-No se puede obviar que hoy en el país hay una crisis de derechos humanos igual o más grave que la de 1978. -No voy a negar que tengo miedo. Por esa razón sigo haciendo periodismo, pero priorizo mi seguridad con un sentido de responsabilidad, sostiene el reconocido periodista, de 62 años, hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la ex presidenta Violeta Barrios, en entrevista para La Jornada
Gabriela Selser/Especial para la jornada/Periódico La Jornada/Lunes 7 de enero de 2019, p. 19/Managua. El 10 de enero de 1978 el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del periódico La Prensa y considerado la voz más crítica del régimen militar de Anastasio Somoza, fue asesinado a tiros por sicarios del dictador en una calle de Managua. Hoy, a cuatro décadas de distancia, su hijo menor, Carlos Fernando Chamorro Barrios, teme correr la misma suerte.
En diciembre pasado, las oficinas donde Chamorro editaba la publicación Confidencial y dos programas de televisión fueron intervenidas por la policía, un día después de que el Parlamento cancelara los permisos legales del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) que el periodista fundó hace más de 20 años.
El gobierno aduce que Carlos Fernando Chamorro forma parte de un complot para derrocar al presidente Daniel Ortega que, según la narrativa oficial, arrancó con las protestas que estallaron el 18 de abril. Activistas del oficialismo lo han amenazado de muerte y su rostro figura en videos anónimos donde se pide su cabeza por terrorista y golpista.
No voy a negar que tengo miedo. Por esa razón sigo haciendo periodismo, pero priorizo mi seguridad con un sentido de responsabilidad, dice el reconocido periodista de 62 años, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1996), en una entrevista con La Jornada que reproducimos a continuación.
–Hace más de tres semanas el Parlamento le canceló la personalidad jurídica a nueve ONG consideradas críticas del gobierno, entre éstas, CINCO, y la policía allanó la redacción de Confidencial y de dos programas de televisión que usted dirige. ¿Cuál es hoy la situación de sus tres medios?
–El inmueble donde funcionaban la redacción de Confidencial y de los programas Esta Semana y Esta noche sigue ocupado ilegalmente por la policía. No existe orden judicial ni de ninguna autoridad del Ministerio de Gobernación que justifique esa acción delincuencial. Si bien un día antes se llevó a cabo la eliminación también ilegal de la personalidad jurídica de varias ONG, incluyendo a CINCO, se trata de dos acciones diferentes, ambas ilegales y violatorias del derecho de asociación y la libertad de información.
Una semana después ocurrieron cosas peores: el cierre del Canal 100% Noticias, su ocupación policial y el arresto de su director, Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau. Es decir, que estamos ante una escalada de la dictadura, no sólo contra el derecho a la vida, la integridad física y la libertad, ya que tenemos más de 567 presos políticos, sino también para aplastar el derecho a la libertad de prensa y de expresión.
–Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción de policías y paramilitares sobre manifestantes civiles dejó desde abril al menos 325 muertos, más de 2 mil heridos y más de 500 prisioneros. Por su parte, periodistas independientes afirman que más de 50 comunicadores se han exiliado. ¿Cómo se vive en Nicaragua hoy?
–Solamente en Costa Rica ya hay más de 60 mil nicaragüenses que se vieron obligados a dejar el país. Aquí estamos en riesgo todos: periodistas, sacerdotes, comerciantes, estudiantes universitarios, campesinos, empresarios. Todos los ciudadanos nicaragüenses que simplemente han optado por reivindicar su derecho constitucional a la protesta cívica, están en riesgo. Y la persecución a los periodistas es una muestra muy clara de que la prensa independiente es uno de los principales blancos de la represión.
Lo que ha ocurrido en Nicaragua en estos ocho meses ha sido documentado por las más importantes organizaciones humanitarias internacionales. Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han confirmado que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, tan graves como el genocidio bajo la dinastía de los Somoza (1937-1979). Es difícil comparar, pero Somoza se enfrentó a una insurrección armada, mientras Ortega aplastó una rebelión pacífica y cívica; ha masacrado gente desarmada y eso es muy grave.
