Él sustrajo (esa cantidad) con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con complicidad de sus superiores», dijo el Fiscal General de la República.
Redacción AN / ER/26 de septiembre 2020 11:56 am. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue contundente:
–Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, se robó más de mil millones de pesos de la entonces Procuraduría General de la República.
En su participación a distancia, durante el informe sobre los avances del caso Ayotzinapa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la FGR dijo literalmente:
“Es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República”.
“Él sustrajo (esa cantidad) con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con complicidad de sus superiores. Como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo”.
Señaló que cuando se descubrió el peculado, Zerón huyó del país, por lo que una vez que obtuvieron las ordenes de aprehensión, la Fiscalía empezó con las gestiones ante las autoridades canadienses. De inmediato huyó a Israel, país al que también se le ha solicitado el apoyo.
Al hacer público el informe de la FGR a la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, calificó los hechos como “un crimen deleznable, sino fundamentalmente la muestra de una conducta delictiva integral permanente y reiterada” que es reflejo de los niveles de corrupción de un régimen político y administrativo.
Señaló que ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior “en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales: encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.
El fiscal acusó que el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, “se convirtió en encubridor y en vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles”.
Para Gertz Manero, esta actitud del gobierno de Enrique Peña Nieto “no fue un hecho aislado y sí una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción”. Mencionó como ejemplos los casos de ‘La estafa maestra’, el saqueo de Petróleos Mexicanos, fraudes financieros, así como la entrega masiva de la riqueza nacional. “Este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década”, puntualizó.
Estudiantes fueron víctima de un choque de intereses
Informó que se han obtenido legalmente 70 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado 34. Igualmente, se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula y que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación.
También se encontraron, en un sitio distinto del basurero, los restos de Alexander Mora Venancio, cuya identidad fue confirmada por la Universidad de Innsbruck.
Apuntó que los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico asentadas en la ciudad de Iguala, por ser ésta un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la sierra de Guerrero y que es vital para quienes comercian con ella en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos.
La presencia de los estudiantes se dio en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, los encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, así como en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.
Gertz señaló que lo anterior se demuestra “con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes”, ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales, en una lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos.
Señaló que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento de los hechos a través del sistema de comunicación C4, que debió registrar lo que estaba ocurriendo para identificar a quienes participaron y presenciaron lo ocurrido, así como las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares donde comenzó la tortura. Tras esto, los jóvenes “fueron entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con esas autoridades”.
El fiscal dijo que en las investigaciones realizadas “ahora resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron en diversos momentos, lo cual implica responsabilidades que no pueden quedar impunes y que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias”.
Mencionó que autoridades judiciales locales ocultaron vídeos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala, por lo que deberán rendir cuentas.
El fiscal dijo que el Ejecutivo Federal, “para ocultar y encubrir sus colusiones” primero acusó a las autoridades locales y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso. De esa manera, aseveró, el Gobierno de la República se convirtió en el “operador de un encubrimiento generalizado” por el que detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales en procesos que se vinieron abajo por las violaciones masivas a los derechos humanos efectuadas.
Lo anterior, tuvo por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales. Aseveró que la ‘verdad histórica’ estuvo basada en torturas, falsedades e ilegalidades “con la se quiso sepultar la realidad”.
