversión en proyectos de generación de energía para los jugadores privados que obtienen tarifas más atractivas no sólo se realiza con el ahorro del autoconsumo, sino que se obtienen beneficios financieros para sus inversionistas a través del mercado de valores vendiendo electricidad a terceros bajo el esquema de “socios”, como en el caso de la cadena de tiendas Oxxo del Grupo Femsa o Walmart.
Con 94 amparos ante el Poder Judicial en contra de las resoluciones de la CFE, las llamadas sociedades de autoabasto de electricidad que utilizan la infraestructura de la Comisión no sólo compiten con la empresa del Estado mexicano por el mercado de grandes consumidores, tanto industriales como residenciales, sino también por los recursos del mercado de deuda, donde la empresa productiva del Estado participa con sus propias emisiones.
El miércoles 3 de marzo, en el Senado de la República se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que da prioridad a la energía generada por las plantas de la CFE para su distribución y transmisión.
La CFE argumentó que enfrenta una competencia desleal desde hace dos décadas, lo que ha afectado sus ingresos y recursos para seguir invirtiendo en infraestructura, por lo cual necesita recuperar la rectoría del mercado eléctrico, que comenzó a perder desde 1992, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incrementar la participación privada en la generación de electricidad.
Fue entonces cuando los usuarios industriales tuvieron, por primera vez, una alternativa de suministro diferente a la CFE a través de la figura de productores independientes de energía. Sin embargo, no fue sino hasta 2010, con el gobierno de Felipe Calderón, cuando proliferaron las sociedades de autoabasto al permitirse la integración de “socios”.
A pesar de la polémica en torno al nuevo marco legal, la CFE se enfrentará a una batalla legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque los beneficiarios de las sociedades de autoabasto de electricidad defenderán el marco legal anterior para seguir operando, dado que la ley no puede ser retroactiva.
La Barra Mexicana y un ejército de despachos privados ya tienen listos los argumentos para esta batalla legal que se inició con los juicios de amparo contra los cambios en costos y tarifas para este sector, que impulsó la CFE el año pasado. La SCJN, además, ya se ha pronunciado respecto a la figura del autoabasto y lo ha validado a pesar de sus vicios de inconstitucionalidad.
Las sociedades de autoabasto también esgrimirán ante la CFE que han realizado inversiones en subestaciones, redes de interconexión, líneas y centrales de transmisión. Si bien los jugadores privados en este mercado no pueden ser propietarios de esta infraestructura, han realizado inversiones que harán valer en un eventual juicio para defender sus “derechos adquiridos”, dado que han firmado convenios de inversión.
Este es un adelanto de un reportaje del número 2314 de la edición impresa de Proceso, publicado el 7 de marzo de 2021