–¿Es posible que el presidente Ortega vuelva al diálogo suspendido en julio, o seguirá enfrentado a la oposición?
–Me temo que vamos a ver acciones represivas de mayor alcance y contra otros sectores, incluyendo medios de prensa que aún no han sido atacados ni clausurados. Si bien se han cerrado ya nueve ONG, hay muchas otras amenazadas.
Ortega no va a negociar como lo haría un verdadero estadista, reconociendo la gravedad de la crisis que él ha impuesto. Pero creo que se va a producir un diálogo con o sin él, como resultado del colapso del gobierno. Estoy convencido de que así como hay una tendencia hacia una mayor represión, también hay una esperanza, porque este régimen no es sostenible, la economía está colapsando y se verán nuevas expresiones de ese colapso que afectarán también a las bases de apoyo del régimen. Estos nuevos elementos son los que pueden abrir el camino de una negociación, repito, con o sin Ortega, como resultado de la presión nacional e internacional.
–Se comenta que el gobierno estaría presionando financieramente al Canal 12 que transmite sus dos programas de televisión. ¿Es posible que también éstos queden fuera del aire?
–Este domingo sale al aire Esta Semana con una edición especial que, entre otros temas, rinde homenaje a mi padre, porque el jueves 10 de enero se cumplen 41 años de su asesinato. Considero que recordarlo en estos días representa también invocar un ideario democrático con el que todos los nicaragüenses se identifican, para que Nicaragua vuelva a ser república con justicia social y democracia.
“Yo sigo haciendo periodismo y estaremos al aire en Canal 12, en el sitio web de Confidencial, en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Vamos a trabajar hasta cuando nos sea posible.”
–Hablando de su padre, su hermana Cristiana Chamorro responsabilizó al gobierno por cualquier agresión que usted sufra. ¿Teme correr la misma suerte que él?
–Nosotros hemos decidido priorizar nuestra seguridad. Es decir, queremos seguir haciendo periodismo hasta donde sea posible, sin descuidarla, porque eso es también un sentido de responsabilidad.
“Evidentemente me siento amenazado, tengo miedo como lo tuvo mi padre y no me cansaré de mirarme en una famosa frase que él atribuye a México. Cuando le preguntaron si tenía miedo, él dijo: ‘Sí, pero cada quien es dueño de su propio miedo’.”
–A propósito de México, la gente en Nicaragua recuerda la solidaridad de ese país antes y durante la revolución sandinista de 1979-1990. Esta semana, el gobierno mexicano tomó distancia del Grupo de Lima que presiona por una salida del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aliado de Ortega. ¿Qué espera del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la crisis de Nicaragua?
–Los nicaragüenses esperamos una posición de solidaridad. Pienso que es un gran desafío para el presidente López Obrador responder a esta expectativa, que para los nicaragüenses conecta además con esa memoria histórica de la solidaridad que tuvo el pueblo mexicano y el gobierno del entonces presidente José López Portillo durante el genocidio de Somoza en 1978-1979.
“No se puede obviar que hoy en Nicaragua hay una crisis de derechos humanos igual o más grave que la de 1978 y una dictadura sangrienta, igual o peor que la de Somoza, con el agravante que ya he mencionado: esta dictadura está masacrando a un pueblo desarmado. Aquí no hay una revolución ni una insurrección armada, sino la demanda de un pueblo que está reivindicando una reforma electoral para ir a comicios libres, anticipados y decidir su futuro, de tal manera que la crisis de derechos humanos es inseparable de la crisis democrática.
Sabemos que la posición que adoptó México en el Grupo de Lima revela un cambio frente a la diplomacia del gobierno anterior, pero bueno, está por verse qué posición adoptará la administración de López Obrador en la relación bilateral que establecerá con la dictadura nicaragüense y con el pueblo de mi país.
