Junto con Emilio Lozoya, ex funcionarios de distintos niveles, incluido Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza como miembros del Consejo de Administración de Pemex, y hasta integrantes del Sindicato Petrolero, serían corresponsables de irregularidades en la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, según se desprende del dictamen técnico que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió para denunciar el caso ante la Fiscalía General de la República. A partir de información contenida en diversos documentos internos del caso, Aristegui Noticias detalla cronológicamente quiénes y cómo intervinieron en Pemex para que la petrolera comprara la planta, que le generaría millonario daño patrimonial; también las irregularidades que les imputa la ASF.
Redacción AN / BDL|Foto: Cuartoscuro|26 de agosto 2020 8:08 am|Por Ana Lilia Pérez / Investigaciones especiales. Los primeros meses de Emilio Lozoya Austin como director de Pemex, comenzó a maquinarse el que resultaría uno de los negocios más lesivos para la petrolera: la compra de Agro Nitrogenados. Hoy, este es uno de los casos que lo tienen bajo imputación judicial de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como reveló Aristegui Noticias, Lozoya intervino directamente ante el Consejo de Administración de Pemex, mediante la presentación del Informe sobre la inversión de una planta de fertilizantes, de su coautoría, y que fue presentado por él, junto con su asesor ejecutivo Edgar Torres Garrido, definiendo la compra como una oportunidad, e insistiendo en que debía realizarse, aduciendo intereses del Estado mexicano, y que con ello el gobierno federal cumpliría sus compromisos.
Pero en la cadena hay por lo menos otra treintena de exfuncionarios y directivos de Pemex que participaron, activa o pasivamente, para que la petrolera comprara la planta:
El 19 de julio, el Consejo de Administración de PMI Holdings, B.V., una filial de Pemex constituida bajo la legislación de las Antillas Holandesas, sesionó con la presencia de los consejeros Luis Felipe Luna Melo, Mario Alberto Beauregard Álvarez, Fernando Toral Acosta, Arend J.F.M. Van Nieuwland y Karel Cristiaan Teunisse, y como asistentes, José Manuel Carrera Panizzo, Jorge Valadez Montoya y Carlos Roa Rodríguez.
En dicha sesión, Carrera Panizzo, entonces director general de PMI Comercio Internacional, y Roa Rodríguez, coordinador de asesores de Emilio Lozoya, expusieron el “Proyecto de Fertilizantes”, destacando que “Pemex para cumplir con uno de sus objetivos estratégicos… está dispuesto a adquirir una planta de urea y fertilizantes llamada Agro Nitrogenados o, incluso, a entrar en una empresa conjunta, dependiendo de la opción que sea más apropiada”, y que Pemex estructuraría dicha operación a través del Grupo PMI.
Expusieron algunos antecedentes de la planta: “Agro Nitrogenados solía ser parte de Fertimex, de propiedad estatal hasta 1992, cuando fue adquirido por Grupo Agromex. Actualmente, es propiedad de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA)… que en 1999 Agro Nitrogenados suspendió las operaciones debido a los altos costos del gas natural…” al respecto argumentaron que las condiciones del mercado habían cambiado en México.
Hablaron de la ubicación de la planta en Coatzacoalcos, su capacidad instalada, la extensión del terreno que incluye el puerto operativo; entre otros aspectos, indicaron que para reiniciar operaciones Agro Nitrogenados necesitaba una inversión de 150 millones de dólares, y que el costo total era de alrededor de 400 millones de dólares.
