-Crece encono en el Senado por Rosario Piedra. -Mientras Ricardo Monreal anunció sanciones contra gobernadores o alcaldes que no acaten recomendaciones, la bancada del PAN dijo que la nueva ombudsperson es una usurpadora.
21/11/2019 06:26 LETICIA ROBLES DE LA ROSA|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Una semana no fue suficiente para que bajara el encono que provocó la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra entre las dos principales fuerzas políticas del Senado.
Ricardo Monreal criticó que gobernadores y alcaldes panistas hayan anunciado que no acatarán las recomendaciones de la CNDH al considerar que Piedra carece de legitimidad para encabezar esa institución.
El líder de la bancada de Morena aseguró que quien desobedezca a la CNDH será sujeto de juicio político y destitución. “No es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante, mandar al diablo las instituciones”, señaló.
En respuesta, Kenia López, del PAN; Claudia Anaya, del PRI, y Juan Zepeda, de MC, respondieron que esa sanción debe aplicarse a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por desacatar la recomendación sobre estancias infantiles.
Además, la bancada del PAN aseguró que Piedra es una usurpadora y adelantó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para destituirla.
En medio de este ambiente de encono, senadores del PRI, PRD y Verde presentaron una reforma para evitar que se repita la sospecha de fraude en una elección de voto secreto en el pleno.
Plantean juicio por ignorar a la CNDH; propuesta de Morena en el Senado
Panistas adelantan que recurrirán a la CIDH para destituir a Piedra Ibarra, por “usurpadora”.
Al retomar su trabajo ordinario, el Senado de la República registró un aumento en el encono entre sus dos principales fuerzas políticas, pues el líder de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que gobernadores y alcaldes que ignoren a la CNDH en sus recomendaciones serán sujetos de juicio político y destitución, y la bancada del PAN aseguró que Rosario Piedra es una usurpadora en la presidencia del organismo y que recurrirá hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para destituirla.
En medio de este ambiente de encono, senadores de las bancadas menos numerosas, Raúl Bolaños, del Verde; Jorge Carlos Ramírez, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD, presentaron una reforma para que no se repita la sospecha de fraude en una elección de voto secreto en el pleno.
Además, el morenista Salomón Jara presentó una propuesta para crear un nuevo Código de Ética para los senadores, que si bien dice que tiene el propósito de inhibir comportamientos corruptos, en algunas partes del articulado deja ver que se puede extender a la sanción al comportamiento de los legisladores, lo que, a decir de senadores de oposición consultados, genera riesgos, pues elimina de facto del fuero legislativo y castiga a los senadores con amonestación pública, destitución de los cargos en el Senado o la cancelación de la dieta por 30 días.
Aunque en su retorno al trabajo ordinario fluyeron algunos temas en el pleno, a nivel de declaraciones, el encono en el Senado elevó su nivel, dado que después de que gobernadores del PAN y algunos presidentes municipales informaron que ignorarán las recomendaciones de la CNDH que preside Rosario Piedra, al considerarla carente del peso ético que requiere la institución, el líder de Morena en el Senado les recordó que están obligados a acatarlas.
“Todas las autoridades estamos sometidas y sujetas al principio de legalidad. Si no acatan las resoluciones o recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incurren en responsabilidad; pueden incluso ser sometidos a juicio político, de acuerdo con los artículos 108 y 110 constitucionales, y pueden ser destituidos, si así lo determina la mayoría de las Cámaras, cuando se actúa en el análisis y en la aplicación de juicios políticos”, dijo Monreal.
Informó que mandar las instituciones al diablo “no es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante, mandar al diablo las instituciones”.
Casi al mismo tiempo, en conferencia de prensa, el grupo parlamentario del PAN, encabezado por su coordinador, Mauricio Kuri González, presentó pruebas, que después fueron acompañadas por la priista Claudia Anaya y el emecista Juan Zepeda, que prueban que Rosario Piedra Ibarra mintió al Senado para ser elegible, pues ocultó su militancia en Morena y su posición en un órgano de gobierno del partido, así como en su currículum.
Los panistas dijeron que Rosario Piedra es “usurpadora” del cargo que tiene ahora en la CNDH y reiteraron que debe renunciar a ese encargo.
Gustavo Madero informó que el vicepresidente del Senado, el morenista Salomón Jara, le entregó información de lo ocurrido la sesión en que se eligió a Rosario Piedra, en la cual se observa que fueron 118 los senadores que pasaron lista; que se distribuyeron 118 papeletas; que se contaron en la mesa 114 cédulas y hubo dos documentos distintos, con lo cual la Mesa Directiva admite que hubo un fraude en esa elección, añadió en panista.
Momentos después, al presentar la iniciativa para evitar que se repitan estos hechos, Raúl Bolaños, del Verde, fue acusado por el panista Víctor Fuentes de pretender avalar lo ocurrido en el caso Piedra, lo cual rechazó el verdeecologista.
La propuesta consiste en que se pase lista en tablero electrónico antes de distribuir las cédulas de votación; que se cuenten como válidas sólo las cédulas y no otros documentos, como sobres u hojas en blanco; que un tercer secretario de la Mesa recuente los votos, al terminar el primer escrutinio, y que al contar los votos se informe de los documentos no válidos encontrados en la urna.
Kenia López, del PAN; Claudia Anaya, del PRI y Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, respondieron que Ricardo Monreal debe pedir que se aplique esa sanción a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, porque están en desacato, al rechazar la recomendación 20/2019 de la CNDH sobre estancias infantiles; incluso recordaron que Morena renunció a apoyar a la CNDH para que los funcionarios comparecieran ante el Poder Legislativo y que expusieran las razones de no aceptar la recomendación.
