Luis Ignacio|Noticias|Mié, 09/11/2019 – 09:56. Con la protección de la diputada priista Lilia Mendoza Cruz, el presidente municipal de San Pedro Molinos, Cupertino Cruz Pérez, pretende reelegirse este 22 de septiembre, a pesar de que el Órgano Superior de Fiscalización detectó diversas irregularidades en su gestión, de que no existe obra pública en la comunidad y sistemáticamente viola los derechos políticos de los ciudadanos, afirmó el abogado Primitivo López Reyes.
Señaló que el presidente municipal de manera arbitraria y en plena violación a la ley electoral llevó a cabo el 18 de agosto de este año la elección del comité municipal electoral, sin embargo de acuerdo al catálogo de municipios sujetos al régimen de sistemas normativos internos indígenas, éste debería ser conformado el primer domingo del mes de septiembre.
En conferencia de prensa frente a palacio de gobierno, comentó que el 4 de mayo del año en curso el presidente municipal Cruz Pérez convocó a una asamblea general para retirarle sus derechos político electorales de manera definitiva, por lo que recurrió al Tribunal Estatal Electoral para presentar un juicio de protección de derechos político electorales, radicado con el número JDC/54/2019, mismo que resolvió a su favor y ordena al munícipe que convoque a asamblea para restituirle sus derechos político electorales.
“El tribunal electoral determinó que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos consagrados en la Constitución federal y estatal, por lo tanto le ordena que me respete mi derecho a votar y ser votado; aunque del presidente municipal se ha pasado por el arco del triunfo la resolución del órgano jurisdiccional”.
López Reyes aseveró que existe una persecución política en su contra porque ha denunciado constantemente los actos de corrupción, prepotencia y abuso de la autoridad municipal encabezada por el presidente Cupertino Cruz Pérez.
Expresó que uno de los actos de corrupción más evidentes fue la supuestamente realización una obra de agua potable donde reciclaron tubería y la hicieron pasar como nueva, por lo que el órgano fiscalizador determinó que deben reintegrarse 363 mil 666 pesos, lo que no ha hecho. “Aunque ese es solo uno de los actos más grotescos, porque a pesar de recibir más de 3.5 millones de pesos no existe en la comunidad obra social alguna, razón por la cual a nivel federal el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ordenó que la Secretaría de Función Pública lleve a cabo una auditoría”.
“Hace quince días sufrí un atentado, mi vehículo se incendió cuando lo manejaba; lo lleve ya a una revisión con un técnico y me dice que el incidente fue provocado, ¿por quiénes? No podría hacer un señalamiento preciso porque desconozco quién lo haya hecho, pero de ese tamaño están la agresiones en mi contra”.
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