Roa Rodríguez y Carrera Panizzo dijeron a los miembros del Consejo de PMI Holdings B.V. que la adquisición de Agro Nitrogenados traería múltiples beneficios a Pemex, como ser una inversión rentable, lograr la cadena de valor amoniaco-urea, permitiendo el uso de la capacidad instalada en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
Que “Pemex tiene la capacidad técnica para operar y mantener la planta que se adquirirá”, y que “es necesario completar el proceso del Due Dilligence en materia financiera y legal, para establecer adecuadamente el valor de la inversión”. Solamente uno de los consejeros allí presentes: Van Nieuwland, cuestionó que el precio de la compra de 250 millones de dólares le parecía ser un precio alto. A lo que Carlos Roa respondió: “El precio de compra es una estimación y ciertamente estaría sujeto a nuevas negociaciones que posiblemente podrían tener una reducción”.
Luego se solicitó al Consejo otorgar poderes a José Manuel Carrera para llevar a cabo el Due Dillingence (estudio económico-financiero y legal). En tal sesión, el Consejo de Administración de PMI Holdings, B.V. aprobó por unanimidad incluir en la cartera de proyectos del Grupo PMI la adquisición de una planta de fertilizantes con un costo estimado de 400 millones de dólares, de los cuales 250 millones serían para la adquisición y 150 millones para la rehabilitación, sujeto a que se realizaran los estudios mencionados por Roa, a efecto de validar la viabilidad del proyecto.
Contrario a lo que Roa, el coordinador de asesores de Lozoya, dijo a los consejeros de PMI Holdings, B.V., acerca de que el precio de la planta estaría sujeto a negociación y que podría tener como resultado una reducción, el precio de compra se incrementó en 25 millones de dólares respecto a lo planteado en esa sesión, al quedar en 275 millones de dólares.
Pero además, según se desprende de datos presentados en la sesión del Consejo de Administración de PMI Holdings, B.V., del 1 de noviembre de 2013, había un precio de adquisición de 220 millones de dólares, que era el “precio estimado por el propietario”.
Cabe señalar que el Grupo PMI son empresas filiales creadas en Pemex –a partir del año 1989– para comercializar el petróleo mexicano en el exterior, pero también utilizadas como compañías offshore en paraísos fiscales, para hacer inversiones de manera discrecional, ya que el tipo de operaciones a través de estas se consideraba “privado”, aun cuando el capital proviniera de una empresa del Estado mexicano.
Pero, además, ninguna de las compañías del Grupo PMI tenía por objeto social lo relacionado con un proyecto de esa naturaleza, y normativamente le correspondería a la subsidiaria Pemex Petroquímica evaluar un proyecto así, desde la propuesta hasta cada una de las aprobaciones y viabilidad, con implicaciones normativas, técnicas y legales de distinta índole, incluido que debió someterse a evaluación de un comité de estrategia de inversiones, pero nada de eso se hizo; en cambio, se utilizó a las filiales de PMI para autorizar la compra y el dinero destinado a esta.
Avalúos con trampas
El 10 de septiembre, Edgar Torres envió mediante correo electrónico una solicitud de cotización a las empresas Ica Fluor Daniel, Technip y Randall Nelson, para la rehabilitación de la planta. Luego, el 9 de octubre, envió un correo a los representantes de las compañías, especificándoles que las propuestas fueran acompañadas de una carta dirigida a José Manuel Carrera, director general de PMI Comercio Internacional.
El 4 de noviembre, Carrera solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) emitir el dictamen valuatorio a “valor comercial” y de “realización ordenada” de los muebles e inmuebles de la planta de Agro Nitrogenados, con la finalidad de una “posible adquisición de los bienes”.
Pero el 27 de noviembre solicitó la cancelación de dicho avalúo, y modificar la solicitud a modo de registrarla como “avalúo comercial de una unidad económica, considerándolo como un negocio en marcha”, y precisó que “es conveniente valuar dichos bienes muebles e inmuebles como un todo y no de la manera que previamente se había solicitado”.
Lo anterior, aun cuando las instalaciones tenían ya 30 años de antigüedad y 14 sin operar.
Así, la solicitud de cambio del tipo de avalúo implicó una modificación sustancial en el valor de adquisición de los bienes de la planta (61% superior) al considerarlos como “negocio en marcha”.
