Entre las propuestas están, por ejemplo, la ‘adopción’ de las MiPymes, es decir, que aquellas empresas con más recursos apoyen a las que menos tengan.
REDACCIÓN|Foto Cuartoscuro|El Financiero|Actualización 07/04/2020 – 12:22. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentó este martes los puntos que conformaron la propuesta que la IP presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis generada por el COVID-19.
El directivo remarcó que el sector empresarial nunca planteó al titular del Ejecutivo Federal condonaciones de impuestos.
«Este es un problema de liquidez y subrayo, no es un problema de solvencia. Desde las pequeñas hasta las grandes empresas trabajaban el mes de febrero sin problemas, cubrían sus responsabilidades fiscales, pero de un día a otro se dejó de operar, no por falta de capacidad ni de activos, sino por una situación fuera de control», apuntó.
Apuntó también que esta propuesta encontró la negativa del mandatario quien «nos cerró las puertas».
Algunas de las ideas planteadas a López Obrador fueron:
*La suscripción de un gran convenio nacional para proteger los salarios de los trabajadores y sus familias.
*Aumentar la deuda del país en cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
El directivo señaló que eso representaría alrededor de un billón de pesos que se podrían utilizar para la crisis económica que se avecina en México.
*Programa de infraestructura con fondos públicos y privados. La propuesta de la IP al respecto sugería que se le asignará a cada uno de las 32 entidades del país un gran proyecto de infraestructura.
*La definición de proyecto de inversión de la IP en el sector energético.
Al respecto, Salazar subrayó que el sector privado entregó al Gobierno sus propuestas para esas actividades Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, pero aún no reciben respuesta.
*Preparar una propuesta, en coordinación con la Secretaría de Economía, para que México sustituya a China como proveedor de algunas exportaciones hechas hacia Estados Unidos.
*Una depreciación acelerada para acelerar la llegada de inversiones a México.
*Apoyos entre privados mediante una estructura para que empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pagos a no más de 30 días.
*Adopción de MiPymes, es decir, que privados con la capacidad de apoyar a negocios más pequeños lo hagan con apoyos salariales o recursos.
*Compras adelantadas, lo que significaría realizar pedidos que se entreguen una vez terminada la crisis por el coronavirus.
*Evitar penalizaciones contractuales entre particulares.
*Generar una plataforma ágil y sencilla buscando el apoyo de las instituciones financieras, para ello se dialogaría con la Asociación de Bancos de México (ABM) para agilizar la posibilidad de factoraje.
*Que empresas que enfrentan una alta demanda debido a la pandemia del COVID-19, como las farmacias, contraten a personal de otras empresas para hacer más eficiente sus servicios.
Salazar Lomelín presentó también un plan a 90 días que prevén acciones en dos periodos de tiempo: abril y mayo-junio. Para el primero, el CCE plantea:
*Establecer un fondo de 100 mil millones de pesos mediante el cual la banca privada conceda créditos a las MiPymes con problemas de liquidez.
*Una reducción más relevante de la tasa de interés.
*Diferir el 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social para el sector de la hotelería, aviación, turístico y de restaurantes.
Para mayo-junio, la propuesta del organismo es:
*Apoyo especial a empresas que hayan pagado los salarios de sus trabajadores y hayan mantenido sus puestos de trabajo.
*Diferir pagos de impuestos de las empresas hasta por 90 días y sin ningún interés.
Sobre ese punto, el presidente del CCE dijo que la propuesta es que los pagos diferidos se hicieran en 12 mensualidades en 2021.
El proyecto del CCE también tiene contemplado al sector informal, para el cual sugirió créditos a la palabra por 25 mil pesos que podrían beneficiar a un millón de personas durante abril, mayo y junio, o a un millón diferente cada mes.
«El único requisito pedido, que era una ventaja, es que cualquier persona que pidiera el crédito se formalizara «, apuntó Salazar Lomelín.
“Espero que a través de estas ideas, haya retroalimentación para tener un programa, pero ya sin tocar la puerta del Gobierno. Esperamos que esto haga reaccionar al Gobierno», agregó.
Con información de Leticia Hernández
