Con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos el gobierno obtendría recursos para enfrentar al COVID. Pero advierten que habría un manejo discrecional de los recursos.
Por Nayeli Roldán@nayaroldan|Pixabay|22 de mayo, 2020. La Cámara de Diputados pretende extinguir fideicomisos creados por decreto de ley que dejaría sin recursos a 26 centros de investigación, alumnos becados en el extranjero, atletas de alto rendimiento y medallistas olímpicos; periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y extrabajadores migratorios del Programa Bracero, ahora ancianos.
El argumento es que con la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos a través de la modificación de 14 leyes y la eliminación de una, el gobierno federal obtendría recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronovirus.
También se eliminaría la “opacidad” de los fideicomisos al estar “vinculados a la discrecionalidad y falta de transparencia”, según advierte la iniciativa presentada por Dolores Padierna, diputada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Legislativo.
Sin embargo, la iniciativa no prevé mínimos lineamientos o reglamentación para el uso del dinero y su respectiva rendición de cuentas, pues sólo mandata que los recursos sean transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, la dependencia tendría recursos extra fuera del presupuesto y sin etiquetar.
“El dinero se iría a una caja negra, con un manejo discrecional y con mayor opacidad de la que se supone van a remediar, porque realmente no sabemos si se usará para la pandemia o va a terminar en Pemex”, asegura José Roldán Xopa, profesor de Derecho Administrativo del CIDE.
Aunque la iniciativa de ley advierte que los fideicomisos se rigen bajo el secreto bancario y la nula fiscalización, Roldán Xopa argumenta lo contrario, toda vez que dichos instrumentos se rigen bajo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y sí son sujetos de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Los fideicomisos tienen mayor transparencia y mayor posibilidad que lo que están proponiendo en la iniciativa”, afirma Roldán Xopa. De hecho, la Secretaría de la Función Pública tiene participación en todos los fideicomisos existentes, por lo que habría posibilidad de establecer más candados y vigilancia para combatir la supuesta opacidad.
Además, la iniciativa tampoco explica qué otro mecanismo sustituiría a los beneficiarios de esos fideicomisos, ni que pasaría en el momento de transición, por ejemplo, con los becarios en el extranjero, los contratos con proveedores, los salarios porque “el hecho de que exista dinero disponible no significa que no estén comprometidos”. En resumen: “no proponen algo mejor”.
La iniciativa del partido Morena pretende extinguir los fideicomisos creados por ley y que no estuvieron incluidos en el decreto del presidente López Obrador publicado el pasado 2 de abril, que eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía a 740 mil millones de pesos.
Sin embargo, no se ha hecho público la lista de dichos fideicomisos pese a que los recursos debían ser transferidos a Hacienda a más tardar el 15 de abril, según estableció el decreto.
Los educación
El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con 45 años de funcionamiento, y otros 25 centros públicos de investigación del país como el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Centro de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), también serían afectados con la extinción.
Todos pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyt), cuyo financiamiento está previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología, pero la iniciativa propone derogar la fracción del artículo 23 referente a “los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico cuyo soporte operativo estará a cargo de los centros públicos de investigación”.
Por tanto, cada uno de los centros públicos de enseñanza superior e investigación tienen su propio fideicomiso y al extinguirlos no tendrían recursos suficientes para funcionar como lo han venido haciendo.
Sergio López Ayllón, director del CIDE, asegura que los recursos que entrega el gobierno Federal no son suficientes para solventar las necesidades de los centros, por eso es que “utilizamos los recursos de los fideicomisos para financiar proyectos, y si los quitan ¿cómo vamos a desarrollar esas actividades?”.
“Tendríamos muchas dificultades para hacer lo que hacemos hoy y algunas actividades ya no las podríamos hacer”, advierte López Ayllón en entrevista con Animal Político.
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California, por ejemplo, hace investigación sobre el Golfo de México mediante un barco cuyo mantenimiento se paga de su fideicomiso y no de su presupuesto. También existen proyectos multianuales que pueden desarrollarse gracias al fideicomiso y sin estar sujetos al presupuesto anual.
López Ayllón asegura que se ha hecho un esfuerzo porque estos fideicomisos sean transparentes y “están sujetos a fiscalización, auditorías y el uso de recursos tiene fines específicos que están en la propia ley”, como apoyar investigación, becas para estudiantes, adquisición de equipos para los centros, obras de infraestructura, mantenimiento.
En todo caso, dice, debía haber una revisión de cada fideicomiso para evaluar cómo operan y su posible mejora, “pero no la opción de la bomba atómica de matar a todos. Eliminarlos por principio es una idea que no tiene mucho sustento y van a generar mucho daño”.