Pero, además, los estudios para el avalúo no fueron exhaustivos; después Carrera diría que no se obtuvo el permiso por parte del vendedor para abrir los equipos “ya que corrían el riesgo de ser dañados”.
Lo que en realidad se ocultaba era que por lo menos el 60% de los equipos requería ser reemplazado o renovarse completamente.
Y en modificaciones que posteriormente se le hicieron al contrato original de compra, se pactó que los vendedores presentaran avalúos consistentes con el precio de venta.
El 4 de diciembre el Consejo de Administración de PMI Holdings, B.V., sesionó con la presencia de Carrera Panizzo, Mario Beauregard Álvarez, Carlos Murrieta Cummings, Jorge Valadez Montoya y Edgar Torres, para tratar el tema “Seguimiento del Proyecto de Fertilizantes”.
Torres, el enviado de Lozoya, habló de los “beneficios de producir urea en México”:
“El proyecto apoya esencialmente un objetivo principal del nuevo Gobierno Federal en México: incrementar la seguridad alimentaria”. Y agregó que “Pemex quiere hacer esto como productor de fertilizantes. Para poder lograr los objetivos de la política gubernamental es necesario crear dentro de Pemex una subsidiaria especializada en la producción de fertilizantes”.
El Consejo concluyó por consentimiento unánime que las respuestas eran satisfactorias para continuar con la ejecución del proyecto, y resolvió otorgar un poder legal ilimitado a Carrera y Valadez, para llevar a cabo todos los asuntos necesarios.
El 9 de diciembre sesionaron los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, S.A. de C.V. (PMI NASA) y PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV (PMI ID), con la presencia de Carrera Panizzo, Carlos de Regules Ruiz Funes, Víctor Gómez Berdejo, Carlos Caraveo Sánchez, Jorge Cuéllar y Ernesto Ríos Patrón, y autorizaron llevar a cabo el proyecto de fertilizantes mediante la constitución de una nueva empresa (que se denominaría Pro-Agroindustria, Pro-Agro).
Intervención de Lozoya
El 17 de diciembre de 2013, como reveló Aristegui Noticias, la compra se informó al Consejo de Administración de Pemex, como un asunto “para conocimiento del Consejo”.
En tal sesión estuvieron además de Lozoya y su asesor Torres, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía y Consejero Presidente; los Consejeros propietarios: Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener; Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; los consejeros profesionales: José Fortunato Álvarez, Héctor Moreira Rodríguez, Jorge Borja Navarrete, Fluvio Ruiz Alarcón; los consejeros propietarios y representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM): Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, y el diputado José del Pilar Córdova Hernández. También César Hernández Ochoa y Miguel Ángel Flores Ramírez, secretario y prosecretario del Consejo, respectivamente; y Felipe Mellado Flores, comisario de Pemex.
Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Peña Nieto
También estuvieron diversos directores de Pemex: Víctor Díaz Solís, director Corporativo de Administración; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director Corporativo de Finanzas; Carlos Murrieta Cummings, director Corporativo de Operaciones; José Luis Luna Cárdenas, director Corporativo de Tecnología de Información y Procesos de Negocios; Marco Antonio de la Peña Sánchez, director Jurídico; Daniel Ramírez Ruiz, titular del Órgano Interno de Control de Pemex; Tomás Ibarra Guerra, titular de la Unidad de Control Interno Institucional; Froylán Gracia Galicia, coordinador Ejecutivo de la Dirección General; Javier Romo Michaud, asesor Jurídico del director general; Luis Ignacio Durán Lomelí, gerente de comunicación social.
Y como invitados: Miguel Tame Domínguez, director de Pemex Refinación; Alejandro Martínez Sibaja, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica; Manuel Sánchez Guzmán, director de Pemex Petroquímica; Jorge Valadez Montoya, subdirector de Coordinación Estratégica de PMI.
