Por Agencias |Tiempo Digital |febrero 13, 2021 9:15 am. Aumentos en el costo de la fumigación, apagones eléctricos y maduración desigual como resultado del cambio climático ponen en riesgo la exportación de 40 mil toneladas de mango oaxaqueño que, al menos, 5 mil productores de San Francisco Ixhuatán, Chahuites y San Pedro Tapanatepec, municipios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, venden cada año tanto en Estados Unidos como en Canadá. El corte del fruto ya comenzó este 2021.
El peligro más grande que enfrentan los mangueros, advierte el productor Luis Eduardo de los Santos, es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria (Senasica), suspendió la fumigación aérea para combatir plagas como la mosca de la fruta, pese a que no se ha erradicado en el Istmo, pues considera que ese esquema daña a especies como las abejas.
“Corremos el riesgo de que Estados Unidos le cierre las fronteras al mango de Oaxaca si no se corrigen las fallas que se están dando en las campañas de sanidad. Podemos ir a cuarentena si algún mango lleva una larva viva, porque no todos los productores cuentan con el dinero para fumigar de forma terrestre”, dice De los Santos. Antes, un vuelo para fumigar las plantaciones de mango costaba 20 mil pesos y al año se hacían 200. Ahora, explica, la fumigación terrestre le cuesta 8 mil pesos por hectárea.
El riesgo está latente, advierte el productor, porque de acuerdo con datos de la Dirección General de Sanidad Vegetal del Senasica, sólo del 8 de enero al 2 de febrero de este año seis huertos de la zona del Istmo fueron desautorizados para exportar a EU, porque entre sus frutos muestreados hallaron mangos larvados.
De estos, cuatro huertos se ubican en San Pedro Tapanatepec, uno en Chahuites y otro más de San Blas Atempa, municipios que, aunque no están en la zona oriente, forman parte en la planicie istmeña.
La decisión de suspender la fumigación aérea y priorizar la terrestre ocurrió en 2020, en el contexto de una disputa interna entre los productores por el control de la Junta Local de Sanidad Vegetal Mangueros Unidos de Chahuites y Tapanatepec, que nació hace 20 años como asociación civil para regular el control de plagas y la exportación del fruto.
Dicha junta, anualmente, maneja unos 10 millones de pesos producto de aportaciones que pagan los mangueros por el registro para que se les permita la exportación.
El conflicto se arrastra desde 2018. Ese año precisamente, Luis Eduardo de los Santos era presidente de esa asociación civil y recibió el apoyo de los productores para seguir al frente por otro trienio, pero el año pasado fue desconocido por los propios productores y no se realizó el cambio de la mesa directiva de la Junta Local de Sanidad Vegetal.
Desde entonces, las autoridades del sector agropecuario autorizaron la intervención de la asociación civil Empresas Exportadoras de Mango (EMEX A.C.), para encargarse de coordinar las tareas de sanidad para el combate de plagas y la exportación. EMEX es un conglomerado que agrupa a la mayoría de las empresas que venden el mango al extranjero.
“Es un lío entre productores ricos y pobres”, comenta uno de las mangueros de Chahuites, quien revela que ahora son los nuevos directivos quienes cobran 300 pesos por hectárea para el registro de exportación, más un peso con 50 centavos por caja.
Anualmente, se exportan 10 millones de cajas de mango.
Cada año, entre diciembre y abril, que es el periodo normal de cosecha y exportación, los productores de mango también sufren con las fallas y apagones que se presentan en el suministro de la energía eléctrica.
“Antes, la línea de transmisión que nos alimentaba de la luz venía de Juchitán, pero por los fuertes vientos se interrumpía el servicio y entonces convenimos con CFE, que empezó a enviar la energía desde Arriaga, Chiapas, y se comprometió a darle mantenimiento a sus líneas, que tienen más de 50 años de antigüedad, pero no cumplió”, lamentan algunos productores.
El resultado de dicha falta de mantenimiento son los apagones que se registran en la zona, que durante la temporada de exportación ocasionan daños a las empacadoras y a los frutos.
El riesgo es mayor para las empacadoras que no cuentan con planta de luz.
“Cuando los mangos están en los estanques hidrotérmicos, para garantizar su inocuidad, si se va la luz, se quema y no sirve para exportar. El productor asume esa pérdida, equivalente a un tráiler cargado.
“La CFE no asume su responsabilidad”, dice De los Santos.
“No hay año, desde 2018, que no se presenten esos apagones”, lamentan los productores, quienes denuncian que desde hace tres años la CFE comenzó a incrementar sus tarifas.
“Hay empacadoras que tienen que pagar tarifas mensuales, no bimestrales, de hasta 200 mil pesos.
“Nos sentimos indefensos ante esa política de la CFE, que ofreció darle mantenimiento a sus líneas de transmisión, pero no lo ha hecho y condena a los productores a enfrentar millonarias pérdidas”, acusan.
Tal parece, dicen los productores, que desde el gobierno federal ignoran que “la industria manguera nos deja una derrama económica de unos mil 500 millones de pesos en la zona y esa derrama hay que cuidarla en estos tiempos de dificultades provocadas por Covid-19”.
Sumado a esas fallas humanas, por primera vez los productores enfrentan un fenómeno que no se ha estudiado plenamente. En todos los huertos mangueros, señalan, no se observa una secuencia lineal o temporal del proceso de maduración del fruto, desde el mismo árbol.
“Desde enero se presentó un problema o un fenómeno que antes no veíamos: se adelantó la floración y ahora en los mangos no hay una secuencia temporal para la maduración de la fruta.
“En algunos casos ya tenemos mangos maduros, pero en el mismo árbol apenas están floreando otras ramas. Quizá el cambio climático ya nos alcanzó”, señalan los productores.
Audifaz Toledo Núñez, presidente de la Sociedad Rural de Productores de la Zona Oriente del Istmo, que agrupa a 200 mangueros con propiedades de dos hectáreas cada uno y forman parte del Consejo de Sanidad Vegetal de la Cuenca del Río Ostuta, con sede en Zanatepec y que abarca los municipios de Reforma de Pineda y San Francisco del Mar, explica que estas anomalías afectarán su economía.
“Si ese fenómeno se mantiene entre enero y marzo de este año, tendremos un problema serio, porque entre abril y mayo se cosechará toda la fruta y empezará a perder valor. A mayor oferta, menor demanda”, advierte.
