Trabajadores que laboran por honorarios en la Cámara de Diputados y que muchas veces son designados de manera arbitraria ante la falta de un método de selección basado en los mejores perfiles reciben salarios que superan los 100 mil pesos; en la lista de estos empleados externos aparecen exlegisladores y exgobernadores.
Eduardo Buendia|Reporte Indigo|Julio 23, 2019. Personal contratado por honorarios que labora para la Cámara de Diputados recibe remuneraciones mensuales muy por encima del salario de un legislador de San Lázaro.
Datos revelados por la misma Cámara baja dejan al descubierto que en ese órgano del Poder Legislativo laboraron 69 personas bajo el esquema de “servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios” para el área de Evaluación y Dictamen; lo que significó un costo de 18 millones 735 mil pesos entre enero y marzo de este año.
Las remuneraciones de este personal externo rondaron entre los 79 mil 800 pesos y los 109 mil 557 pesos. En contraste, los diputados por concepto específico de “dieta neta mensual” perciben 74 mil 548 pesos
La Cámara baja aclara que los profesionistas que brindan apoyo en las labores legislativas no son empleados directos de este órgano. No obstante, en la lista aparecen personajes muy conocidos de la política nacional: exdiputados, exsenadores y hasta exgobernadores.
El apoyo legislativo externo se ha convertido para algunos políticos en una nueva práctica de “chapulineo”, pues pasan de un cargo como legisladores o funcionarios públicos a asesores o trabajadores por honorarios, y así continúan manteniendo su presencia en el Congreso de la Unión de manera indirecta.
Entre esos rostros conocidos está José Encarnación Alfaro Cázares, quien actualmente busca encabezar la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional en fórmula con Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, y contendiente a la Dirigencia Nacional de cara a las elecciones internas que se realizarán en agosto.
Alfaro Cázares, de acuerdo con el documento disponible en la página de la Cámara de Diputados, recibió entre enero y marzo de este año 328 mil 673 pesos; es decir, 109 mil 557 pesos mensuales por brindar sus servicios profesionales de evaluación y dictamen, según el contrato número 23809
El aspirante a secretario general del tricolor fue diputado federal por el PRI en la LVII Legislatura (1997-2000) y diputado local de la Ciudad de México durante la VII Asamblea Legislativa (2015-2018).
Esto quiere que Alfaro Cázares al terminar su cargo como asambleísta en la capital, pasó a ser evaluador y a realizar dictámenes para la Cámara baja, antes de contender por el segundo puesto más importante de su partido, para el cual se registró el 22 de junio pasado como candidato.
Quien obtuvo una remuneración igual a la de José Encarnación Alfaro, durante el primer trimestre del año, es José Espina Von Roehrich, exlegislador del PAN. Así lo señala el contrato con clave 31741.
Espina Von Roehrich, al igual que Alfaro, fue diputado federal en la LVII Legislatura y entre el año 2000 y 2003 ocupó el cargo de delegado de la hoy alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.
Entre enero y marzo de 2019, el exdelegado percibió 109 mil 557 pesos mensuales por prestar sus servicios al Legislativo. Sin embargo, el panista ha trabajado en ese esquema en San Lázaro desde el año pasado.
De acuerdo con la base de datos de remuneraciones a personas por honorarios del 2018, Espina se desempeñó como “Asesor Especializado C2”, obteniendo mensualmente un pago de 70 mil pesos; es decir, un total de 840 mil pesos en todo el año.
Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas y exlegislador durante varios periodos abanderado por el PRI, también recibió casi 110 mil pesos por mes, derivado de sus honorarios como integrante del área de Evaluación y Dictamen de la Cámara baja.
Este personaje de 73 años gobernó la entidad tamaulipeca de 1993 a 1999 y fue diputado federal tricolor en dos ocasiones –en las Legislaturas LII (1982- 1985) y LIV (1988-1991)–.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, también fue senador en tres legislaturas: en la LV y LVI (1991- 1997); y en la LXIII, que culminó en agosto del 2018.
En la lista de pagos por honorarios, también aparece José Humberto Cavazos Lerma, quien recibió 90 mil pesos mensuales en el periodo de enero-marzo pasado, laborando en Evaluación y Dictamen.
De hecho, José Humberto percibió esos mismos 90 mil pesos durante todo el 2018, según los datos transparentados en internet, desempeñándose en “Asesoría Especializada B4”
En una lista de personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) perteneciente a la misma Cámara de Diputados, José Humberto Cavazos fue “Asesor Administrativo” de dicho centro durante la LXIII Legislatura.
LA PROMESA DE AUSTERIDAD
Uno de los compromisos más importantes que hizo Morena antes de su llegada al Gobierno federal y de obtener la mayoría en el Congreso de la Unión fue realizar recortes a la administración pública y a los excesos en las actividades del Senado y la Cámara de Diputados.
La llegada de Morena al Gobierno federal se ha caracterizado por la búsqueda de una reducción en el gasto del Poder Legislativo y de la Administración Pública; entre sus máximas está que nadie gane más que el presidente y que se recorten los privilegios de la clase política
Por ello, el partido guinda ha impulsado modificaciones en leyes como la Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la de Austeridad Republicana —que actualmente se discute en el Congreso—.
Una de las máximas de la Ley Federal de Remuneraciones de los funcionarios públicos es que nadie deberá ganar más que el presidente de la República, cuyo salario bruto por mes es de 155 mil 833 pesos; y de 108 mil 306 pesos netos, de acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública.
En julio de 2018, semanas antes de que diera inicio la LXIV Legislatura, Mario Delgado, entonces diputado electo, presentó un decálogo con el que Movimiento Regeneración Nacional promovería la austeridad en las actividades de este órgano.
