Julia Zulver y Megan JanetskyMedellín|BBC Mundo| Colombia 7 horas. El primer día de la cuarentena en Colombia, a Carlota Isabel Salinas la mataron a tiros en la puerta de su casa.
Salinas desempeñaba un papel de liderazgo en una organización de mujeres en el departamento de Bolivar, en el norte del país.
La región ya había visto un aumento de la violencia perpetrada por grupos paramilitares de derecha en los meses previos a la pandemia de coronavirus.
Desde que comenzó el confinamiento a finales de marzo, 28 activistas y defensores de derechos humanos en Colombia han sido asesinados.
Estos asesinatos no son un fenómeno nuevo. Más de 800 activistas han sido asesinados en Colombia desde 2006, según el centro de estudios Indepaz.
Pero activistas comunitarios de diferentes partes del país le dijeron a la BBC que las restricciones al movimiento impuestas para frenar la propagación del virus los ha convertido en blancos aún más fáciles.
Atrapados en la casa la mayor parte del día y solo saliendo a la calle cuando surgen necesidades humanitarias en su comunidad hace que estén totalmente desprotegidos.
«Tengo miedo por mi familia»
Dolores (cuyo nombre real omitimos por razones de seguridad) es una de varias líderes de un grupo de cientos de madres que promueven el empoderamiento económico de las mujeres en Catacumbo, una región en el departamento de Norte de Santander -en la frontera con Venezuela- que vive desde años situaciones de violencia extrema.
Desde que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con grupo rebelde de izquierdas FARC, en 2016, han crecido las amenazas en el país para activistas como Dolores.
Derechos de autor de la imagenGETTYImage captionCauca es una de las regiones con el número de asesinatos de activistas más altos del país.
Mientras que la mayoría de rebeldes de las FARC depusieron las armas, otros grupos guerrilleros, disidentes de las FARC y paramilitares continúan enfrentándose en zonas como Catacumbo.
Ahora, esos grupos están explotando la cuarentena para consolidar aún más su poder.
En esta zona rural de Colombia, grupos armados rivales luchan por controlar el lucrativo negocio de las plantaciones de coca y las rutas de tráfico de drogas mientras eliminan sistemáticamente a los activistas que desafían su autoridad.
«Tengo miedo de que maten a mis compañeros, tengo miedo por mi familia», dice Dolores.
Ella y otros activistas han recibido en las últimas semanas cada vez más amenazas de grupos armados.
Pero no todo queda en amenazas. La semana pasada una de sus amigas activistas fue asesinada en Catacumbo por un grupo de hombres armados no identificados.
«Somos el único apoyo que tienen»
Durante la cuarentena, los defensores de derechos como Dolores han tenido trabajo como nunca antes.
Las mujeres en su comunidad -muchas de las cuales son cabeza de familia- no han podido salir a trabajar y tienen dificultades para alimentar a sus familias.
La tasa de violencia doméstica ha aumentado y la ausencia de instituciones del estado en esta zona rural se siente ahora mucho más que nunca.
Image captionLos activistas dicen que no abandonaran la lucha por las amenazas.
“Sabemos los riesgos que corremos, pero ahora mismo con esta pandemia, las necesidades de la gente han aumentado”, explica Dolores.
«Para muchos de ellos, somos el único apoyo que tienen».
Ella ha escrito cartas y publicado videos en las redes sociales pidiéndole al gobierno colombiano ayuda para esas familias, pero dice que sus pedidos se han topado con el silencio y la falta de acción por parte de las autoridades.
«Atrapados en el medio»
En otra parte del país, en la montañosa región del Cauca, Clemencia Carabalí se enfrenta con amenazas similares.
Activistas comunitarios han sido asesinados allí casi todas las semanas, y Cauca -donde Carabalí hace campaña por los derechos de las mujeres y los afrocolombianos- ha estado en el centro de las matanzas cometidas durante el aislamiento.
Desde que comenzó la cuarentena, han sido asesinados allí diez activistas.
«Luchan por este territorio, es un baño de sangre, y nosotros -como mujeres y comunidades- estamos atrapados en medio de esto”, dice Carabalí.
Desde 2016, ella ha recibido 9 amenazas de muerte.
Dolores también ha estado bajo constantes amenazas por su trabajo y, el año pasado, sobrevivió a un intento de asesinato.
«Muy intimidante»
«Es muy intimidante, y lo único que queremos es hacer nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos», dice Carabalí.
«Estamos en nuestra casa, y nos pueden seguir muy fácilmente».
Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, dice que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres activistas, que ahora “tienen el triple o el cuádruple de trabajo”, dado que deben luchar no solo para protegerse a ellas mismas sino también a sus familias y comunidades.
Sus actividades las exponen a la violencia a manos de grupos armados que imponen su poder en regiones donde las activistas son vistas como “mujeres que no deberían participar en el espacio público”.
Mientras que el número total de hombres activistas asesinados en Colombia es mayor que el de mujeres activistas, Cuesta dice que, «cuando pierdes a una líder mujer, también pierdes todo un proceso de empoderamiento político que pudo acabar con estereotipos que le permitieron llegar a ese rol».
«Es mucho más difícil para las mujeres llegar a esas posiciones de liderazgo».
Carabalí teme que si personas como ella abandonan esos cargos, esto sea un gran paso atrás en su lucha por los derechos básicos.
A pesar de su temor por las consecuencias mortales para ella y su familia, ella dice que su trabajo es más crucial ahora que nunca.
«Alguien tiene que hacerlo», dice. «Alguien tiene que alzar su voz».
