En San Luis Potosí todos, menos el gobernador Juan Manuel Carreras, saben sobre el uso de empresas fantasma para emitir facturas falsas y meterle gol al erario. Las ONG y el Congreso estatales han denunciado los casos de corrupción, pero persiste la impunidad. Uno de esos personajes sin castigo es el joven “emprendedor” Gabriel Alan Salazar Soto, quien de la noche a la mañana creó una red de empresas relacionadas con fraudes y con desvíos del erario, principalmente en la Secretaría de Salud estatal.
VERÓNICA ESPINOSA|8 julio, 2020|SAN LUIS POTOSÍ, SLP (proceso).– El gusto por las facturas falsas es una epidemia en el gobierno estatal. El empleo de empresas fantasma para facturar, así como la simulación de licitaciones para asignar compras millonarias, involucran directamente a funcionarios de distintos niveles en la administración del gobernador priista Juan Manuel Carreras López.
El mandatario sabe de las irregularidades pero no ha actuado. Los casos de corrupción han sido denunciados públicamente por organizaciones sociales, como Impunidad Cero y Ciudadanos Observando, y ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, cuyo titular es Federico Garza Herrera, a causa de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE). La impunidad es el común en todos los casos.
Sobre la corrupción en el Poder Ejecutivo destacan las investigaciones que involucran a la Secretaría de Salud del estado, cuya titular es Mónica Liliana Rangel Martínez. El ejercicio presupuestal en esa dependencia “siempre ha estado inmerso en actos sospechosos, siempre ha sido cuestionado”, comenta a Proceso el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.
La ONG adelanta que alista denuncias formales que interpondrá en la Auditoría Superior de la Federación y en la Unidad de Inteligencia Financiera por uso de factureras y simulación de concursos que podrían causar un daño por 95 millones de pesos al erario federal.
A su vez, la Comisión de Vigilancia del Congreso de San Luis Potosí acordó a principios de junio solicitar a la ASE una revisión especial a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y lo que va de 2020 de la Secretaría de Salud, “con motivo de los diversos señalamientos que se han vertido contra empresas que le han proporcionado bienes y servicios, en los que se presumen precios, adjudicaciones y contratos irregulares”.
A finales de 2019 la propia ASE dio a conocer observaciones sobre la Cuenta Pública de 2018 de dicha dependencia, que alcanzaron poco más de 63 millones de pesos. A la Secretaría de Salud se le solicitó que aclarara obras, licitaciones irregulares, falta de comprobación y contratación de proveedores que estaban suspendidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En marzo último, la ONG Impunidad Cero incluyó a San Luis Potosí –especialmente a la Secretaría de Salud– en la investigación nacional “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, pues encontró que esa dependencia estatal y el Hospital Ignacio Morones Prieto desviaron al menos 15 millones de pesos en compras simuladas con empresas fantasma o factureras.
Las adquisiciones reportadas correspondieron principalmente a medicamentos contra el cáncer, que en su mayor volumen fueron facturados por Proyectos de Desarrollo Aztlán, SA de CV, y Servicios integrales de análisis Capral, SA de CV, las cuales están en la lista de empresas reportadas por el SAT por operaciones inexistentes.
Fragmento del reportaje publicado en el número 2279 del semanario Proceso, en circulación