En esa lista de acciones se encuentra que los legisladores deben conducirse con “austeridad republicana”, no ganar más que el presidente de la República, terminar con excesos y privilegios, erradicar la práctica de los “moches”, reducir viajes y viáticos al mínimo, cancelar partidas para seguros médicos privados, vales de gasolina, telefonía celular, comidas y la contratación de oficinas, entre otras medidas.
Por su parte, el senador Ricardo Monreal, en noviembre de 2018 aseguró que tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores se disminuirían en un 25 por ciento sus gastos para este 2019
Entre la lista de recortes presupuestales señaló la reducción de un 30 por ciento en honorarios para personal de apoyo a senadores, así como un recorte de la mitad del dinero asignado a los grupos parlamentarios.
Meses antes, en agosto, Monreal Ávila dijo que el ahorro por las acciones de austeridadequivaldrían a mil 500 millones de pesos para este 2019.
Actualmente la Ley de Austeridad Republicana ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, sin embargo, por haberse modificado la iniciativa en la Cámara alta, en San Lázaro se analizará nuevamente en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre.
Entre los cambios que promueve la Ley de Austeridad se encuentran medidas de ahorro a través de la eliminación de seguros de vida privados y la cancelación de privilegios como contar con prestaciones de vehículos o uso de aeronaves, escoltas o plazas adicionales para la Administración Pública Federal.
Al personal por honorarios de la Cámara de Diputados, pese a ser empleados externos, también les han recortados privilegios con los que contaban con anterioridad.
El 16 de julio pasado, el Comité de Administración de San Lázaro determinó quitar la prestación de vales de despensa a los trabajadores por honorarios. Dicho Comité aseguró que con esta medida podrá ahorrar 32 millones 262 mil 500 pesos para este 2019
No obstante, la prestación de vales de despensa sigue siendo una realidad para los empleados directos de la Cámara.
En mayo, el Palacio Legislativo contrató a la empresa Sí Vale México SA de CV, a la cual le pagó 162 millones 832 mil pesos por la adquisición de vales tanto de despensa como de alimentos.
EL OTRO ‘CHAPULINEO’ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Ocupar un cargo de legislador y luego ser trabajador externo del Congreso de la Unión es una práctica recurrente que debe revisarse en materia reglamentaria para que sean contratados los mejores perfiles, asegura Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Para evitar que los puestos de asesores externos dentro del Congreso de la Unión sean entregados con discrecionalidad el IMCO propone instaurar un servicio profesional de carrera
“Todavía existe este reciclaje de algunos funcionarios que no cumplen precisamente con el perfil para una asesoría técnica propiamente. Lo que refleja un vacío legal en el que existe esta discrecionalidad por parte de la Cámara de Diputados y de los grupos parlamentarios de contratar personal ajeno”, explica el especialista.
Con respecto a la promesa de austeridad con la que Morena llegó a ocupar la mayoría en el Congreso, afirma que deben regularse las plazas por honorarios e implementar un servicio profesional de carrera para que las personas especializadas en las áreas de asesoría sigan preparándose en sus labores.
En su Informe Legislativo 2018, el IMCO propone la profesionalización del Congreso Federal y de los congresos estatales y urge a la implementación de este servicio profesional para que los asesores o personal externo ingresen al Poder Legislativo por una evaluación meritoria a través de concursos.
También sugiere que exista capacitación continua y que sus perfiles se promuevan al interior de las legislaturas, además de adquirir derechos y responsabilidades laborales.
Los grupos parlamentarios siguen teniendo dinero para hacer este tipo de contrataciones y el propio Congreso sigue sin aplicar de forma correcta el servicio civil de carrera
– Manuel Guadarrama|Coordinador de Finanzas Públicas del IMCO
“Seguimos con un servicio civil parlamentario que tiene una deuda en ese sentido. Y no solamente sucede en el Congreso de la Unión, también se replican en todos los Poderes Legislativos estatales estas cuotas de algunos puestos que, sin mayor especificación técnica, se otorgan de manera discrecional”, agrega Guadarrama.
Con respecto a que en las listas de asesores o personal por honorarios aparezcan políticos ya conocidos por la ciudadanía, el especialista también advierte que esto se debe a cuotas o a “premios de consolación” cuando éstos no alcanzan a colocarse en otro cargo legislativo de elección popular o por la vía plurinominal.
Manuel Guadarrama resalta que en el caso de la Cámara de Diputados se debe hacer un mayor énfasis en los asesores encargados de revisar el tema presupuestario -atribución exclusiva de la Cámara baja-. Ya que la designación de estos asesores en materia presupuestal debe ser para personas ajenas a los partidos políticos y grupos parlamentarios.
“En ese sentido (la Cámara de Diputados) debe contar con una oficina de presupuesto que tenga un escalafón, capacitación constante; además de un perfil técnico y de asesoría a los legisladores completamente apartidista, que los nombramientos no queden a discrecionalidad de los diputados, sino que precisamente se cumpla con un perfil técnico como de cualquier otro órgano regulador o de asesoría técnica”, concluye.
Ocupar empleos por honorarios en el Poder Legislativo es una práctica común, pues estos cargos muchas veces son otorgados como premios de consolación a aquellos que no alcanzan un cargo público como legisladores por la vía del voto o la plurinominal
En el Informe Legislativo, el IMCO revela que a nivel local, hay 24 congresos estatales que contemplan en su marco normativo el servicio profesional de carrera, pero solamente cuatro aplican dicho servicio.
El IMCO detalla en su documento que durante el 2017 ningún congreso local hizo públicas convocatorias a concursos para ocupar cargos, lo que indica que las vacantes son entregadas por mecanismos discrecionales, sin que exista evidencia de que los nuevos servidores públicos acceden a éstas por méritos profesionales.
