Daniel Pardo|Corresponsal de BBC Mundo en Colombia|2 horas. La relación entre el gobierno de Colombia y Naciones Unidas no pasa por su mejor momento.
La semana pasada, un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la situación en esta materia en el país es la peor desde 2014 y que el Estado no está cumpliendo su labor de defensa de lo que en ese país se conoce como «líderes sociales».
Eso generó una furiosa reacción de los defensores del gobierno porque, según ellos, el informe omitió detalles de las políticas del presidente, Iván Duque, quien por su parte lo calificó como «una intromisión a la soberanía de Colombia».
Luego, el fin de semana, el jefe de la Relatoría Especial de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Forst, denunció que el gobierno de Duque impidió su ingreso al país para finalizar su informe sobre la situación de los líderes sociales en Colombia.
El gobierno negó que haya «ni vetos ni desbandadas».
En 2019, según cifras oficiales, 107 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en lo que algunos denuncian como una práctica sistemática. Pero hay organizaciones que estiman la cifra en el doble o el triple.
Forst, de origen francés y con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, presentó este miércoles la primera parte de su informe en una asamblea de la ONU en Ginebra, Suiza.
Allí dijo que Colombia «sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras [de los derechos humanos] asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia».
Aunque destacó «la voluntad política y las iniciativas del gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia», reiteró que «la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos está en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz».
BBC Mundo tuvo una breve conversación telefónica con Forst minutos después de su presentación en Ginebra.
Su denuncia de que no lo dejan volver a Colombia ha generado mucha polémica en ese país. ¿Qué concluye de la controversia?
Yo no tengo responsabilidad en esta controversia, porque el acuerdo con Duque era claro. Me reuní con él cuando acababa de asumir (en 2018) y discutimos diferentes opciones y le dije que mi objetivo era preparar el reporte en dos partes.
Una parte sería un examen de la situación de los líderes sociales, no para culpar a este gobierno, que apenas había asumido.
La segunda parte del reporte era para ayudarle al gobierno a desarrollar una nueva estrategia para defender a los líderes.
Porque si no tienes una estrategia, tus acciones nos van a funcionar.
Duque se comprometió en una rueda de presa, públicamente, a invitarme en los próximos meses a ver cómo los ministerios e instituciones estaban implementado mis recomendaciones.
Y no entiendo por qué no estoy siendo invitado ahora.
Yo me reuní en Ginebra con Francisco Barbosa, entonces asesor de Duque (hoy fiscal), y me dijo que iba a ser invitado.
Pero nunca confirmaron las fechas. Y no me invitaron a hacer la segunda fase de mi reporte.
¿Qué es lo que tiene que hacer ahora?
Necesito ver si las instituciones del Estado han desarrollado una estrategia para defender la vida de los líderes sociales.
Y quisiera ver qué más pueden hacer.
El gobierno dice tener una estrategia de defensa a los líderes. ¿Usted cree que no está haciendo lo suficiente?
Todos los gobiernos pueden hacerlo mejor, incluido el gobierno de Colombia.
Y por eso una de mis recomendaciones fue que usaran el proceso de paz [con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC] como una herramienta para defender a los líderes, sobre todo aquellos que están en las regiones afectadas por el conflicto.
El proceso de paz tiene previsiones para defender a los líderes sociales, mi recomendación es que usen eso y, por lo que he podido ver, ese no es el caso.
Sé que muchos miembros del gobierno y del Congreso creen que no hay que implementar todas las previsiones del proceso de paz.
¿Entonces cree que esos miembros del partido de gobierno ponen en riesgo el proceso de paz?
Todo el que no quiere cumplir, que no quiere implementar, el proceso de paz está equivocado, por supuesto.
Porque el proceso de paz fue un proceso amplio y completo.
¿Qué es lo que usted cree que el gobierno no está haciendo bien?
Para mí es una cuestión de método de trabajo.