En esta sesión, Lozoya y Torres presentaron el denominado Informe sobre una Inversión en una Planta de Fertilizantes (firmado por Lozoya y Roa), enfatizándolo en términos de “una oportunidad”, y que “además de ser un buen negocio, tendría efectos de gran relevancia en términos sociales”.
Torres dijo que el proyecto representaba un valor presente muy alto, de 204 millones de dólares. Que la estructura del negocio se integraría a través del Grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual se crearía PMI Fertilizantes. Que hacia adelante se esperaría que el grupo PMI pusiera la infraestructura y que Pemex, a través de Pemex-Petroquímica, pusiera los insumos para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena.
Agregó que el proyecto había obtenido “las autorizaciones necesarias”, “siendo que el pasado 19 de julio, PMI Holdings B.V. lo aprobó y le otorgó suficiencia presupuestaria” por 475 millones de dólares. Que el 9 de diciembre se había presentado “el caso de negocio” en los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, S.A. de C.V. y PMI Infraestructura de Desarrollo, quienes a su vez le habían autorizado a realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la compra de los activos de la empresa Agro Nitrogenados.
Lozoya explicó que de los 475 millones de dólares aprobados por el Consejo de PMI Holdings, 275 millones serían para la adquisición de los activos de planta y los otros 200 millones para la rehabilitación de éstos y su modernización. Dijo que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica, “dado que por esta vía hubiera tomado mucho más tiempo”, y había “premura”, por parte del Gobierno Federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes “lo más pronto posible”.
Que, aun cuando estaba por verse en dónde quedarían las utilidades del proyecto, debía considerarse la integridad de la cadena, que es lo que daba valor al proyecto, y que se buscaba tener una línea de negocios de fertilizantes constituida en una sociedad mexicana.
Torres dijo que lo que se estaba buscando con el proyecto era que PMI adquiriera los activos de Agro Nitrogenados para renovar la planta y ponerla en funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formarían una sociedad e integrarían la cadena de valor de amoniaco–urea. Que, aprovechando la coyuntura de esa adquisición, Pemex estaría en posibilidad de resolver un problema legal que tenía con los dueños de la planta, ya que para poder llevar a cabo la operación, se les había puesto como condición que se desistieran de los procedimientos que tuvieran contra Pemex.
Al final de su presentación, Lozoya insistió en que se trataba de un proyecto “prioritario para el Gobierno de la República”, y que sería “muy buen negocio para Pemex”. Y expresó su agradecimiento a la Secretaría de Energía “por todo el apoyo en su conceptualización”.
En tal sesión no hubo objeciones. Ninguno de los consejeros manifestó oposición, solamente algunos comentarios y felicitaciones.
Por ejemplo, el Presidente del Consejo reiteró que se reconocía la cooperación del Sindicato con el proyecto, este último, vital para la economía del país. En respuesta, Jorge Wade expresó una felicitación a Petróleos Mexicanos por tomar esa determinación. Subrayó que había un compromiso formal de los trabajadores sindicalizados de sacar el proyecto antes del tiempo previsto, de acuerdo con el calendario que se propuso. Expresó su beneplácito al ver que la cadena productiva fuera hasta uno de los puntos finales, como lo era la elaboración de los fertilizantes. Y manifestó una felicitación para el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos.
Emilio Lozoya y Alonso Ancira
Omisiones y responsabilidades
En consideración de la ASF, en la sesión del 17 de diciembre, los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, “debieron hacer notar que se estaba informando de la realización de hechos irregulares”, es decir, “contrarios al marco jurídico”.
Los miembros de ese Consejo “omitieron actuar en el sentido de aprobar, autorizar, tomar decisiones o votar en los asuntos que son competencia exclusiva de dicho Consejo de Administración, toda vez que únicamente tomaron conocimiento de la información que les proporcionó el director general de Pemex y el asesor de éste, respecto de la adquisición de los activos de la planta de fertilizantes denominada Agro Nitrogenados, actuando pasivamente en detrimento del patrimonio de la empresa del estado Mexicano”, dice el dictamen técnico que la ASF emitió el 25 de junio de 2019, para la presentación de denuncia de hechos.
