El 9 de junio de 2018, una civil que impartía clases de inglés en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de la Marina fue presuntamente violada por un cabo de la dependencia, luego de varias semanas de acoso. Aun cuando la afectada interpuso su queja ante las autoridades navales y civiles, éstas, afirma, sólo la revictimizaron. El caso lo conoció desde septiembre de ese año el almirante José Rafael Ojeda Durán, entonces inspector y contralor general de la Semar y hoy titular de la secretaría, pero lo dio por cerrado a principios de noviembre.
SARA PANTOJA|Foto: Miguel Dimayuga|28 diciembre, 2019|CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 11 de diciembre de 2018 el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, envió una carta al titular de la Secretaría de la Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, en la que le pedía atender el caso de una maestra de inglés acosada y violada sexualmente en junio de ese año por un cabo adscrito a la dependencia. El almirante tenía 10 días en el cargo cuando recibió la petición “con carácter de urgencia”.
El 11 de enero de 2019, cuando el gabinete de Seguridad defendía la creación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, la madre de la agraviada –a quien se identifica como Claudia– interrumpió la audiencia y se dirigió a Ojeda Durán: “Después de la violación, mi hija ha sufrido mucha violencia de género dentro de las instalaciones de Marina y lo último que le hicieron en diciembre fue cancelarle las terapias psicológicas… ¡Le suplico justicia! ¡Si quiere que lo haga de rodillas, lo haré!”.
Con rostro serio, el titular de la Semar tomó el micrófono y le contestó: “Si me permite, señora, yo la recibo y vemos su caso con todo gusto. Y se va a aplicar la ley con toda transparencia y a fondo”.
Los diputados y el mismo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aplaudieron al almirante.
Ojeda Durán conocía el caso de Claudia desde septiembre de 2018 y el 5 de noviembre siguiente, cuando era inspector y contralor general de la Semar, tras recibir el documento D/:2271/SG.DQP.499/2018, determinó que la dependencia “no era competente” para hacer la investigación sobre la conducta delictiva del cabo agresor ni para ordenar medidas cautelares por la seguridad de la víctima; mucho menos para repararle el daño. Incluso catalogó el caso como “asunto concluido”, según la copia del documento consultado por la reportera.
Hoy, expone la víctima, el agresor está libre, pues aunque fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) en agosto pasado, sólo estuvo unos días en el reclusorio. El juez Joel de Jesús Garduño desestimó las pruebas de acoso y el dictamen médico que probaba la violación sexual y lo liberó.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2252, ya en circulación)
