La decisión de la Fiscalía de dejar libre al militar se une a una serie de medidas polémicas adoptadas por López Obrador antes de que tome posesión Biden. El Departamento de Justicia de EE UU afirma que se reserva el derecho de hacer una nueva investigación
ELÍAS CAMHAJI |Foto EFE| El País| México – 14 ENE 2021 – 22:31 GMT-6
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, en febrero de 2013. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sacudido de nuevo la agenda bilateral con Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este jueves que dejará ir libre al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, después de que fuera detenido en Los Ángeles en octubre y enviado de regreso a México tras ser acusado de narcotráfico en noviembre pasado. Las autoridades mexicanas han vuelto a dar la espalda a Washington y han elevado la tensión en la relación entre ambos países, a menos de una semana de que el demócrata Joe Biden tome posesión como presidente. El Departamento de Justicia estadounidense ya ha respondido y ha dicho este viernes que se reserva el derecho de iniciar una nueva investigación contra el general, de acuerdo con Reuters.
“Un Gobierno sin autoridad moral es como una hoja seca, no sirve para nada”, ha dicho López Obrador en su conferencia matutina de este viernes. El mandatario ha señalado que no podía permitir que el presidente de México fuera ‘ninguneado’ y que sus decisiones diplomáticas son una forma de “dar la cara” ante las acusaciones a Cienfuegos. En la misma conferencia, López Obrador ha acusado a la DEA de “fabricar” la acusación contra el general. El caso que llevó años de seguimiento a la Justicia estadounidense se desactivó en cuestión de semanas en México.
“Se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, se lee en el comunicado de la FGR, que recibió cientos de páginas de evidencia de parte de sus homólogos estadounidenses. “Tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, se agrega. El último giro inesperado del caso Cienfuegos ha tenido como protagonista a la Fiscalía y la decisión de no seguir investigando la trama que puso en el punto de mira la relación entre la Administración de López Obrador y los militares.
El Ejército ha sido un compañero de viaje inesperado para el presidente, que ha comisionado a las Fuerzas Armadas la construcción de aeropuertos, la distribución de la vacuna y el combate a la inseguridad, entre muchas otras tareas. Cienfuegos, titular de la Defensa con Enrique Peña Nieto (2012-2018), había ascendido a buena parte de la actual cúpula militar. Las autoridades estadounidenses, además, lo arrestaron sin avisar a sus colegas mexicanos, temiendo que hubiera una filtración y mandando señas de desgaste tras más de una década de colaboración en la guerra contra el narcotráfico. La detención puso en evidencia al sistema judicial mexicano, que se mostraba rebasado ante las pruebas que Washington pudo reunir sobre el general y sus supuestos vínculos con grupos criminales.
López Obrador movilizó su aparato diplomático para expresar su “extrañamiento” ante lo que su Administración veía como medidas unilaterales de la Casa Blanca y una afrenta a la soberanía de México. Tras semanas de pelear por el general, y bajo la promesa de que sería investigado y de ser necesario juzgado en México, Cienfuegos volvió a suelo mexicano. Después del comunicado conjunto, hubo reportes de que México condicionó la colaboración en el combate a las drogas si no se daba marcha atrás al caso del general.
“El que se siga pensando que los procesos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las de México ya no corresponde a la nueva realidad”, dijo el presidente, tras anotarse el triunfo político de cerrar el frente que abrió Cienfuegos. “Aquí, además, estaba de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano: la Secretaría de la Defensa. No es poca cosa”, afirmó López Obrador.
Se supo poco de los avances en las investigaciones del caso en la recta final de 2020 y recibió más atención mediática cuando el Gobierno de López Obrador promovió una nueva ley de seguridad nacional, que estrechaba el margen de maniobra de agentes extranjeros, como la DEA. La reforma se aprobó en un tiempo récord de 11 días. El entonces fiscal general estadounidense, William Barr, dijo que “aprobar esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.
Tras resistir cuatro años del estilo errático de Donald Trump, la Cancillería mexicana tantea que se sienten nuevas bases en la relación bilateral. Tras la victoria electoral de Biden, la toma de contactos entre ambos Gobiernos fue más bien fría. Bajo la perspectiva de López Obrador, felicitar al demócrata antes de que se resolvieran las alegaciones de fraude de Trump rompía el principio de política exterior de no intervención. El presidente tampoco se reunió con ningún opositor a Trump cuando viajó a Washington el año pasado, su única salida al extranjero en más de dos años de presidencia. Está previsto, además, que Biden haga énfasis en otros asuntos de la agenda bilateral, como el cuidado al medioambiente y la aplicación de la reforma laboral, promovida tras la renovación del tratado de libre comercio.
López Obrador, que ha defendido que “la mejor política exterior es la interior”, busca mandar un mensaje soberanista para evitar nuevos escándalos con casos similares. En los últimos años, casos como el del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, y el exgobernador de Chihuahua César Duarte se están juzgando del otro lado de la frontera.
“Nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones”, dijo esta semana el embajador estadounidense, Christopher Landau, en una de sus últimas entrevistas antes de volver a Washington. “Los fiscales en nuestro país son autoridades que, realmente, no tienen todo el conocimiento del marco internacional y no necesariamente entienden todas las repercusiones de sus decisiones”, agregó Landau, el representante de Trump.
“Sería casi suicida [no investigarlo], para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, dijo irónicamente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien este viernes ha sostenido que “sí se hizo algo”, pero que la información recopilada en EE UU no era lo suficientemente sólida. Dos meses después de su regreso a México, el general Cienfuegos ha sido exonerado, a la espera de nuevos episodios del que fuera el caso de más alto perfil contra un militar mexicano en el extranjero y que ha cimbrado la relación entre ambos países.