Es bueno tener un Plan de Acción Oportuno o Mesas de Garantía, como las que ha lanzado el gobierno.
Pero antes que tener un plan de acción hay que diseñar una estrategia y lo que actualmente no hay es una estrategia correcta que incluya a los beneficiarios del proceso, a los líderes sociales, a todos los actores.
Eso permitiría desarrollar hojas de ruta, definir conceptos, obtener consensos entre todos los actores para abordar la amenaza a los líderes.
En este momento, en Colombia no hay una estrategia para defender a los líderes sociales. Y por eso es que yo quiero volver al país para ayudar a los ministerios a desarrollar esa estrategia.
Pero el gobierno dice que tiene una estrategia. Dice que han dado seguridad a miles de líderes sociales, que el problema es que no hay una definición concreta de lo que es un líder social, que para el Estado es difícil proteger a los 7 millones de personas que se consideran líderes sociales.
Yo no he visto una estrategia para defender a los líderes sociales. Y si la hay me gustaría observarla y comentarla con el gobierno. Solo he visto un plan de acción, que es distinto.
Ahora: hay que entender que en la ONU tenemos una definición muy amplia de lo que es un líder social, y esa definición aplica para todos los Estados, incluido Colombia.
Esta definición debe aplicar a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, delatores, periodistas, todo.
Yo sé que en Colombia usan más los términos líderes sociales que defensores de derechos humano, pero si tú miras la definición de la ONU eso incluye a todos aquellos que hacen una labor por otros.
Hay una polémica ahora porque la ministra del Interior, Alicia Arango, comparó la muerte de líderes sociales a la de personas que mueren por robos de celular, que son muchos más al año. ¿Qué opina de eso?
Una declaración así me parece desafortunada e irresponsable.
De hecho, en mi reunión con Duque yo le cité declaraciones del ministro de Defensa en contra de líderes sociales y activistas. Y él coincidió conmigo en que todos los miembros del gabinete deben usar los mismos estándares para defender a los líderes sociales.
Me dijo que les diría en el siguiente Consejo de Ministros que la difamación de los líderes sociales no sería tolerada.
Espero que Duque se reúna con la ministra y discuta con ella cómo prevenir que se haga más daño a los líderes sociales con este tipo de afirmaciones.
Más allá de la declaración de la ministra, ¿por qué es tan importante la vida de un líder social y en qué se diferencia de la muerte de una persona por un robo de celular?
Toda vida tiene que ser protegida, por supuesto.
Pero los líderes sociales tienen un rol que jugar muy importante. Porque son agentes de desarrollo para el país, están ahí para ayudar a implementar las estrategias de derechos humanos de las organizaciones internacionales, están protegiendo mujeres y niños vulnerables, para dar educación y salud a comunidades.
Y el problema es que están siendo asesinados por eso. Son crímenes políticos, no son crímenes comunes como sería un asesinato por un robo de un celular.
¿Cree que la situación de los líderes sociales pone en riesgo la paz del país?
Definitivamente. Para mí fue claro en las áreas remotas del país que hay muchos agentes de violencia, entre ellos las disidencias de las FARC, que son muy peligrosas para los líderes sociales.
Incluso vi, y le dije a Duque, que en esto las compañías privadas juegan un rol importante.
Duque me dijo que no desincentivara a empresas de invertir en Colombia, pero es importante que las empresas que vienen de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, entiendan que su inversión puede hacer daño a los líderes sociales y que por eso tienen el deber de aportar en la defensa de los líderes y respetar los derechos humanos.
Colombia no es un país con representación sindical o gremial importante, pero al mismo tiempo están estos líderes sociales haciendo labores de representación política en las comunidades. ¿A qué cree que se debe esto?
Creo que los líderes sociales están llenando el bache que deja la ausencia del Estado en ciertos aspectos y ciertas regiones.
Por eso es que tenemos que protegerlos y defenderlos, porque son agentes de cambio para un país con mucha violencia y dificultades.