También en consideración de la ASF, serían corresponsables los integrantes de los consejos de Administración de PMI Holdings B.V., PMI Norteamérica, PMI Infraestructura de Desarrollo y ProAgroindustria que aprobaron la realización de la compra de Agro Nitrogenados, así también los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, que tomaron conocimiento de dicha adquisición “sin sujetarse al marco jurídico” y “sin realizarse las apreciaciones o pronunciamientos que sobre este aspecto estaban dentro de sus facultades para atender que la operación se realizara por conducto de Pemex Petroquímica, organismo subsidiario competente, asimismo, sin sujetarse a las mejores condiciones para el Estado, por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
De principio a fin, la compra de Agro Nitrogenados estuvo plagada de irregularidades, que involucrarían en presuntas corresponsabilidades, mediante conductas activas o pasivas, a funcionarios de Pemex y sus miembros del Consejo de Administración.
En su dictamen técnico, la ASF considera como imputados a Emilio Lozoya, Edgar Torres, José Manuel Carrera, Carlos Roa y Jorge Valadez; también a los consejeros de las filiales PMI Holdings, PMI Norteamérica y PMI Infraestructura de Desarrollo; además de los integrantes del Consejo de Administración de Pemex.
Sobre la información aquí planteada, se solicitó su postura a Pedro Joaquín Coldwell, exconsejero Presidente del Consejo de Administración de Pemex, al respecto respondió: “La ASF nunca me ha requerido ni notificado respecto a investigación alguna sobre el caso que menciona y por lo que hace a la FGR tampoco he sido notificado de la denuncia que usted cita a pesar de que he solicitado en reiteradas ocasiones a la FGR me informe si existen denuncias sobre Agro Nitrogenados que me involucren, y en ese caso me den acceso a la carpeta de investigación como corresponde. En consecuencia, no puedo opinar sobre documentos mencionados en medios, cuya existencia legal no me han notificado”.
También se preguntó al hoy diputado federal Enrique Ochoa Reza y, a través de su área de prensa, se respondió que “No ha sido notificado por autoridad alguna, y que el Consejo de Administración de Pemex no votó ni aprobó la operación entre AHMSA y Pemex, el Consejo solamente fue informado de que una filial extranjera de Pemex, que es PMI Internacional ya había concertado la operación”.
A través del área de prensa, se preguntó a la FGR por el número de imputados en el caso Agro Nitrogenados, así como el número de carpetas de investigación, se respondió que eso es parte de la investigación.
La compra de Agro Nitrogenados es una de las imputaciones principales que la FGR lleva contra Emilio Lozoya y el empresario Alonso Ancira, quien se encuentra en arraigo domiciliario en España. Hace unos días, el Juzgado Tercero de Distrito en Chiapas, determinó que las acusaciones contra Ancira habrían prescrito y le otorgó un amparo que frenaría su extradición, solicitada por el gobierno mexicano, derivado de la orden de aprehensión emitida el 25 de mayo de 2019; sin embargo, la FGR interpuso un recurso de revisión para impugnar el fallo.
Y, el pasado 20 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió suspender por seis meses al secretario en funciones del Juzgado Tercero de Distrito, con el fin de iniciar una investigación por la probable responsabilidad “de haber descuidado el desempeño de sus funciones”, debido a la sentencia de amparo en favor de Ancira.
