Dora Villanueva |Foto tomada del sitio www.imf.org/es|La Jornada| martes, 28 jul 2020 10:24|Ciudad de México. El momento para reformas anticorrupción es ahora, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), al recalcar que se debe dar seguimiento al dinero público que se ha invertido en restar los efectos sanitarios de la pandemia de Covid-19.
Por lo pronto, subrayó que se agudizará el enfoque del organismo en la materia. Si bien se han proporcionado desembolsos rápidos para satisfacer necesidades urgentes, van de la mano de medidas para rastrear el gasto relacionado con el Covi-19.
“Esta crisis agudizará nuestro enfoque en la gobernanza en los próximos años debido a los efectos devastadores y los costos de la pandemia para las personas y las economías. Los países no pueden permitirse perder recursos preciosos en el mejor de los casos, y menos aún durante y después de la pandemia”, añadió.
De acuerdo con Vitor Gaspar, Martin Mühleisen y Rhoda Weeks-Brown, integrantes del FMI, los países a los que se ha prestado se comprometieron a realizar y publicar auditorías independientes de los gastos relacionados con la crisis.
También a publicar contratos de adquisición relacionados con la coyuntura en los portales electrónicos de cada gobierno, incluida la identificación de las empresas adjudicatarias del contrato y sus beneficiarios reales.
Destacaron también que más allá de la emergencia se deben mejorar a largo plazo todo rubro para combatir la corrupción. Añadieron que derivado de las acciones que realiza el FMI se ha dado seguimiento a la gobernanza y las operaciones del banco central en Liberia, la supervisión del sector financiero en Moldavia y el marco anticorrupción en México.
En general el organismo propone que el combate a la corrupción sea más concreto. Por ello, los programas de préstamo están condicionados a reformas anticorrupción y mejoras en el ejercicio de gobierno como un objetivo central de ellos.
Se busca mejorar la administración tributaria, supervisión de gastos, transparencia fiscal, supervisión del sector financiero, instituciones anticorrupción y declaraciones de activos para altos funcionarios, expusieron los investigadores.
