La FGR obtuvo de un juez dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Zerón por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude equiparado.
Por Zedryk Raziel y Alberto Pradilla |Animal Político|10 de noviembre, 2020. Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, enfrenta nuevos cargos. Además de tortura y desaparición forzada, la Fiscalía General de la República (FGR) persigue a Zerón por el presunto desvío de mil 102 millones de pesos mediante tres contrataciones supuestamente “amañadas” para la adquisición de equipo de espionaje, entre 2013 y 2014.
La FGR obtuvo de un juez dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Zerón –quien estaría prófugo en Israel, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador– por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude equiparado. El exdirector de la AIC ya cuenta con una orden de captura previa y una ficha roja de la Interpol por presuntos actos de tortura y por “sembrar” evidencia en la investigación del caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014.
La FGR señala como cómplices del presunto robo millonario a otros tres altos exfuncionarios de la PGR, que entonces era encabezada por Jesús Murillo Karam: Judith Aracely Gómez Molano, quien era la Oficial Mayor de la dependencia; Vidal Diazleal Ochoa, exdirector de la Policía Federal Ministerial de la AIC, y el capitán César Gustavo Ramírez Torralba, extitular del Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Animal Político tuvo acceso a detalles de la nueva investigación por los desvíos de mil 102 millones de pesos en contra de Zerón. Las dos nuevas órdenes de captura fueron concedidas en octubre por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente. Los otros tres supuestos cómplices ya fueron citados a una audiencia inicial de vinculación a proceso que tendrá lugar en febrero del próximo año.
La exoficial mayor Gómez Molano ya ha estado sujeta a otros procesos judiciales por mal ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Murillo Karam, de quien ha sido cercana colaboradora durante años. En febrero pasado, la exfuncionaria fue vinculada a proceso por la compra injustificada y a sobreprecio de un avión de 19.6 millones de dólares que fue utilizado para goce personal del exprocurador.
Por su parte, Diazleal Ochoa trabajó junto con Zerón en la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) que dirigía Genaro García Luna, el primero como director de Seguimiento Operativo y el segundo como coordinador de Control Policial. Diazleal Ochoa ingresó a la PGR en 2011, cuando la Procuradora era Marisela Morales, y permaneció en la institución durante todo el peñismo y en el primer año de la actual Administración, hasta diciembre de 2019, cuando fue relevado.
El “pago” de Zerón
El pasado 26 de septiembre, durante un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aludió al presunto desvío de Zerón y dijo que se trató de un “pago” al exfuncionario por contribuir a crear la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La investigación indica que los recursos públicos presuntamente desviados por el extitular de la AIC pertenecen a la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, que suele ser utilizada como caja chica para cubrir la manutención de testigos protegidos o para investigaciones de agentes encubiertos, gracias a que sus reglas de uso son laxas y permiten no comprobar gastos y, así, mantener el sigilo de las operaciones.
El mal uso de esta misma partida en los tiempos de Murillo Karam es objeto de una investigación interna de la FGR relacionada con el ejercicio irregular de 102 millones de pesos, según dio a conocer El País en julio.
Además, en septiembre, en su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la FGR abrió una indagatoria contra 19 exfuncionarios de la extinta Policía Federal por un presunto desvío de la misma partida.
La acusación de la FGR contra Zerón sostiene que los tres contratos por mil 102 millones de pesos con cargo a la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” no se justifican y fueron suscritos expresamente para beneficiar a las empresas Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V., Vans y Suvs de Lujo S.A. de C.V. y Duritz Holdings Limited, esta última con domicilio fiscal en Gibraltar y con cuentas en Suiza.
Una de las dos nuevas órdenes de aprehensión contra Zerón está relacionada con el desvío de 852 millones de pesos en 2013 y 2014 a través de dos contratos: uno, de 60 millones de dólares (equivalentes a unos 777 millones de pesos al tipo de cambio de la época) con la empresa Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V., y otro de alrededor de 75 millones de pesos con Vans y Suvs de Lujo S.A. de C.V.
El primer contrato fue suscrito para la adquisición de plataformas tecnológicas para la intervención de comunicaciones, mismas que serían instaladas en camionetas que, a su vez, se distribuirían estratégicamente a lo largo del territorio nacional.
El segundo contrato fue para comprar dichos vehículos (24 unidades), que, aunque tenían un precio factura de 500 mil pesos, fueron adquiridos por más de 3 millones de pesos cada uno.
La FGR señala en su acusación que las camionetas fueron entregadas por el proveedor un año después y actualmente están embodegadas, mientras que las plataformas tecnológicas nunca fueron instaladas en los vehículos ni utilizadas.
La segunda orden de aprehensión contra Zerón es por el pago de 250 millones de pesos a la empresa offshore Duritz Holdings Limited para la adquisición de sistemas y equipos para la intercepción de comunicaciones. El pago se realizó a una cuenta en Suiza, según la investigación y la empresa tiene su domicilio fiscal en Gibraltar.
Gibraltar es un territorio de soberanía británica en la costa del sur de España con un sistema impositivo bajo (del 10% de sus ganancias) y grandes facilidades para la creación de empresas y sociedades, pero que no es considerado paraíso fiscal ni por la Unión Europea ni por la OCDE. Otras instituciones, como la Comisión Europea, han sido críticas con las autoridades gibraltareñas, a las que señalan por falta de eficacia en la lucha contra el lavado de dinero.
A 15 de septiembre había 12 mil 978 empresas activas según datos oficiales y unas 3 mil más inactivas, una cifra elevada para una población de casi 34 mil habitantes. Según estas cifras, hay una compañía por cada dos habitantes de Gibraltar. Además, hasta hace año y medio permitía abrir fideicomisos protegiendo la identidad de los verdaderos dueños de las compañías, lo que facilitó la proliferación de empresas pantalla.
En este caso, la Fiscalía no tiene evidencia de que los bienes hayan sido entregados por el proveedor, lo que le hace presumir dos hipótesis: que se trató de una compra simulada y el dinero se dispersó a cuentas de beneficiarios de Zerón, o bien, que el exdirector de la AIC se quedó con los equipos y sistemas de espionaje adquiridos a fin de crear “su propio Cisen”, esto es, un centro espía paralelo al del gobierno.
La FGR presume que los tres contratos son irregulares porque no fueron solicitados por ninguna unidad administrativa de la institución; además, no hubo estudios de mercado que justificaran la elección de cada proveedor ni que se garantizaran las mejores condiciones para el Estado.