En abril pasado, tras el decreto presidencial para extinguir fideicomisos, la titular del CONACyT, María Elena Álvarez Buylla, apoyó la solicitud que hicieron los centros de investigación a Hacienda para advertir el impacto de la extinción de estos fideicomisos.
Después de ello, nadie del Legislativo o del Consejo se acercaron al CIDE para evaluar el funcionamiento del fideicomiso, por eso, dice López Ayllón, “nos desconcierta, nos descorazona esta iniciativa”.
Otro impacto a la formación es la reforma a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que pretende eliminar el fondo que tenía como principal objetivo la “capacitación de personas para que actúen en acciones de cooperación internacional, movilización a terceros países, asunción de los costos de estancia en México de cooperantes extranjeros”. Esto significa que tampoco habría recursos para becarios en el extranjeros bajo esta modalidad.
Desastres, deporte, periodistas, exbraceros
La iniciativa de Morena también prevé reformas a la Ley General de Protección Civil, para eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con disponibilidad de 7 mil 129 millones de pesos y cuya bolsa que no depende de un presupuesto anual, sirve para hacer frente a los desastres naturales como sismos o huracanes e incluso para obras y acciones de prevención.
El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, nadie del Gobierno Federal, ni el Legislativo se acercó para evaluar la operatividad y áreas de mejora del Fonden, según dijo en entrevista con Denise Maerker este jueves.
La reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte también prevé la eliminación de los fondos y fideicomisos públicos y privados que contribuyan al desarrollo deportivo del país.
En el informe trimestral de Hacienda, se explica que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, por ejemplo, se utiliza para brindar apoyo integral a los mejores deportistas del país mediante becas, campamentos, equipo multidisciplinario, competencias, equipo deportivo, insumos médicos y calzado deportivo.
La disponibilidad hasta marzo de este año era de 298 millones de pesos, y en el primer trimestre del año se utilizaron recursos para apoyar a 774 atletas, 99 médicos olímpicos, 282 deportistas del deporte convencional de 37 disciplinas de alto rendimiento, 47 deportistas del deporte adaptado. Este fondo también sirve para los apoyos vitalicios a medallistas olímpicos, gastos para la preparación y participación de los deportistas en diversas competencias, campamentos, concentraciones, eliminatorias y clasificatorios rumbo a los juegos olímpicos y paralímpicos.
Pese a que México registra el mayor número de periodistas asesinados en 2019 en un país en paz, incluso a nivel de Siria, y con una tasa de impunidad mayor a 90% según la organización Periodistas Sin Fronteras, también sería eliminado el fideicomiso para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Por lo que el Fondo, es decir, los recursos, estarían a cargo de la Secretaría de Gobernación, y sólo estaría alimentado por los recursos anuales del presupuesto de la Federación y la dependencia emitiría las reglas de operación. Esto, dice, Roldán Xopa, deja a discrecionalidad de una dependencia, cuando el fideicomiso tenía reglas de operación y un consejo multidisciplinario para su funcionamiento.
La única ley abrogada es la que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos del Programa Bracero. Este consistió en que mediante un convenio binacional entre México y Estados Unidos, mexicanos trabajaron en EU entre 1942 y 1964 .
Con dicho acuerdo se creó el Fideicomiso para los Trabajadores Migrantes Braceros que estipulaba que el gobierno estadounidense custodiaría temporalmente el 10% del salario perteneciente a los trabajadores mexicanos, a fin de crear un fondo de ahorro el cual sería devuelto al regresar a México a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola de México (BANRURAL) y al Banco del Ahorro Nacional S.A.
El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados calculó que fueron 4 millones 649 mil 199 los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos dentro del Programa Bracero, de los cuales 3 millones 233 mil 755 sobrevivían hasta 2008, además de la descendencia de quienes habían fallecido.
Y hasta ese año, apenas habían 229 mil exbraceros inscritos en los padrones de 2006 y 2009 y que habían sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, lo cual representaba 7% del total y de este número, solamente han recibido su pago 180 mil 322, lo que equivale al 5% del total. Pero ese dinero, también sería transferido a Hacienda.
El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), utilizado para apoyar la producción de películas mexicanas, también estaba incluido en las extinciones propuestas por Morena, pero desde este miércoles, la comunidad cultural protestó en redes sociales y a través de cartas dirigidas a los diputados firmantes de la iniciativa.
Ante los reclamos, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, dijo en su cuenta de Twitter que hubo una reunión con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y se llegó a un acuerdo para que Fidecine permanezca y no se ponga en riesgo al fondo con una iniciativa.
El propio Delgado lo confirmó después con un mensaje en redes sociales, celebrando el acuerdo para evitar una de las implicaciones de la iniciativa que surgió de su propio partido.
