El presidente estadounidense le da 90 días a sus funcionarios para que reformen el sistema migratorio que tiene «colpasada» la frontera con México.
ANTONIA LABORDE/El País/Washington 30 ABR 2019 – 16:55. Los esfuerzos frustrados de Donald Trump por encontrar una salida a la creciente ola migratoria en la frontera con México llevan al presidente a radicalizar su estrategia. El republicano ha enviado el lunes por la noche un memorando a los responsables de la Administración en inmigración en el que les da 90 días de plazo para reformar el sistema de solicitudes de asilo, con normas que incluyen el cobro de una tarifa a los solicitantes por entrar en el proceso y por pedir un permiso de trabajo temporal mientras esperan un veredicto de los tribunales, además de la garantía de que reciban una respuesta en 180 días. Este plan de acción forma parte de la postura “más dura” que Trump dijo que adquiriría frente a la crisis fronteriza, cuando a principios de mes nombró a Kevin McAleenan como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Los esfuerzos frustrados de la Administración de Trump para frenar el aumento de las llegadas de los migrantes a territorio estadounidense han radicalizado la estrategia del mandatario. El documento dirigido a McAleenan y al fiscal general William Barr busca “fortalecer los procedimientos de asilo” para proteger el sistema “contra el abuso desenfrenado” de los solicitantes. El republicano alerta en la misiva de que la situación de la frontera es “cada vez más grave” y que “ha llegado a un punto de quiebre”. En marzo, las patrullas fronterizas detuvieron a 103.000 inmigrantes en la frontera con México, la cifra más alta en una década. El 60% de los aprehendidos eran miembros de familias provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador en busca de asilo.
Para disminuir la llegada de inmigrantes, Trump plantea en el memorando que los solicitantes de asilo paguen una tasa que, según dice en la carta, tendría el mismo coste que lo que supone procesar la solicitud, pero no especifica el valor. Mientras los inmigrantes sin papeles esperan una resolución en EE UU, el Gobierno estadounidense les otorga un permiso temporal de trabajo que les sirve, entre otras cosas, para poder mantenerse. El presidente quiere ahora cobrar por esos permisos y revocárselos a quienes reciban órdenes de deportación definitivas. Con un atasco de cerca de 850.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración, Trump ordena solicitudes se resuelvan en 180 días, excepto en circunstancias excepcionales. Actualmente los procesos pueden tardan una media de dos años.
“Si los demócratas no nos dan los votos para cambiar nuestras débiles, ineficaces y peligrosas leyes de inmigración, ¡debemos luchar duro por estos votos en las elecciones de 2020!”, tuiteó Trump este lunes, destacando su eje para la futura campaña presidencial. Por su parte, McAleenan aseguró este martes que el Departamento de Seguridad Nacional le solicitará más fondos al Congreso para lidiar con la «crisis humanitaria» de la frontera, aunque no especificó cuánto. «Si bien nuestro presupuesto de 2020 ayudará a enfrentar esta crisis, necesitaremos fondos adicionales incluso antes (…) Por eso es por lo que esta semana la Administración enviará una solicitud de financiación suplementaria al Congreso».
A los solicitantes de asilo se les otorga protección en casos demostrables de persecución o temor de esta por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política. Según la Administración de Trump, de cada 100 solicitantes que reclaman temor a ser perseguidos, solo 12 finalmente recibirán asilo. Los críticos a las medidas dicen que ponen el foco en reducir las personas que cumplen los requisitos para poder acceder al asilo, en vez de abordar las causas fundamentales de por qué han escapado de sus respectivos países. El mes pasado, el Departamento de Estado envió una carta al Congreso en la que informaba de su intención de “ejecutar la directriz del presidente” y “finalizar los programas de ayuda exterior para el Triángulo Nortecorrespondiente a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018”. Se trata de frenar presupuestos ya aprobados, que los congresistas demócratas van a batallar para que no sean revocados.
