Grupo REFORMA|Cd. de México (10 agosto 2020) 05:00 hrs. El Gobierno federal quiere recuperar 200 millones de dólares que Pemex pagó en exceso a Altos Hornos de México (AHMSA) por la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz, pero hasta ahora nadie está acusado de un delito específico por autorizar o participar en esa operación.
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, sólo están acusados de lavado de dinero por la compra de una casa de Lozoya en Lomas de Bezares con 34.2 millones de pesos de un supuesto soborno, pero no por la adquisición misma de la planta, celebrada el 20 de diciembre de 2013 por 275 millones de dólares.
Al final de la audiencia de imputación contra Lozoya, el pasado 28 de julio, el juez Artemio Zúñiga prácticamente invitó a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar cargos por la compra de la planta, luego de escuchar durante horas a los fiscales, y a los funcionarios Pemex, alegar que la operación ha provocado daños por más de 8 mil millones de pesos al patrimonio de la empresa estatal.
«Podría generar un diverso delito como es el uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el Artículo 217, fracción segunda, del Código Penal Federal», explicó el juez, según la transcripción de la audiencia difundida a la prensa por WhatsApp.
En diciembre de 2013, el artículo 217 del Código castigaba con 6 meses a 12 años de cárcel al servidor público que «indebidamente otorgue, realice o contrate adquisiciones con recursos públicos», así como a «toda persona» que solicite o promueva estas contrataciones.
Hasta ahora, el único ex funcionario sancionado por la operación es José Manuel Carrera Panizzo, ex director de PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, quien firmó el contrato de compraventa con AHMSA.
En julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Carrera 10 años para el servicio público.
La FGR mantiene una carpeta de investigación abierta por la compra, pero no ha sido judicializada.
Un obstáculo podría ser el paso del tiempo. El delito de uso indebido habría prescrito en abril de 2019, salvo que la FGR hubiera realizado diligencias previas específicas para perseguirlo.
No obstante, el pasado 31 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no se devuelven los 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por la planta «chatarra» no habrá un acuerdo con la empresa que quiere tomar el control de ella, señaló en presunta referencia a Villacero.
«Si no devuelven el dinero, el juicio sigue adelante como está establecido (…) No vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron», dijo.