Lozoya y Ancira
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Imputaciones a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex
“En su carácter de Consejeros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y servidores públicos, en su caso, no se pronunciaron respecto del hecho, en violación a las normas de la Ley de Petróleos Mexicanos, y el ‘Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos’, ya que conoció que la adquisición de los activos de Agro Nitrogenados, se estructuró a través de las empresas del Grupo PMI, y no de Pemex Petroquímica, justificándose este hecho por el Director General de Pemex a través de la manifestación que había ‘premura’ por parte del Gobierno Federal para llevar a cabo la producción de los fertilizantes lo más pronto posible. En efecto, quedó evidenciado que los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, en dicha sesión del Consejo no hicieron manifestación alguna de que se estaba informando de hechos no apegados al mayor jurídico vigente a la fecha de realización del Consejo y que regula la organización y funcionamiento de Pemex y sus organismos subsidiarios, y sin realizar las apreciaciones o pronunciamientos que sobre este aspecto estaba ordenado dentro de las facultades del Consejo para atender que la operación se realizara por conducto de Pemex Petroquímica; asimismo, sin sujetarse a las mejores condiciones para el Estado, sin dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la operación de adquisición…
“Por lo que en términos de los estatutos de Pemex, se presume que el Consejo referido es corresponsable de la conducta, lo cual ocasionó daño al patrimonio de Petróleos Mexicanos y, por ende, al patrimonio del Estado Mexicano. Así también, sin hacer apreciaciones o pronunciamiento de la adquisición de los activos de la planta denominada Agro Nitrogenados en un precio mayor de compra de 93,183,429.32 (93 millones de dólares), con base en las argumentaciones presentadas por el Director General de Pemex y su asesor, y sin cuestionar el precio pactado ni las condiciones económicas, financiera y técnicas expuestas.
“Tal conducta afectó al patrimonio de Pemex y sus empresas filiales, imposibilitando que el Estado obtuviera las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes”…
Las trampas del contrato
El 18 de diciembre de 2013, al día siguiente que el Consejo de Administración de Pemex tomó conocimiento de la compra de Agro Nitrogenados, PMI NASA, representada por Carrera Panizzo, y PMI Infraestructura de Desarrollo, representada por Valadez Montoya, constituyeron Pro-Agroindustria. Y dos días después, el 20 de diciembre, Carrera, como apoderado de Pro-Agroindustria, formalizó el contrato de compra-venta de los activos, inmuebles y permisos con Alonso Ancira Elizondo, por 275 millones de dólares, a pesar de conocer que el precio del avalúo emitido por INDAABIN, aun con las trampas, era más bajo, y también aceptó incluir en la cláusula de “obligaciones adicionales”, que el avalúo por cuenta y cargo de los vendedores sería realizado por un corredor público, lo que entrañaba una condición ventajosa para los vendedores.
El contrato de compra-venta contempló cláusulas ventajosas para los vendedores, por ejemplo, “obligaciones adicionales” en las que se estableció que entre la fecha de firma y la fecha de cierre, los vendedores otorgarían a los compradores acceso irrestricto a la planta “para llevar a cabo visitas de inspección, revisiones, estudios, análisis”, estableciéndose la fecha al 31 de marzo de 2014, pero luego este se amplió al 31 de mayo.
Y Carrera no gestionó ni antes ni después de la firma del contrato los estudios de integridad física y mecánica para evaluar el estado técnico que tenía la planta, aun cuando la propia DCO de Pemex, había recomendado que se hicieran antes de comprar la planta.
Fueron diversos convenios modificatorios que se hicieron al contrato para favorecer a los vendedores. Por ejemplo, el 28 de marzo de 2014, se firmó un convenio para modificar la fecha de cumplimiento argumentando que la autorización de la Comisión Federal de Competencia para llevar a cabo la adquisición de los activos se recibió el 21 de marzo y que los vendedores no contaron con el tiempo suficiente para obtener todas las autorizaciones establecidas en el contrato; se acordó el 31 de mayo como nueva fecha para su cumplimiento. Pero un día antes de la nueva fecha, el 30 de mayo, se firmó un segundo convenio modificatorio, ya que los vendedores no cumplieron en su totalidad con las obligaciones de la entrega de documentación.
