Los aviones no tripulados fueron adquiridos en 2013 a la compañía Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que pertenece al grupo empresarial que un año después vendió a la PGR de Murillo Karam el malware espía Pegasus.
Por Zedryk Raziel@amormundi_ | Foto Cuartoscuro |Animal Político|23 de noviembre, 2020. Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue director de Servicios Aéreos de la extinta PGR en la gestión de Jesús Murillo Karam, por la presunta adjudicación irregular de dos contratos por 615 millones de pesos para la compra de siete drones de uso militar.
Los aviones no tripulados fueron adquiridos en 2013 a la compañía Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que pertenece al grupo empresarial que un año después vendió a la PGR de Murillo Karam el malware espía Pegasus por 32 millones de dólares (alrededor de 450 millones de pesos de la época).
El juez de control del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente dictó la vinculación a proceso contra Ramos Arévalo el pasado 19 de octubre por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, fraude equiparado y falsificación agravada de documentos, según información oficial a la que tuvo acceso Animal Político.
El exfuncionario concretó la adquisición de los drones con cargo a la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, que durante la gestión de Murillo Karam en la PGR fue administrada de manera presuntamente irregular para saquear recursos millonarios de la institución, lo que está siendo investigado por la nueva administración de la Fiscalía.
El general Ramos Arévalo, un piloto aviador de 73 años egresado de la Escuela Militar de Aviación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también fue procesado en febrero por otro caso de corrupción que implicó la compra, de manera injustificada y a sobreprecio, de una aeronave de lujo que fue utilizada para el transporte personal del exprocurador Murillo.
En la nueva indagatoria sobre los drones militares, la FGR acusa al exdirector general de Servicios Aéreos de maniobrar y falsificar documentación para beneficiar expresamente a la compañía Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. con dos contratos adjudicados directamente en 2013: uno por 427 millones y otro por 188 millones de pesos.
La acusación de la FGR contra Ramos Arévalo detalla que el primero de los contratos fue para adquirir dos aviones no tripulados Dominator XP, marca fabricada por la compañía israelí Aeronautics Defense Systems Ltd.
Como parte de ese contrato también fueron adquiridos tres drones RQ-170 Sentinel, desarrollados por la empresa estadounidense Lockheed Martin Corporation, especializada en la industria aeroespacial y militar.
El segundo contrato, por 188 millones de pesos, fue para la compra de dos aviones no tripulados marca Aerostar, que también es fabricada por la israelí Aeronautics.
De acuerdo con sitios especializados, los drones adquiridos por la FGR no portan armas y son aptos para cumplir operaciones indetectables de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en tierra y mar.
Sigamos contando las historias que importan. Dichas unidades han sido utilizadas por fuerzas armadas y agencias gubernamentales de numerosos países, e incluso han sido desplegadas en misiones militares en Irán, Afganistán, Pakistán y Corea del Sur. Particularmente el dron RQ-170 Sentinel participó en el seguimiento que condujo a la captura de Osama Bin Laden en 2011.
En su acusación contra el general Ramos Arévalo, la FGR señala que los aviones no tripulados fueron comprados sin la autorización de la Oficialía Mayor y sin que hubiera justificación alguna para hacer las adquisiciones por adjudicación directa con cargo a la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
La Fiscalía también reclama que no se llevó a cabo un estudio comparativo de mercado que justificara la elección del proveedor —Balam Seguridad Privada S.A. de C.V.— y que garantizara las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad y precio, como establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Además, la FGR sostiene que los drones fueron entregados con retraso por el proveedor; no obstante, según la acusación, el exdirector de Servicios Aéreos falseó documentación en la que afirmó que la empresa había cumplido en tiempo y forma con los contratos, lo que impidió imponer al proveedor una pena económica convencional por la entrega tardía de los bienes, y esto, en última instancia, causó un daño mayor al patrimonio de la institución.
La conexión Pegasus
Ramos Arévalo ingresó como director general de Servicios Aéreos de la entonces PGR en 2013, en la gestión de Murillo Karam en la institución.
El general estuvo en su cargo todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, trascendiendo incluso al propio Murillo Karam, quien renunció a principios de 2015, tras el cuestionado manejo del caso Ayotzinapa.
Antes de su paso por la PGR, Ramos Arévalo trabajó desde 1993, y casi ininterrumpidamente, en el Estado Mayor Presidencial con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
La Fiscalía indaga si existe un nexo entre el exdirector de Servicios Aéreos y la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., a la que benefició con los contratos millonarios para la adquisición de drones al poco tiempo de asumir el cargo en la PGR.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Balam Seguridad se creó en mayo de 2012, en el marco de la elección presidencial que a la postre ganaría Peña Nieto, y que en el grupo empresarial participaba un funcionario de la propia PGR.
En 2013, Balam ganó por adjudicación directa los contratos por 615 millones de pesos para surtir los drones militares a la Procuraduría. En octubre de 2014, una filial de dicha compañía, llamada Grupo Tech Bull S.A. de C.V., obtuvo un contrato por 32 millones de dólares (alrededor de 450 millones de pesos de entonces) para proveer a la PGR el malware espía Pegasus, que, al igual que buena parte de los drones, es desarrollado por una compañía de Israel, NSO Group.
El vínculo entre Balam Seguridad y Tech Bull quedó al descubierto en una serie de correos filtrados por Wikileaks en julio de 2015, de acuerdo con la investigación de MCCI. En uno de los mensajes, Armando Pérez Herrero, administrador de Tech Bull, confirmó que esta empresa es filial de Balam. También presumió que el grupo empresarial era el proveedor “número uno” de la PGR y la Marina, y detalló que también habían vendido bienes al Cisen y a la Policía Federal.
En el correo —que fue enviado al emporio de tecnología espía Hacking Team—, Pérez Herrero confirmó que Tech Bull había vendido a la Procuraduría el malware Pegasus (escribió: “el contrato ya fue firmado y ellos ya enviaron el dinero”). Dicho malware fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para espiar a activistas y opositores al gobierno
