El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que los avances en las investigaciones demuestran que la «verdad histórica ha colapsado».
Redacción AN / MDS/26 de septiembre 2020 11:12 am. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró hoy que los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecidos el 26 de septiembre de 2014, no estuvieron nunca juntos, como lo señaló la llamada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, en Palacio Nacional, señaló que estos hallazgos demuestran que “la verdad histórica ha colapsado”.
Se refirió a la localización e identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en julio pasado, por la unidad creada para este caso en la Fiscalía General de la República (FGR).
Encinas informó que las autoridades se reunieron con decenas de informantes, mismos que aportaron datos importantes a las investigaciones y cuyo fin es lograr la localización de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero en 2014.
El funcionario aseguró que la Comisión ha dado distintos pasos bajo la premisa de que “la única verdad es que no hay verdad”. Por esa razón se han reincorporado las opiniones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fueron excluidas deliberadamente por el gobierno anterior.
Dijo que hasta el momento hay 80 personas detenidas por estos hechos. Criticó las resoluciones judiciales que han permitido la liberación de varios detenidos y que constituyen “una burla para los padres de familia y para la justicia en México”, una muestra de la corrupción judicial que subsiste en el sistema de justicia del país.
Aclaró que “en la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, alcanzados de Ayotzinapa. No nos amedrenta ni nos va a detener”.
En torno a la narrativa del gobierno de Peña Nieto y su entonces procurador, Jesús Murillo Karam, comentó que su “verdad histórica se construyó en beneficio de los perpetradores”, por lo que el compromiso del gobierno actual es que la justicia alcance a todos los involucrados. Aseguró que “no habrá impunidad”, que el gobierno no generará “falsas expectativas y no construiremos otra verdad histórica. Aquí no estamos cansados y no descansaremos”.
34 nuevos detenidos y liberaciones injustificadas
Encinas informó que de marzo a la fecha se ha detenido a 34 nuevos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, con lo que suman 80 arrestos. Las detenciones incluyen a integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público.
“De marzo a la fecha se han librado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se ha detenido a 34 personas”, dijo.
Encinas destacó las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal ministerial y de Alicia Bernal, ex Ministerio Público encargada de legalizar la llamada verdad histórica.
El subsecretario lamentó la actuación de jueces que han liberado a presuntos perpetuadores de la desaparición de los estudiantes.
“Es el caso del juez Primero de Distrito de Procesos penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes y a quienes se les había imputado en la comisión de diversos delitos argumentando que fueron objeto de tortura”, alertó.
Indicó que dicho juez no observó la jurisprudencia del 21 de julio del 2019 que detemina que la información obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, no a dejar a los implicados en libertad.
“El Juez noveno de distrito Gabriel Dominguez Barrios, en Iguala, quien por el pago de una multa de 10 mil pesos dejó en libertad a Marco Antonio “R”, que había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, o el de secretario de acuerdos del juzgado Segundo de distrito penal en el Estado de México, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad Angel “C”, quien se encontraba prófugo desde 2015, aforunadamente esto no sucedió”.
Encinas aseguró que dichas resoluciones son una afrenta a las víctimas.
