En septiembre de 2020 se cumplió un año del dictamen histórico emitido desde la Organización de las Naciones Unidas para que México repare el daño por la violación a los derechos humanos de Arturo Medina, un joven con discapacidad intelectual y psicosocial, y cumpla otras recomendaciones para garantizar la no repetición.
Oct 26, 2020|Luz Rangel |Reporte Indigo. A nivel nacional e internacional el Estado mexicano violó los derechos humanos de Arturo Medina Vela, una persona con discapacidad intelectual y psicosocial. Y desde hace un año ignora las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este caso, las cuales permitirían garantizar la no repetición.
El 6 de septiembre de 2020 se cumplió un año del dictamen histórico emitido por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Han pasado dos meses más y la Secretaría de Gobernación (Segob), encargada del cumplimiento de las obligaciones señaladas, no ha implementado un plan de acción para la reparación del daño a Medina Vela.
“Es el primer caso individual que resuelve el Comité con respecto al Estado mexicano, se pronuncia en relación a las violaciones a los derechos humanos de una persona con discapacidad. Eso es lo que hace histórica la resolución”, menciona Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia de Documenta AC, en entrevista con Reporte Índigo.
El Comité recomienda modificaciones a la legislación penal en relación a la figura de inimputabilidad y las medidas que implican el internamiento para un tratamiento médicopsiquiátrico
En 2011 el joven mexicano fue detenido por la presunta comisión del robo de un vehículo y declarado inimputable debido a su condición. Bajo criterios proteccionistas, esta figura en el Código Penal Federal excluye de la comisión de delitos a personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
La discapacidad es una condición de vida, no una enfermedad. Sin embargo, un juez penal le impuso a Arturo Medina una medida de seguridad en internamiento fundamentada en certificados médicos, por lo que estuvo privado de la libertad durante cuatro años en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (Cevarepsi) de la Ciudad de México.
Además, su proceso penal presentó irregularidades como la negación de la posibilidad de declararse inocente, aportar pruebas para su defensa o impugnar las que se presentaron en su contra y no se respetó su derecho a contar con los ajustes de procedimiento por su condición.
“Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso, mediante ajustes de procedimiento”, dice el Artículo 13 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
México fue el principal promotor de la Convención y su Protocolo Facultativo, los cuales firmó y ratificó desde 2007. No obstante, en el caso de Medina Vela violó los artículos 4, 5, 12, 13, 14 y 19.
EL ACOMPAÑAMIENTO DE DOCUMENTA A PERSONA CON DISCAPACIDAD
En 2014, la madre de Arturo Medina Vela pidió apoyo a Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social. En octubre de ese mismo año, la organización interpuso una demanda de amparo directo en contra de la sentencia condenatoria de 2011.
“Yo creo que eso habla, tristemente, de la defensa pública de este país y de la necesidad de fortalecerla. Porque son justamente las organizaciones de la sociedad civil quienes deben intervenir y dar apoyos para llegar a resoluciones que realmente identifiquen las violaciones a derechos humanos y generen una reparación”, expresa Diana Sheinbaum.
Fue el 19 de agosto de 2015 cuando Medina Vela, desde el Cevarepsi, presentó un escrito inicial por ser víctima de violación de los derechos que la Convención le otorga.
“En el caso de Arturo, lo que hizo Documenta fue no conformarse con las resoluciones, pasó por varios jueces, por instancias de amparo, de apelación, fueron varios años de litigio hasta acudir a una instancia internacional entendiendo que nacionalmente no estábamos logrando nada. Lo que hace falta es ese impulso de darse cuenta que es necesario llegar hasta las últimas consecuencias cuando lo que tenemos enfrente es claramente una violación de derechos humanos”, refiere Sheinbaum Lerner.
Hace un año, el Comité formuló tres recomendaciones al Estado mexicano sobre el caso de Arturo Medina: proporcionarle una reparación efectiva, incluido el reembolso de costos judiciales junto con una indemnización; reconocer públicamente la violación de sus derechos; publicar el dictamen y distribuirlo.
“Siempre se pueden añadir más, creo que depende de la correcta reparación del daño. A nadie le devuelven el ser sujeto de una injusticia, los años privados de libertad, esos momentos de angustia, de abusos y vulneraciones que se dan también en el espacio penitenciario. Es difícil identificar el impacto que una violación como la que vive Arturo tiene sobre una persona y creo que nunca va a ser suficiente”, añade.
Esperamos que sí haya un llamado al Estado mexicano por parte del Comité porque sí habla de una continua violación al sistema de derechos, no se logra un sistema incluyente y no se evita que sigan estas reproducciones
– Diana Sheinbaum|Coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia de Documenta AC
OTROS PENDIENTES DE LA SEGOB
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de implementar un plan para definir de qué forma se le brindará reparación efectiva a Arturo Medina y de garantizar la no repetición.
El dictamen histórico propone hacer modificaciones a la legislación penal federal y estatal en relación a la figura de inimputabilidad. También, que México revise las medidas de seguridad que implican el internamiento para un tratamiento médico-psiquiátrico y promueva alternativas; que logre que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica y que vele por que los funcionarios conozcan la Convención y su Protocolo Facultativo.
Por su parte, Documenta llama a la Segob a planear con los poderes Legislativo y Judicial, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad, mesas de trabajo con el objetivo de cumplir las recomendaciones y, sobre todo, a no aplazar más sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“No hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Segob, ha pasado un año de la recomendación y no se ha creado ninguna mesa de trabajo. Además hubo movimientos que lo que han provocado es que cambien las personas con las cuales estamos dialogando, que no haya ni información sobre las recomendaciones, no hay claridad sobre cómo va a impulsar la implementación de las mismas”, insiste Diana Sheinbaum.
