En Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de la comunidad rarámuri de Bosque de San Elías Repechique demandaron el reconocimiento de su territorio por parte del Estado mexicano y el cese a proyectos extractivistas.
14 diciembre, 2020|Texto y fotos: Isabel Briseño|Pie de Página. Habitantes de la comunidad indígena de Bosque de San Elías Repechique, municipio de Boycona Chihuahua, demandaron en Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Estado mexicano reconozca su derecho al territorio ancestral.
Este lunes 14 de diciembre, tres habitantes de la sierra tarahumara intentaron entrar a la conferencia presidencial, pese a que no pudieron ingresar repartieron dos oficios con sus exigencias para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incorpore a Bosques de San Elías Repechique al programa Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural y dé respuesta a la comunidad Mala Noche respecto a una solicitud de terrenos nacionales realizada hace 10 años, ambas son comunidades indígenas ubicadas en la sierra Tarahumara de Chihuahua, que comparten la falta de reconocimiento por parte del Estado a su derecho al territorio ancestral.
Un largo camino de lucha
Autoridades e instituciones públicas han expedido títulos de propiedad a personas ajenas a la comunidad, lo cual ha derivado en conflictos sociales entre los habitantes de San Elías y particulares que se ostentan como dueños del territorio, lo que ha generado ingobernabilidad en esta zona de Chihuahua.
En 2006 llevaron a cabo un juicio en el tribunal agrario número 45 en Chihuahua, donde solicitaron la nulidad de los contratos de compraventa y decreto expropiatorio, el reconocimiento del territorio, la suspensión de los permisos forestales y la titulación; sin embargo, obtuvieron una respuesta omisa.
En 2015 la comunidad exigió el derecho a la consulta sobre la construcción del aeropuerto regional Barrancas del Cobre Creel, mediante un amparo; el juzgado octavo de distrito en la ciudad reconoció la existencia de la comunidad y determinó que la comunidad tiene personalidad jurídica para exigir el derecho a la consulta previa, libre e informada y ordenó al gobierno de Chihuahua la reparación del daño material a la comunidad.
Reparación del daño pendiente
Una parte del dinero que recibió la comunidad de San Elías-Repeche por parte del gobierno para la reparación del daño, se decidió usar para echar a andar un taller de costura, proyecto encabezado por mujeres, construido en el predio Pino Gordo para coser trajes tradicionales para venderlos.
Teresa González cuenta que el día 13 de agosto policías estatales intentaron detenerla, argumentando que ese predio tenía dueño y que estaban invadiendo la propiedad, por lo que los policías pusieron sellos de clausura al taller y, sin llevar documentación o dar motivo, se llevaron alrededor de 50 personas entre niños, niñas, mujeres, adultos mayores y hombres para detenerlos. A todos se los llevaron caminando durante dos horas por el sendero rumbo a Creel donde se encuentra la oficina del ministerio público, pero poco antes de llegar, los policías se retiraron. Los rarámuri continuaron hasta llegar a la oficina y ahí pidieron explicación de los hechos, pero no obtuvieron respuesta. Hasta hoy el taller sigue clausurado.
La exigencia
Como integrantes del pueblo originario y en representación de la Comunidad Bosque de San Elías Repechique, Teresa González, Luis Javier Pérez Enríquez y Víctor González Nuñez exigen al gobierno federal el reconocimiento de su territorio, la restitución de las tierras, el derecho al trabajo (la autonomía, autodeterminación, autoadscripción y autogestión), así como un alto al acoso y represión de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
“Hemos tenido varios problemas como la tala clandestina, la contaminación de nuestro pozo, incluso ya no nos sentimos libres de practicar nuestras ceremonias pues nos sentimos vigilados por personas ajenas a la comunidad; también han implementado otros proyectos sin consulta como el gasoducto y proyectos turísticos que afectan nuestro territorio”, dice Teresa González.
Las comunidades originarias, agrega Víctor González, no han sido tomadas en cuenta e históricamente han estado en la vulnerabilidad porque no se respeta su autonomía, su cultura y se les niega el derecho al trabajo.
“Nos han dicho que somos huéspedes que no valemos, que tarde o temprano nos van a correr de nuestro territorio, pero seguimos luchando por el reconocimiento de manera pacífica”, finaliza Víctor González.
