Debido a la multiplicación de casos de abusos laborales en la pandemia, trabajadores del sector salud, cultural, automotriz y educativo, así como organizaciones de repartidores de comida, recolectores de basura, jornaleros y empleados de call centers promueven una iniciativa para conformar un movimiento.
Por Zedryk Raziel|@amormundi_|Animal Político|26 de junio, 2020. El gobierno federal ha registrado más de 11 mil denuncias digitales de trabajadores por despidos injustificados y reducción arbitraria de salarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19, dio a conocer la Secretaría del Trabajo federal.
Dicha cifra, sin embargo, representa solo una parte del universo total de denuncias de abusos laborales cometidos por los patrones en la pandemia, mismo que permanece desconocido.
Esos 11 mil casos fueron registrados exclusivamente a través de la aplicación virtual habilitada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a mediados de abril, denominada Procuraduría Digital.
Pero la Profedet también levanta denuncias mediante otras tres vías: telefónica, por correo electrónico y de manera presencial en sus oficinas centrales de la Ciudad de México, según confirmó personal de comunicación social de la institución.
Desde el 8 de junio, Animal Político ha solicitado reiteradamente a la Secretaría del Trabajo y a la misma Profedet el número global de denuncias por abusos laborales (esto es, promovidas de manera presencial, digital, telefónica y por correo) acumulado desde mediados de marzo, cuando inició la pandemia de COVID-19 en México; también se ha solicitado un informe desagregado del tipo abuso denunciado (despido injustificado, recorte salarial o descanso sin goce de sueldo), así como el nombre de las empresas repetidamente señaladas por los trabajadores. Ambas dependencias han postergado consistentemente atender la petición de información pública.
La Profedet proporcionó a este medio una numeralia: todos los días, esa institución recibe, en promedio, mil 200 llamadas y 300 correos electrónicos, además de mensajería por WhatsApp de parte de trabajadores que exponen sus quejas. Dichas comunicaciones, sin embargo, no se traducen necesariamente en denuncias.
Hasta ahora sólo se sabe de las 11 mil quejas digitales porque la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, dio a conocer la cifra en un conversatorio virtual organizado por El Colegio Nacional el pasado 18 de junio.
“Se puso a disposición una herramienta que es la Procuraduría Digital, que nos ha ayudado muchísimo a identificar estas denuncias de trabajadores, sobre todo aquellos que se despidieron injustificadamente por la cuestión de COVID o que los mandaron a descansar a su casa sin goce de sueldo, y hemos recibido más de 11 mil denuncias en este sentido”, señaló la funcionaria.
Trabajadores afectados organizan movimiento nacional
Debido a la multiplicación de casos de abusos laborales en el contexto de la pandemia, grupos de trabajadores del sector salud, cultural, automotriz y educativo, así como organizaciones de repartidores de comida, recolectores de basura, jornaleros y empleados de call centers promueven una iniciativa para conformar un Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos.
El manifiesto de la iniciativa critica la muerte por COVID-19 de empleados que fueron obligados a continuar asistiendo a sus centros de trabajo y señala los casos de contagio entre el personal médico por falta de insumos o por su mala calidad. También denuncia que en las maquilas hay hacinamiento y se utilizan precarios páneles de hule y tubos de plástico para mantener la “sana distancia” entre los trabajadores.
“La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 profundizó la crisis económica que se venía arrastrando, generando más precarización, rebajas salariales, cientos de miles de despidos, contagios y muertes de trabajadores por la voracidad de ganancias de los patrones. ¡El capitalismo mata!”, indica el manifiesto.
Las organizaciones demandan la prohibición de despidos y reducciones salariales, así como la reinstalación de los trabajadores removidos y los no recontratados, así como la suspensión de labores en sectores económicos no esenciales hasta que se controle la pandemia, y la provisión de equipo de protección de calidad y gratuito a los trabajadores de sectores esenciales.
También plantean que en cada empresa se constituyan Comisiones de Higiene y que se apliquen pruebas diagnósticas para toda la planta laboral.
En el caso de los trabajadores de la salud, la coalición de organizaciones demanda que se eleve el presupuesto público para ese sector que garantice la adquisición de los insumos necesarios a fin evitar contagios entre el personal.
Víctor Romero, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y uno de los principales impulsores de la iniciativa, señaló que las empresas y el gobierno pretenden cargar a los trabajadores la crisis económica derivada de la pandemia.
“Nos dimos cuenta de que todos estábamos en la misma afectación. No importa si es un médico, un obrero, un trabajador de limpieza, un maestro, todos enfrentábamos las mismas condiciones precarias. Ante un panorama de crisis económica a nivel mundial y en México, vimos que la crisis la quieren descargar sobre los hombros de los trabajadores, y decidimos decir: ‘¡Ya basta!’, no es posible que todas estas consecuencias las quieran dejar caer sobre nosotros”, afirmó en entrevista.
Aseguró que la pandemia agravó la precariedad laboral en el país y que las autoridades no han hecho lo suficiente por defender a los trabajadores, más allá de expresar llamados y exhortos a la buena voluntad de las empresas.
“Los despidos y la baja de salarios es precarización laboral; la respuesta del gobierno no ha sido satisfactoria; si nos unimos ahora es porque el gobierno no ha garantizado realmente una salida a la crisis para los trabajadores”, sostuvo.
